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Lydia y la Corte

Publicado por Alberto Begné Guerra en El Universal, el 12 de diciembre de 2007

El reciente y controvertido fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho pone nuevamente en evidencia una terrible característica del sistema político y judicial de nuestro país: la persistencia de la impunidad de las autoridades que, haciendo mal uso del poder público, violentan los derechos fundamentales de las personas.

En cualquier democracia consolidada del mundo, el audio de una conversación tan aberrante, descriptiva y reveladora como la que sostuvieron Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, hubiera sido motivo suficiente para que el funcionario público involucrado dejara su cargo de inmediato, poniendo fin a su carrera política.

En México, sin embargo, y particularmente en este caso, eso no sucedió. Han transcurrido más de dos años desde que Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla para ser encarcelada a raíz de las denuncias presentadas por Nacif en su contra, y de que estos hechos se hicieran del dominio público, demostrándose toda clase de violaciones a los derechos y la dignidad humana de Lydia. A lo largo de este tiempo, el gobernador Marín ha seguido ejerciendo su cargo con total impunidad, y ni el Congreso de Puebla ni el Congreso de la Unión hicieron nada. Read the rest…

Los legisladores: nuestros enemigos

Publicado por Sara Sefchovich, en El Universal, el 10 de diciembre de 2007

En esta semana han circulado dos noticias sumamente preocupantes. La primera de ellas, es el anuncio de las cúpulas empresariales de su pretensión de ampararse frente a la ley que les prohíbe apoyar a candidatos en los medios de comunicación. En lugar de verlo como un esfuerzo por equilibrar lo que solamente se puede comprar con muchos recursos económicos, lo consideran un atentado a la libertad de expresión.

No voy a discutir aquí si eso que dicen tiene o no sustento. Lo que me parece importante destacar, independientemente de que consigan o no su objetivo (y es el caso que el amparo le fue negado al Consejo Coordinador Empresarial por un juez federal) es el hecho de que hagan público su enojo, el cual, en manos de gente tan poderosa, tan rica y tan unida a otros grupos poderosos, resulta peligroso. Read the rest…

Dos mujeres

Publicado por Jean Meyer en El Universal, el 9 de diciembre de 2007

No se trata solamente de dos personas, dos individuos, dos existencias, se trata también de principios fundamentales, de los derechos a la libertad, seguridad, expresión, y de la justicia, de su impartición y de la responsabilidad, frente a las instituciones, a la sociedad y a su conciencia de los que dicen el derecho.

Pero no hay que olvidar nunca que se trata también de personas; la primera se llama Ingrid Betancourt, la segunda se llama Lydia Cacho. Read the rest…

¿Qué tanto es tantito?

Publicado por Marta Lamas en revista Proceso, 9 de diciembre, 2007
Mucho se ha escrito sobre la lamentable resolución de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al caso de Lydia Cacho (recomiendo el artículo de Denise Dresser en Reforma del 3 de diciembre). El repudio general al fallo me ha hecho recordar un señalamiento de Paolo Flores D’Arcais sobre el delicado problema de que la ley sea siempre e inevitablemente sólo interpretación. Este filósofo italiano afirma que el juez hace la ley, en lugar de obedecer a ella, nos guste o no. Por lo tanto, considera que la legalidad sería sólo el nombre del mutable lugar geométrico de todas las sentencias efectivamente pronunciadas. Desde su perspectiva, la legalidad no es lo que está escrito en los códigos, sino el conjunto de las penas efectivamente expiadas. Flores D’Arcais dice que sólo se considera ilegal lo que verdaderamente es sancionado, y pone un ejemplo que nos viene a cuento: de una persecución o de una impunidad jamás podremos decir, a menos que sus autores sean a su vez realmente sancionados, que son jurídicamente injustas. Vista desde esa perspectiva, la resolución por mayoría de la SCJN ha confirmado la legalidad de la violación (”aunque sólo tantito”) a las garantías individuales de una ciudadana por parte de un gobernador.

Esta sentencia ha concitado la unánime indignación moral de la sociedad. Ni un articulista, ni un comentarista de radio o televisión, la ha aplaudido y, al contrario, han supuesto que tras la decisión se perfila una siniestra trama política de presiones y componendas. Esto es, nada menos que la politización de las decisiones jurídicas.

Creada para poner las leyes por delante de los intereses, la SCJN exhibe hoy sus carencias humanas. Pese a que el ministro Silva realizó una rigurosa ponencia, con la cual coincidieron sus homólogos Góngora, Gudiño y Cossío, la mayoría de seis ministros, dos de ellos mujeres (¡dura lección para quienes todavía creen que tener cuerpo de mujer hace una diferencia ideológica o política!), votaron en contra. Hoy la sociedad les reclama la forma equivocada de dirimir injusticias que ya nos resultan insoportables.

Todos los seres humanos son proclives al error. Pero si bien equivocarse es inevitable, hay formas dignas e indignas de hacerlo. Se puede juzgar (y cometer errores) abriendo los ojos y poniéndose en el lugar del ciudadano de a pie, u olvidando las necesidades de la ciudadanía y aceptando presiones. Según cómo se interprete desde la sociedad ese hecho, los ministros serán vistos como seres falibles o como políticos con agenda propia. Esto último, que significa no considerarlos jueces imparciales, es verdaderamente preocupante para todos.

Después de este desolador fallo, con el cual seis ministros enterraron las expectativas que desató la SCJN con su excelente resolución sobre la Ley de Medios, ¿qué podemos esperar? Si desaprovecharon de esa manera la oportunidad para avanzar en el proyecto de renovación de la justicia, ¿podrán enfrentar los desafíos futuros que plantea la pluralidad de nuestra sociedad? Si bien la tarea de la SCJN es hacer respetar nuestro sistema de reglas constitucionales, resulta temible el amplio margen que tiene “la interpretación”: ¿qué tanto es tantito? Si unos policías me detienen y “sólo” me amenazan con violarme, ¿violan mis garantías? ¿Es necesario que me violen físicamente para que exista violación de mis derechos? Que un gobernador decida “darle una lección” a una ciudadana que denuncia a pederastas ¿es apenas “tantito” ilegal?

Aunque se han diversificado las posiciones políticas de la sociedad, todas comparten el rechazo a la impunidad. Un ejercicio riguroso de la justicia socava la impunidad y, al limitar a los poderosos, devuelve a la ciudadanía sus garantías constitucionales. Y una buena impartición de justicia hace más vigorosa la vida ciudadana. Necesitamos una SCJN moderna e independiente del poder político, del económico y del eclesiástico. De otra manera, existe el peligro de que las componendas partidarias, los intereses privados y las creencias religiosas priven sobre la deliberación racional.

La indignación moral que ha desatado este fallo debería prevenir a estos seis ministros sobre los riesgos de interpretar de espaldas a la sociedad. Escuchar a la ciudadanía es un acto de reciprocidad, indispensable para preservar el lazo social. Hoy se sabe que las normas y reglas no son “naturales”, sino parte de un conjunto de significaciones imaginarias, construidas colectivamente, con las cuales se nombra, organiza e interpreta, de manera situada y particular, la realidad. Sí, la ley es una invención colectiva, determinada social e históricamente, que puede ser modificada colectivamente. Pero ¿y su interpretación y aplicación en casos concretos? ¿Con qué parámetros se debe emprender esa tarea cuando el sistema permite a los jueces imponer su visión del significado de la ley sobre la visión de los demás? La tarea distintiva de los jueces es la aplicación de la ley a casos concretos. ¿Puede ser esa tarea impermeable al sentir de la colectividad? El fallo sobre el caso de Lydia Cacho marca un hito ominoso en el dilema de la interpretación, y abre el debate sobre el proceso de selección de los ministros.

Seis de 10 y por separado

Publicado por: Raúl Cremoux, en El Universal, el 7 de diciembre de 2007
Últimamente nos habían dado satisfaccio-nes que merecemos como sociedad. No tenían por qué vaciarnos de esperanza. Pésimamente repartida desde siempre en este país, la justicia es un bien raro, escaso y hasta desconocido para los indígenas, los marginados y las mujeres. Y precisamente, quizá por ser mujer, no fue tan difícil echarle montón hasta en número de seis ministros de la Corte.

Ningún servidor público debería admitir la jerga que telefónicamente sustentó Kamel Nacif con el gobernador Marín de Puebla. Mil veces repetida y otras tantas analizada, era suficiente para dictaminar la abundante podredumbre y la nula condición ética de quien, debiendo servir a los poblanos, descendió para darle un “coscorrón” a una periodista que, acuciosa y con rigor, daba a conocer a un protector de pornografía infantil y su hedionda red. Read the rest…