Publicado por Jaco Zabludovsky, en El Universal, el 24 de diciembre, 2007

Críticas en torno al caso Lydia Cacho podrían buscar equiparar el fallo con la declaración de inconstitucionalidad de la ley Televisa.

Durante un mes esperé algún desmentido al relato que hice en el Bucareli titulado “La función del rey”. Juan Carlos le habló al presidente Fox para defender a la compañía española CAF, descalificada en el concurso para construir el tren suburbano Cuautitlán-Buenavista, y Fox dio órdenes a Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes, que permitieron a CAF ganar lo perdido. La difusión que el artículo tuvo en España generó declaraciones de apoyo a su majestad cuya figura, en una especie de acuerdo tácito, respetan casi todos los medios españoles de información.

Destaca entre los apoyos al rey el editorial del boletín Las Noticias de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Dice en parte “los empresarios españoles… hemos valorado el servicio que lleva prestando nuestra monarquía a las empresas… Su majestad el rey está desarrollando, en defensa de los intereses empresariales, una importante tarea en Iberoamérica, una región que consideramos magnífica para poder invertir y desarrollar empresas”. Impecable. Ya lo habíamos dicho, el rey está en lo suyo y defiende a sus paisanos inversionistas. Eso no viola ninguna ley, pero tal vez no se pueda decir lo mismo de algunos personajes mexicanos.

Sin acusar a priori a nadie, sería conveniente que los señores Fox y Cerisola no esperaran la segunda parte del libro de sus voceros para explicarnos el proceso, seguramente inmaculado, que siguió la licitación para otorgar el contrato de 700 millones de dólares. Tal vez la llamada real sirvió para recordar que el socio minoritario de CAF, con algo así como 20%, era el grupo familiar Sánchez Alcántara, propietario alguna vez de los 8 mil autobuses de la compañía Estrella Blanca, deudor de 600 millones de pesos enviados al Fobaproa. En mayo de 2002, a nombre de Estrella Blanca, donó 50 autobuses a Vamos México. No fueron suficientes. En diciembre del mismo año donó otros 40. En todos los autobuses Estrella Blanca las pantallitas exhibían las obras de Fox y las muestras de caridad de doña Marta. Olvidaba un detalle: ingresó al grupo para ocupar un alto cargo ejecutivo a pesar de sus escasos 20 años, un joven llamado Vicente Fox de la Concha, conocido como Vicentillo, hijo del señor Fox y su primera esposa. Él y los Sánchez Alcántara salieron de la sociedad después de que CAF obtuvo el contrato y pasaron de útiles a incómodos.

Pero de lo que quería yo hablar en realidad es del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Lydia Cacho. En mi programa radiofónico De 1 a 3 del viernes 30 de noviembre dije: “La Suprema Corte ha perdido con este fallo todo lo ganado cuando declaró inconstitucional la nueva ley de radio y televisión”.

Hice una larga entrevista a la ministra Olga Sánchez Cordero: “La Corte no se pronunció sobre pederastas, no protegió a los pederastas. Esto es absolutamente falso, esto no estaba ni siquiera en las discusiones y esto no fue lo que resolvió la Corte, sino la interpretación constitucional del 16 en donde se establece que las comunicaciones obtenidas ilícitamente no pueden ser prueba plena”.

Ha pasado casi un mes y la crítica ha sido unánime. La unanimidad resulta sospechosa si abraza a las extremas derecha e izquierda. Como que algo anda mal cuando se ponen de acuerdo enemigos irreconciliables en otros temas políticos y jurídicos. Busco la causa lógica y me atrevo a aventurar una explicación razonable.

Quienes redactaron la tristemente famosa ley Televisa, sus empleados y testaferros en el Poder Legislativo, sus conductores en medios electrónicos, sus escritores en los impresos, sus intelectuales light que historian a la medida del cliente, cantan todos en el mismo coro. La intención puede ser demostrar que si lo de Lydia es un error garrafal, la declaración de inconstitucionalidad de la ley Televisa también pudo haberlo sido. Esta inducción puede producir dos consecuencias: la primera, abrir grietas en el rechazo popular a la ley Televisa y, segunda, facilitar el trabajo de los escribas que en lo oscurito reglamentan la ley para lograr, en la letra chiquita de los contratos públicos, la inutilidad práctica de la declaración de inconstitucionalidad. Moraleja: muy justo el repudio al fallo sobre Lydia, pero no nos distraigamos mientras los perdedores van por la revancha. En su reglamentación una ley puede fortalecerse o limitar su eficacia. Lo que ahora se discute no es tan llamativo como lo fue la declaración de la Corte en su momento, pero es igualmente importante. Quizá más, porque es una última oportunidad de contribuir a que la democracia mexicana no traicione su razón de ser: emanar de la voluntad popular permitiendo al ciudadano acceder a los medios masivos para hacer escuchar su voz e impedir, al mismo tiempo, que sigan o vuelvan a ser utilizados en la defensa de pequeños grupos privilegiados, cuya avidez de dinero no conoce límites.

Pero mientras unos llevan agua revuelta a su molino, el licenciado Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la SCJN, en su informe anual dijo hace 10 días: “Una justicia moderna —digna del siglo XXI—, comprometida con la democracia constitucional y con el estado de derecho, debe ser firme a las presiones, opiniones y manifestaciones, pues sólo de esa manera se puede garantizar la supremacía de la Constitución”. El mismo día, doña Alicia Pérez Duarte, fiscal especial para la Atención de Delitos contra las Mujeres, emitió su propio fallo: “Me avergüenzo de su actuación… es un atentado a la dignidad… todavía estamos sometidos a poderes de grupos y redes que prevalecen sobre la justicia, que tienen la capacidad de prostituirla”. Y renunció a su cargo.

La protesta terminaría si el presidente Ortiz explicara qué entiende por “una justicia moderna, digna del siglo XXI”, y la diferencia con los enunciados fundamentales y clásicos del derecho romano y de Justiniano. La justicia y el derecho positivo son dos conceptos distintos. Falló el fallo y falla la explicación.

Publicado por Jairo Calixto Albarrán, en Milenio, 23 de diciembre, 2007

Siempre he sentido simpatía por el Atlante, cuando solía ser el equipo de la broza defeña y su mitología bullía en las esquinas oscuras de los viejos barrios. Hoy refrendo mi afecto, sobre todo ahora porque, al igual que el pueblo mexicano, ha padecido los empeños destroyers de un árbitro, Germán Arredondo, que es como el Luis Carlos Ugalde del futbol, que ya los agarró como clientes de su pasión Chiva. Hace tres años hizo hasta lo imposible por echar al Atlante de la liguilla y lo consiguió; hoy repite la dosis marcando un penal que estaba más claro que el embarazo de urnas.

Pero también es culpa de los atlantistas que, en vez de impugnarlo y echarlo a patadas del torneo como pasó con Luis Carlos aplicándole un Cofipe manchado y vengativo, le permitieron que les volviera hacer la perrada.

Pasó lo mismo con el caso Lydia Cacho. En vez de liquidar al góber precioso en caliente, acabadito de que Kamel Nacif le colgara el teléfono luego de dos horas de guarreces que hicieron sonrojar hasta el más pintado de los barbajanes de la Unión Nacional de Vulcanizadores, lo dejaron vivir, le dieron chance de levantarse de la lona y, ya ven, con una pequeña ayuda de sus amigos de la Corte ahora sí es el héroe de esta película, papá.

El argumento maravilloso de nuestros perínclitos magistrados es que por las condiciones en que fueron realizadas las grabaciones telefónicas entre el culto empresario y Mario Marín, el morenazo de fuego es intocable. Y, todavía mejor, como no se cumplieron los planes malévolos que se gestaban en esas bonitas conversaciones sobre Lydia Cacho, pues a los de toga y birrete les queda clarísimo que Mario Plutarco es un santo de toda santidad. Como que se les olvida que si bien no cumplieron todo su compló contra la periodista, no quiere decir que estos ejemplares personajes, herederos de las Poquianchis, en un futuro no tengan pensado darse el gusto.

El padre Maciel debe estar de fiesta.

O sea, que si a los de la SCJN les hubieran enseñado una grabación donde se escucharan los planes de Mohamed Ata y Osama Bin Laden muchos meses antes de la realización de los atentados a las Torres Gemelas, sin duda les hubieran dado trato de ciudadanos ejemplares.

Bueno, la cosa es que ahora hasta hay que irle a ofrecer disculpas a don Mario Marín, mientras las altas instituciones lo premian dándole el único puesto que su alta investidura moral merece: el de Consejero Presidente del IFE de FelIFE.

Por Gustavo Esteva, publicado en La Jornada, el 17 de diciembre, 2007

El escándalo por el fallo de la Suprema Corte es legítimo y pertinente. Hacen bien los ciudadanos en mostrar su descontento ante esta legitimación obscena de la violación de los derechos de Lydia Cacho. La reacción, sin embargo, resulta tardía. La Corte desertó hace mucho tiempo de su función. A pesar de algunas intervenciones afortunadas, entró en liquidación no bien tuvo la oportunidad de convertirse en un auténtico órgano de justicia, tras haber languidecido muchos años como apéndice del Ejecutivo.

El punto de flexión se produjo cuando se lavó las manos ante los cientos de controversias constitucionales que se presentaron a raíz de la vergonzosa contrarreforma indígena que produjo el Congreso, contrariando la propuesta de reforma constitucional concertada en los acuerdos de San Andrés. Esa actuación completó el círculo irresponsable de los tres poderes constituidos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial faltaron a compromisos del Estado mexicano, no de un funcionario, y se negaron a reconocer a los pueblos indios. Nunca una iniciativa de reforma había recibido tanto apoyo. Miles de organizaciones y millones de personas la habían respaldado. No hubo una sola organización que se opusiera a ella. Pero los poderes constituidos desoyeron este clamor nacional para imponer su voluntad excluyente.

El escenario se repite esta semana. Tras el fallo indecente de la Corte vino la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar disposiciones que desgarran la Constitución y contribuyen a desmantelar el estado de derecho. Las dos decisiones tienen en común su desprecio por los derechos humanos y tratados internacionales suscritos por México. Felipe Calderón completó el panorama al presentarse vestido de gendarme, la función que parece preferir. Será el encargado de operar esos ejercicios autoritarios.

Mientras esto ocurría en la ciudad de México, una política muy otra se practicó esta semana en San Cristóbal de Las Casas. Se realizó el primer coloquio internacional in memoriam de Andrés Aubry “… Planeta Tierra: movimientos antisistémicos…”, que hoy concluye con una ceremonia en que se dará conocer un doctorado póstumo para Aubry por su enjundia en la lucha de liberación.

Lo primero que interesa subrayar sobre el coloquio es la circunstancia en que se organiza. El acoso a las comunidades zapatistas, que nunca ha cesado, se ha intensificado claramente en meses recientes. En al menos 45 puntos de la geografía zapatista se padecen agresiones cotidianas, que incluyen el intento de despojo de tierras y que reproducen el esquema que definió el horror de Acteal hace 10 años: la pretensión de esconder bajo supuestos o reales conflictos entre comunidades la agresión del Estado.

El silencio en torno a estos hechos es significativo. Medios y analistas conspiran con las autoridades en la maniobra que persiste, contra toda razón y experiencia, en el inútil afán de dar marcha atrás a la historia y negar una realidad que les resulta cada vez más incómoda.

En medio de esa tensión, el coloquio logró reunir a un elenco impresionante de pensadores, del que ha informado ya puntualmente La Jornada y en el que destacan plumas bien conocidas por sus lectores, como Immanuel Wallerstein, John Berger y Naomi Klein. No son acólitos del zapatismo, pero todos los participantes reconocen que fue el detonador de la mayor parte de los movimientos antisistémicos actuales y que sigue siendo hasta hoy fuente de inspiración. Algunos, como Wallerstein, sostienen que es la iniciativa política más radical del mundo, y quizás la más importante, en el momento actual.

La gran diversidad de los participantes contribuyó a la riqueza del coloquio. Presentaron puntos de vista no sólo distintos, sino contrapuestos, pero coincidieron en su crítica radical de la teoría dominante y en la necesidad de dar forma a otra teoría, que pueda dar cuenta y explicación cabales de realidades que científicos e intelectuales, tanto como autoridades y políticos, se han empeñado en negar. Una firme posición anticapitalista fue común denominador de las intervenciones, aunque se haya interpretado de muy diversas maneras lo que eso significa.

Las intervenciones del subcomandante Marcos, al término de cada sesión, hilvanaron, a veces en contrapunto con las presentaciones de los participantes, los hilos que se han ido tejiendo en la otra campaña, que arrancó hace casi dos años. Se inicia con ellas un nuevo ciclo de debates, que pueden servir de sustento a las iniciativas que en todas partes toma la gente para hacer frente a la guerra abierta y generalizada que se libra contra todas y todos, particularmente contra los rebeldes, los insumisos, los que se siguen afirmando en su dignidad para defender lo propio y resistir la agresión continua del capital y el Estado.

Escrito Por MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA, en Reforma, AM y otros diarios, 16 de diciembre, 2007

Pretendieron silenciarla. Consiguieron el resultado contrario. La denuncia de la periodista Lydia Cacho contra pederastas y pornógrafos, y sus cómplices atildados como corresponde a quienes ejercen respetables funciones administrativas y parlamentarias —por más que sus uniformes de gente decente sean meros disfraces de su verdadero talante— adquirió resonancias que incluyen el informe preparado por una comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preparado a partir de una solicitud de las dos cámaras del Congreso de la Unión. A pesar de que el Tribunal Constitucional se dejara ganar por el formalismo que sirve de excusa para no entrar en la realidad, ha quedado claro que el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres urdió a pedido de Kamel Nacif una maniobra contra la periodista que había denunciado a Jean Succar Kuri y su red delincuencial, expuesta en el libro Los demonios del edén. Si se buscó que ese libro fuera tenido como difamador y calumnioso, hoy su verdad y la buena fue con que fue escrito brilla como el sol de Cancún. No sólo eso. Lydia Cacho ha podido recuperar, en un admirable ejercicio de gallardía e inteligencia, la terrible vivencia del proceso en que estuvo en riesgo de perder la vida y formalmente perdió la libertad, aunque mantuvo siempre consigo su dignidad. Ha escrito sus memorias de una infamia que llega al público acompañado por el DVD de Los demonios del edén, un documental dirigido por Alejandra Islas. En esas memorias Lydia Cacho narra su infausto 16 de diciembre de 2005, un día como hoy de hace dos años.
La frivolidad con que en la Corte se emitieron juicios sobre el suplicio que sufrió entonces y al llegar a Puebla merece como respuesta la severidad de este relato. Dejemos la palabra a la periodista: “Un secuestro legal. Es viernes 16 de diciembre, llueve. Las calles de Cancún son espejos de agua y clima está templado; son las 11:45 a.m. y es mi primer día de trabajo luego de regresar de un viaje de España y Sri Lanka. Salí de una cafetería en la que desayuné con colegas periodistas. Encendí la música y manejé tranquilamente hacia mis oficinas del CIAM. Llamé para avisar que estaría allí en 15 minutos; mi escolta esperaba en la esquina de la institución. A raíz de las amenazas que había sufrido por parte de Succar Kuri, sus cómplices y otros agresores, desde 2003, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Cámara de Diputados solicitaron a la PGR medidas cautelares para mí. Fue la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada de la PGR la que me asignó a tres agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) como escolta para resguardar mi vida desde enero de 2005.

“No detecté que siguieran —acostumbro a revisar el retrovisor—. Había llovido desde temprano y las calles estaban inundadas. Mientras la camioneta Ford gris claro se acercaba a las calles de la Supermanzana 63, rodeada de bares, prostíbulos y pequeñas cervecerías, la lluvia cedió el paso, como sucede en el Caribe, a una mañana luminosa. Un arco iris rasaba el cielo, lo cual noté al detenerme en un semáforo. Pensé en el privilegio de vivir en el trópico, porque el aire puro y la humedad me caían muy bien para sanar las secuelas de la bronquitis. Corrían los últimos días de mi tratamiento de antibióticos.

“Entré a la calle Doce; al estacionar la camioneta y apagar el motor, pasó a mi lado un auto compacto que siguió de largo y entonces bajé de mi vehículo. De pronto un auto color azul plata con placas de Puebla se detuvo cerrando la calle y de inmediato se bajaron tres sujetos morenos, uno de ellos con playera blanca y una sobaquera que mostraba evidentemente una pistola. Otro llevaba en su mano un fólder color rosa y caminaron deprisa hacía mí; miré a mi izquierda: atrás estaba una camioneta Liberty blanca, de la cual busqué las placas: también eran de Puebla. En ese instante pensé que eran sicarios, aunque no sabía de quién; entonces miré a la esquina: un auto rojo bloqueaba la otra esquina de la calle y un hombre parado frente a las oficinas hacía señas a otro. Pensé que dispararían, por lo cual la sangre se me congeló.

“El sujeto que llevaba el fólder gritaba mientras se me acercaba: ‘Lydia Cacho, tranquila, no intente nada, está usted detenida’; dos de ellos llegaron por el frente, pero el otro dio la vuelta a mi camioneta. Aterrada y sin pensarlo, apreté la alarma del auto en el llavero e intenté abrir la puerta del vehículo, pero el hombre que estaba ya a mi lado sacó el arma discretamente y me espetó: ‘No intente nada, no llame a su escolta o va a haber fuegos artificiales’. Saben que tengo escolta, pensé. ‘¿De qué me acusan?, ¿quién me acusa?’, alcancé a repetir, intentando guardar la compostura, pero la única respuesta fue ‘nos la llevamos a la cárcel de Puebla’. Mientras tanto, dos de ellos hablaban apresuradamente al mismo tiempo que me repetía uno de ellos: ‘No oponga resistencia o va a haber fuegos artificiales’, mientras que el otro me amenazaba. ‘y los periodistas se mueren con balas perdidas’. El eco de sus palabras, como un golpe seco, vacío el aire de mi estómago y entonces sentí náuseas. Estaban casi tan nerviosos como yo. El hombre del fólder rosa me lo mostraba insistentemente y lo abría, pero las hojas estaban en blanco. No tuve tiempo de comprender nada, el otro agente sacaba su ‘charola’, pero no me permitía verla para reconocer su nombre. Parecía que estaban haciendo un montaje para que alguien los viera, era una locura. Por mi mente pasaban ideas cruzadas, confusas: ‘Puebla, ¿por qué Puebla?; pensé ¿estamos defendiendo a alguna mujer de Puebla?’; de ser así, no lo sabría, porque el equipo de CIAM trabaja sin parar y yo había estado fuera casi 15 días. La alarma de mi auto seguía ululando y yo sabía que mis compañeras estarían viendo todo por el sistema de vigilancia de cámaras de circuito cerrado que tenemos fuera de las oficinas. Durante años nos hemos capacitado para las emergencias”.

p La carretera del horror

“Hacen una parada en la gasolinera de la esquina y a la derecha se detiene la Liberty blanca. Observo que la maneja un sujeto delgado con bigote y de copiloto va un hombre mayor de cabello canoso que abre la ventana y les da instrucciones. Trae un arma en la sobaquera (todos están ostensiblemente armados); atrás va la mujer rubia que vi cuando me levantaron en mi oficina y a la derecha el Jetta rojo. Comienzo a contar: van dos agentes adelante y tres atrás; cinco, seis… son 10. Volteo a mi espalda y miro una camioneta tipo Suburban verde soldado con vidrios polarizados, pero no puedo ver más que el perfil del conductor. El hombre del Jetta rojo les da instrucciones para salir, derecho a la carretera a Mérida, y les indica que le sigan. Arrancan rápidamente.

“Salimos a toda velocidad hacia la carretera, escoltados por los tres flancos. Los vehículos nos llevan hasta la salida a Mérida. Una vez cerca de la caseta, los agentes del Jetta rojo tocan el claxon y se despiden de los agentes de Puebla. Montaño abre la ventana y agradece amablemente, enseguida la cierra y el conductor se ríe.

“El fólder rosa está entre los asientos delanteros, frente a mí. Le pido que me deje leer de qué se me acusa. Aunque en esta ocasión yo le hablaba en tono suplicante, él me responde gritando: “¡Cállate, no te pongas histérica porque te esposamos!”. Hace esto mostrándome el arma que tiene junto a él, mientras mira por el retrovisor. Entonces guardo silencio.

De pronto caigo en cuenta de que pasaré un viaje de más de 1,500 kilómetros con dos policías armados y otros tres en el auto trasero. Nunca me sentí tan sola, tan vulnerable, tan consciente de que soy mujer. Muchas veces había dicho a las mujeres en situación de violencia doméstica que elaborasen su plan de seguridad; esta vez me tocaba a mí: hacer una lista mental de las cosas que no debo decir, para evitar hacer enojar a mis captores, intentar que por donde pasemos alguien me vea. Debo observar en qué kilómetro nos detenemos (si es que hacen paradas) y guardar la calma.

De pronto pasó por mi mente una pregunta: ¿por qué el Procurador de Quintana Roo me dejó ir si sabe que tengo amenazas de muerte?, y ¿si Ana Patricia dijo que no me llevan por un delito que amerite cárcel? Una veintena de veces he estudiado casos de sicarios con identificación de la Policía Judicial o de la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Cómo saber si éstos no son sicarios de la Judicial? No puedo saberlo, pensé, sólo me queda rogar llegar viva a Puebla. Que mi equipo llame a la gente adecuada, que sepan que si me matan, ese costo puede ser alto. No me queda más que esperar e imaginar que llego viva.

Los agentes comienzan a platicar entre ellos. Ahora Montaño es muy cortés y me explica que su jefe lo mandó a él porque tiene fama de ser amable; a su vez, el que conduce el auto, Pérez, se ríe y dice que por su culpa (de Lydia) ni el mar pudieron ver en Cancún; que llegaron ayer jueves y que por su culpa se van a perder la posada de la Procu. Hablan entre ellos y dicen que ni siquiera pudieron desayunar por andarse arreglando con los agentes de Cancún. El que va conduciendo dice que los traía fregados ‘el señor, el patrón’ (no sé de quién hablan).

‘¿Quién es el patrón?’ me atrevo a preguntar. Sin mirarme, Montaño responde: ‘Pues ¿por qué se anda metiendo en la vida de los jefes?, ¿pa’ qué anda escribiendo sus intimidades?… Tan bonita y tan metiche’.

Pasa un rato en silencio. Al cruzar la caseta, intento que el cobrador me mire, a espaldas del piloto; mi gesto es de angustia; Sin embargo, él me ignora. Pérez intenta pagar, pero el cobrador les dice que no es nada (se trata de ‘una cortesía’). Ellos comentan que qué bien los tratan en Cancún.

Me atrevo a preguntar quiénes son los tres de la Liberty blanca, para qué tantos judiciales para detenerme como si fuera mafiosa. Entonces responde Montaño: ‘Pues ya ve, creímos que iba a haber fuegos artificiales con los AFIS. Ellos (se refiere a los de la Liberty) están aquí para cuidarnos a nosotros, no a usted’.

“Pérez comienza a hablar de los presos por delitos sexuales y cómo les va mal con ellos y luego los violan en las cárceles. Me hacen preguntas como si no supieran quién soy. De pronto Montaño me dice que se metió en internet para saber quién era yo; me hace plática sobre mi programa de TV. Me descubro respondiendo amablemente, intentando establecer un vínculo, haciéndoles saber que mucha gente me conoce y me estará buscando. A ratos me ignoran y se ríen, hacen bromas entre sí, de cómo se les han tratado de dar a la fuga algunos detenidos. Me preguntan constantemente si me gusta el mar, si van a pasar por el mar de noche y si me gusta nadar. Montaño dice que de niño su padre lo llevaba a Veracruz al mar. Me pregunta si mucha gente se ahoga en el mar. Yo les digo que soy buena nadadora. Entonces ellos se ríen y comentan que es bueno, porque a lo mejor al ratito la tiramos al mar’ dice el conductor.

Recuerdo mi pasado, los viajes en el mar, buscando en mi memoria una fortaleza interior que en este instante me es ajena. Comienzan a hablar acerca de mi libro y de pronto escucho, con gran familiaridad, el nombre de Kamel Nacif. ‘¿Quieren saber por qué escribí el libro?’, les pregunto, acercándome hacia adelante en el asiento. Montaño voltea de pronto y me ordena: ‘¡Manos atrás, recargada!’. Pasan unos segundos y pregunta: ‘¿Para qué se metió con Kamel?’ Un escalofrío recorre mi espalda: la familiaridad con que se refieren al protector de Succar Kuri me da indicios de que él podría ser ‘el jefe’ al que llamaron. Empiezo a explicarles de qué se trata mi libro. Les pregunto si tienen hijos o hijas. Montaño responde que sí: dos, y Pérez dice que también. Sin pensarlo, con la boca seca, les pido que se imaginen que mientras ellos vienen aquí, conmigo en el auto, un hombre se acaba de llevar a su hija o hijo pequeño y les está usando para hacer pornografía, violándoles. El piloto me interrumpe y hace una descripción detallada y con obscenidades de cómo asesinaría a ese hombre. Cortaría sus genitales y lo descarnaría vivo para luego matarle. Montaño dice que lo mismo, pero nadie en Puebla se atreve a meterse con ellos; allá, ellos mandan. Intento hablar y me da un acceso de tos; con la falsa sensación de que no me maltratarán, les explico que en verdad estoy enferma. Pérez me pide que me acerque, que me asome; obedezco: ‘Tengo tu medicina aquí… un jarabito, ¿quieres?’ (se toca los genitales y se ríen).

“Regreso a mi respaldo, con las manos a los lados, para descansar los brazos. De vez en vez, Montaño me hace comentarios acerca de cómo debo obedecerles. La orden es que ponga las manos a mi espalda.

Pregunto por qué son policías, intentando narrarles las ignominias de Succar Kuri y sus amigos; me hacen preguntas, luego responden a las mías. Montaño me dice que tiene 20 años trabajando para la Policía Judicial y que su padre también era policía en los tiempos de gloria del ‘Negro’ Durazo. Me doy cuenta de que me mienten. A ratos me explican que durante dos meses me estuvieron buscando y no sabían dónde encontrarme; pero se contradicen pues de pronto afirman que estuve mucho tiempo de viaje, que si no me preocupa que alguien se meta en mi departamento, que está muy bonito.”

Publicado por Federico Reyes Heroles, en Diario de Yucatan, Reforma y otros diarios el Martes 11 de diciembre de 2007

Para ser libre se necesita ser esclavo, esclavo voluntario de la ley, de que la mejor fórmula para la convivencia social son las normas y los pronunciamientos de quienes leen las leyes oficialmente, de los jueces, magistrados y ministros. Parafraseo a Cicerón. Asumir esa esclavitud en ningún momento supone cancelar nuestro derecho a inconformarnos, a rebelarnos dentro de los propios marcos de la ley.

Si una ley nos parece injusta hagamos todo lo necesario para modificarla. Si un pronunciamiento jurisdiccional nos parece injusto acudamos a la próxima instancia y a la que le sigue. Agotemos todos los recursos. Pero si salimos derrotados no olvidemos que los verdaderos demócratas no caen en el denuesto institucional, menos aún en el personal o en los terrenos de la injuria, del insulto.

La semana pasada la Suprema Corte resolvió sobre uno de los asuntos que más han estremecido a la opinión pública en los últimos años. Me refiero a los atropellos, maltratos, vejaciones físicas y tortura psicológica que sufrió la periodista Lydia Cacho. Su caso fue además la llave que nos abrió la puerta a uno de los horrores máximos en los que puede incidir el ser humano: la pederastia.

Lydia Cacho se convirtió así en la punta de lanza de una batalla contra esa infamia protegida por las redes del poder. Para aclararle al lector posiciones debo decir que no conozco a Cacho, sí su obra de denuncia. Tampoco conozco a Marín, ni me interesa. Sí en cambio conozco a varios de los ministros de la Suprema Corte, entre ellos a la ministra Sánchez Cordero, la conozco desde hace muchos años.

Como todos sabemos la Corte resolvió que no había una violación grave de las garantías individuales en tanto que no se podía probar la orquestación por parte del gobernador de las autoridades judiciales locales y de la procuraduría estatal. En el razonamiento fue clave el hecho de que la Corte no puede resolver basándose en pruebas que se obtuvieron ilegalmente, para el caso las grabaciones por todos conocidas.

Lo único que la Corte resolvió es que no se podía acreditar esa orquestación que hubiera podido llevar a la decapitación de dos poderes en el estado de Puebla. No se niega la ilegalidad del traslado ni la existencia de los horrores que vivió Cacho, pero para la Corte no quedó demostrada con pruebas legales la confabulación de los dos poderes. La ministra Sánchez Cordero argumentó en este sentido. El pronunciamiento en ningún momento impide o cancela que Cacho pueda seguir otros caminos para defender su caso y menos aún que la pederastia no sea investigada.

Bastó este impopular pronunciamiento de la Corte para que se desatara una andanada que va desde lo más burdo —la Corte está controlada por Beltrones— al verdadero insulto personal. De pronto la misma Corte que tantas loas se llevó por echar abajo la llamada Ley Televisa es ahora una cueva de cómplices de la pederastia organizada. ¿Por fin? Se desnudó así la fragilidad de nuestras conciencia ciudadana y jurídica.

La Corte no está allí para resolver según la popularidad de los casos en la opinión pública. Si así fuera ¿dónde terminaríamos?, sería el equivalente a la arena romana o a los patíbulos públicos. Espectáculo, no argumentos fue la exigencia. Sin mirar la complejidad de la decisión se desnudó que algunos a habían decidido lo que la Corte debía decidir.

Los denuestos, insultos y demás bajezas contra Sánchez Cordero fueron además particularmente absurdos, producto o de la mala fe o de una brutal ignorancia. Por ejemplo, a la ministra se le exigió que fuera solidaria con su género, es decir, que debía anteponer un criterio “feminista” a la estricta aplicación de la ley. Antes que decir derecho, ella debía ratificar su carácter de mujer.

¿Qué ocurriría si a los ministros varones se les exigiera algo igual? Se le reclamó carencia de “sentimientos maternos” y falta de buen gusto. Y se le acusó por ser “glamorosa” (¿?). Ahora se deberá establecer en los requisitos constitucionales para ser ministro el no ser “glamoroso”. Por favor más seriedad.

Seguramente recibió un telefonazo de Kamel Nacif o de más arriba, se aseveró en lo que es una franca especulación perversa. “… Digan las normas lo que digan, la resolución es una inmoralidad”. Ahora resulta que la moralidad de cada quién es la que debe privar antes que la letra de la ley.

Otra chulada argumentativa es que con esta decisión de la Corte se da una clara señal a favor de la impunidad y sobre todo un espaldarazo a la pederastia. Son demasiadas marometas para poder arribar al prejuicio que ya se lleva. O, peor aún, esto le da indirectamente la razón a AMLO y a muchos otros ciudadanos y agrupaciones, incluidas las guerrillas, en el sentido de que nuestras instituciones presentan un avanzado grado de putrefacción. O sea que la resolución de la Corte justifica, la subversión, el terrorismo, el asesinato para poder arribar a una “auténtica democracia”.

La decisión de la Corte entristece porque muchos deseamos algún castigo a lo que suponemos fue una asquerosa confabulación entre el gobernador y sus “cuates”, la procuraduría y el legislativo estatal. La violación a los derechos humanos básicos, en este caso la detención y traslado en condiciones indebidas de Lydia Cacho, es un duro recordatorio de una realidad cotidiana que atenta contra cualquiera, un recordatorio de la impunidad.

La investigación sobre pederastia es un pendiente nacional. Pero esa tristeza por lo fallido del recurso jurídico no justifica el desfile de perversiones argumentativas que hemos visto. Olvidar la esclavitud necesaria pone en riesgo nuestra libertad.— México, D.F.

Publicado por Alberto Begné Guerra en El Universal, el 12 de diciembre de 2007

El reciente y controvertido fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho pone nuevamente en evidencia una terrible característica del sistema político y judicial de nuestro país: la persistencia de la impunidad de las autoridades que, haciendo mal uso del poder público, violentan los derechos fundamentales de las personas.

En cualquier democracia consolidada del mundo, el audio de una conversación tan aberrante, descriptiva y reveladora como la que sostuvieron Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, hubiera sido motivo suficiente para que el funcionario público involucrado dejara su cargo de inmediato, poniendo fin a su carrera política.

En México, sin embargo, y particularmente en este caso, eso no sucedió. Han transcurrido más de dos años desde que Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla para ser encarcelada a raíz de las denuncias presentadas por Nacif en su contra, y de que estos hechos se hicieran del dominio público, demostrándose toda clase de violaciones a los derechos y la dignidad humana de Lydia. A lo largo de este tiempo, el gobernador Marín ha seguido ejerciendo su cargo con total impunidad, y ni el Congreso de Puebla ni el Congreso de la Unión hicieron nada.

Ante las reducidas posibilidades de encontrar las condiciones necesarias para entablar un proceso judicial justo en Puebla, Lydia Cacho y sus abogados decidieron llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de más de un año de discusiones en torno a si la Corte tenía o no facultades para actuar en este asunto, y de un largo proceso de investigación, el 29 de noviembre pasado resolvió por seis votos contra cuatro —el ministro Fernando Franco González Salas no estuvo presente en la sesión— que la investigación encabezada por el ministro Juan Silva Meza no había demostrado la existencia de violaciones graves a las garantías individuales de Lydia Cacho, en los términos del párrafo segundo del artículo 97 constitucional.

La Corte enfrentaba un caso particularmente significativo. No sólo por los vacíos legales que acompañaron las diferentes etapas del proceso, sino también por la percepción compartida por amplios sectores de la población respecto de la inadmisible actuación de Marín.

En este contexto, es sorprendente que la decisión de la mayoría de los ministros de la Corte esté fundamentada en interpretaciones formalistas, sosteniendo que no fueron violadas las garantías individuales de Cacho (ministros Aguirre Anguiano y Valls Hernández), que no fueron “gravísimas” (ministro Azuela) o que no caían en el supuesto del artículo 97 constitucional (ministras Sánchez Cordero y Luna Ramos, y ministro Ortiz Mayagoitia).

Ante este tipo de resoluciones es inevitable preguntarse qué hace falta para que el criterio de los más altos funcionarios judiciales de nuestro país, responsables de garantizar el orden constitucional, ponga por encima de cualquier otra consideración la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Este era el sentido del proyecto presentado por el ministro Silva Meza, lamentablemente desechado por la mayoría de los ministros. Se trataba de un caso emblemático; uno de esos casos que representan prácticas comunes de abusos de poder y que, precisamente por ello, pueden ser ejemplares en la lucha contra la impunidad. Pero no fue así.

La decisión de la Suprema Corte es preocupante, cuando menos, por tres motivos. En primer lugar, porque sienta un precedente que, lejos de inhibir, puede incentivar aún más los abusos en el ejercicio del poder público, al amparo de la impunidad. En segundo lugar, porque revela que no todos los ministros han asumido plenamente el papel decisivo de la Corte en la consolidación de una democracia en la cual las garantías de legalidad se sitúen en el centro de la relación entre gobernantes y gobernados.

Y en tercer lugar, por la enorme injusticia que esto ha significado para Lydia Cacho, una periodista seria y valiente que se atrevió a documentar y denunciar a mafiosos dedicados o vinculados a un delito tan aberrante como la prostitución infantil. Todos hemos perdido mucho con esta decisión.

Presidente de Alternativa Socialdemócrata

Publicado por Sara Sefchovich, en El Universal, el 10 de diciembre de 2007

En esta semana han circulado dos noticias sumamente preocupantes. La primera de ellas, es el anuncio de las cúpulas empresariales de su pretensión de ampararse frente a la ley que les prohíbe apoyar a candidatos en los medios de comunicación. En lugar de verlo como un esfuerzo por equilibrar lo que solamente se puede comprar con muchos recursos económicos, lo consideran un atentado a la libertad de expresión.

No voy a discutir aquí si eso que dicen tiene o no sustento. Lo que me parece importante destacar, independientemente de que consigan o no su objetivo (y es el caso que el amparo le fue negado al Consejo Coordinador Empresarial por un juez federal) es el hecho de que hagan público su enojo, el cual, en manos de gente tan poderosa, tan rica y tan unida a otros grupos poderosos, resulta peligroso.

La otra noticia es el informe de una importante firma financiera estadounidense en el sentido de que México no solamente se ha quedado rezagado como país atractivo para las inversiones, sino que ha visto en los últimos meses una fuerte salida de capitales (cien millones de dólares). Desde hace varios años nos han venido advirtiendo la situación: “México es la tragedia más grande en Latinoamérica —afirmó el jefe para mercados emergentes del Deutsche Bank— y debería ser hoy la economía con más rápido crecimiento en el mundo, creciendo más rápido que China, sin embargo, ha alcanzado muy modestas tasas de crecimiento”. Por supuesto, esto lo niegan nuestras autoridades, el secretario de Hacienda Agustín Carstens aseguró hace unos meses que somos la economía emergente más exitosa, pero la realidad está allí para desmentirlo.

Lo lamentable es que una y otra vez, desde hace añísimos, estamos en la lista de las economías emergentes y de los países en vías de desarrollo, y no solamente nunca emergemos y nunca nos desarrollamos sino que ya ni siquiera cabemos entre los considerados “brillantes en su desempeño”. Nos hemos quedado detrás de Vietnam, Nigeria, Egipto, Bangladesh (¡Bangladesh! que hace unos años era el ejemplo más patético de que se disponía para hablar de pobreza y que ahora tiene un crecimiento promedio del PIB de 5.4% mientras que el nuestro es de 2.6%).

Durante meses he utilizado este espacio generoso de EL UNIVERSAL para buscar cuáles pueden ser las causas de ese perenne problema nuestro de nunca poder dar el salto y salir aadelante de una santa vez.

La conjunción de estas dos noticias (el enojo de los poderosos empresarios y la fuerte salida de capitales) con otras recientes (como la resolución de la Suprema Corte en contra de Lydia Cacho y los pleitos y reclamos de todos contra todos en la pasarela de aspirantes a consejeros del IFE) hacen darme cuenta de que un gran obstáculo son nuestros legisladores.

Y es que lo que tenemos en las cámaras son personas llenas de prejuicios, de intereses, de ignorancia, de exhibicionismo y de pasiones personales a las que ponen por encima de cualquier consideración.

Cada una de las reformas recientes da fe de esto: no están hechas con conocimientos ni contemplando todos los ángulos ni llegan al fondo de los problemas, no están pensadas mirando al futuro ni atendiendo a las necesidades de la sociedad, sino que están hechas con el estómago, para vengarse del pasado que no les gusta, para atender asuntos puramente coyunturales y para beneficiar a ciertos grupos y personas de manera inmediata. Las leyes que resultan, aunque parezca contradictorio, al mismo tiempo dejan todos los espacios abiertos a la interpretación que se quiera pero se dirigen de manera directa a grupos y hasta a personas.

El resultado de este modo de hacer las cosas es de todos modos el enojo de tirios y troyanos y además, el daño al país. Porque si de por sí la sociedad mexicana está dividida y en estado de fuerte crispación, la manera de legislar de nuestros representantes le mete leña al fuego en lugar de buscar algún acuerdo o apaciguamiento de los ánimos.

Hace algunos años escuché al historiador Friedrich Katz, decir que México se encamina a un destino como el de Rusia: de pobreza y hambre, sin instituciones ni ley, en degradación y decadencia, en el que sólo prosperarán las mafias y la delincuencia. Todo parece indicar que nuestros legisladores están haciendo lo que sea para cumplir la negra profecía. Como ciudadana me atrevo a afirmar que quienes están llevando al país al desastre son los diputados y senadores con sus pleitos y enredos y maneras equivocadas de legislar. El Congreso de la Unión se ha convertido hoy en obstáculo para que el país salga adelante.

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM

Publicado por Jean Meyer en El Universal, el 9 de diciembre de 2007

No se trata solamente de dos personas, dos individuos, dos existencias, se trata también de principios fundamentales, de los derechos a la libertad, seguridad, expresión, y de la justicia, de su impartición y de la responsabilidad, frente a las instituciones, a la sociedad y a su conciencia de los que dicen el derecho.

Pero no hay que olvidar nunca que se trata también de personas; la primera se llama Ingrid Betancourt, la segunda se llama Lydia Cacho.

¡Que fin de semana! Hace ocho días, más o menos, el presidente Putin daba su golpe de Estado “seco”, un dos de diciembre, como en 1851, cuando el presidente de la república francesa, el muy popular Luis-Napoleón, al no poder reelegirse acabó con la república y fundó un Imperio que le costó muy caro a México.

Hace ocho días, más o menos, los presidentes de Bolivia y Ecuador emprendían el mismo camino. Vimos en la pantalla la trágica figura de Ingrid Betancourt, secuestrada desde hace más de cinco años por las siniestras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que algunos persisten en considerar de izquierda.

Y pudimos leer la larga y terrible carta que escribió hace un mes a su madre, a sus hijos, a su difunto padre. El texto completo se encuentra en el sitio de elpais.com y también en lemonde.fr.

“Aquí vivimos muertos. Estoy mal físicamente, no he vuelto a comer, el apetito se me bloqueó, el pelo se me cae en grandes cantidades… la precariedad es la única constante.

En cualquier momento dan la orden de empacar y duerme uno en cualquier hueco, tendido en cualquier sitito, como animal… En esta selva la única respuesta a todo es “no”. No a un libro… en las requisas le quitan a uno lo que más quiere, una carta tuya me la quitaron después de la última prueba de supervivencia en 2003. Los dibujos de Natasha y Stanis (sus sobrinos), las fotos de Mela y Loli (hijos suyos), el escapulario de mi padre…

Cada día me queda menos de mi misma… La vida aquí no es vida, es un desperdicio lúgubre de tiempo. Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre dos palos y con una carpa encima que oficia de techo… Todos estos años han sido terribles, pero no creo que podría seguir aún viva sin el compromiso que nos brindaron a todos los que aquí vivimos muertos”.

En nuestra impotencia no nos queda más que el deber de recordar cada día a Ingrid Betancourt y a los miles de secuestrados por las FARC.

El viernes 30 de noviembre estaba saludando a Jorge Zepeda en el pasillo del hotel Hilton, en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, cuando sonó su celular: le estaban comunicando el infame dictamen de nuestra Suprema Corte de Justicia, mejor dicho porque la institución no tiene la culpa, el infame dictamen de seis ministros de la Corte.

Para estos seis no hay elementos para responsabilizar al gobernador de Puebla, el priísta Mario Marín. La comisión investigadora dirigida por el ministro Juan Silva Meza acumuló más de mil páginas de una documentación que le permitió concluir que, de manera indubitable, el gobernador poblano había violado los derechos de la periodista y escritora Lydia Cacho.

Y ahora resulta para seis ministros, cuatro hombres y dos mujeres, que ¡no hay elementos para responsabilizar a Mario Marín y a su gente de violar garantías constitucionales y derechos de Lydia Cacho! ¡Honor y gloria para los ministros que siguieron a Juan Silva Meza y que se llaman José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo.

Vergüenza para los ministros llamados Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el presidente de la Suprema Corte que soltó una carcajada de alivio y satisfacción (al estilo “¡misión cumplida!) cuando terminó la votación, la señora Olga Sánchez Cordero quién dijo que si bien hubo tortura psicológica de Lydia Cacho, no se puede inferir la participación del gobernador, y el señor Sergio Valls Hernández para quién no existen evidencias plenas de violaciones a las garantías de Lydia Cacho, sólo suposiciones.

En la misma noche, en Puebla, políticos y empresarios festejaron con champagne la victoria de su jefe, socio y amigo, el gobernador por el PRI. Y me acordé de cómo saltaron los corchos de las botellas de champagne, en febrero de 1913, en ciertas casonas cuando se supo la noticia de la muerte del “enano” Madero.

¡Qué hubieran dicho Blas Pascal, él que no perdonó a los jesuitas su casuística, no en su principio, sino en su práctica oportunista y acomodaticia con los intereses de los poderosos y grandes de este mundo! ¡Qué hubiera escrito José Vasconcelos con su pluma flamígera¡ ¡Qué hubiera dicho y escrito Mariano Azuela, el autor del libro inmortal Los de Abajo, el antepasado del ministro que acaba de absolver a Mario Marín! Ese Mariano Azuela, médico de los pobres, incorruptible, intransigente, cristiano sin Iglesia, porque se había alejado de una institución que, al comprometerse demasiado con el mundo, olvidaba al Evangelio y las enseñanzas de su divino maestro.

Y ahora ¿qué va a ser de Lydia Cacho y de sus testigos, esas víctimas de los pederastas, pedófilos y traficantes de carne humana fresca y tierna? ¿Van a tener que pedir asilo en los Estados Unidos o en Francia? El generoso gobernador poblano asegura que no buscará revancha: “como abogado, como gobernador del Estado y como ciudadano, reconozco en la Suprema corte de Justicia de la Nación a un tribunal colegiado, garante del control constitucional y promotor de la vigencia del estado de derecho. Queda demostrado con la experiencia, que le respeto a nuestras instituciones y a las decisiones que de ellas provengan, son la vía para contar con un México de progreso”.

Muchas gracias, señor gobernador, por esa lección de civismo. Me imagino que hubieran dicho él y su abogado Alonso Aguilar Zinder si el fallo le hubiese sido contrario.

Lo más grave es lo que el caso revela: en cualquier país democrático, el gobernador habría renunciado a la hora de escucharse en radio su conversación con quién lo llamó “gober precioso”; de no haberlo hecho, su partido le habría exigido la renuncia; y si no, los electores habrían castigado al partido. Acuérdense de Ingrid y de Lydia. Siempre.

jean.meyer@cide.edu

Profesor investigador del CIDE

Publicado por Marta Lamas en revista Proceso, 9 de diciembre, 2007
Mucho se ha escrito sobre la lamentable resolución de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al caso de Lydia Cacho (recomiendo el artículo de Denise Dresser en Reforma del 3 de diciembre). El repudio general al fallo me ha hecho recordar un señalamiento de Paolo Flores D’Arcais sobre el delicado problema de que la ley sea siempre e inevitablemente sólo interpretación. Este filósofo italiano afirma que el juez hace la ley, en lugar de obedecer a ella, nos guste o no. Por lo tanto, considera que la legalidad sería sólo el nombre del mutable lugar geométrico de todas las sentencias efectivamente pronunciadas. Desde su perspectiva, la legalidad no es lo que está escrito en los códigos, sino el conjunto de las penas efectivamente expiadas. Flores D’Arcais dice que sólo se considera ilegal lo que verdaderamente es sancionado, y pone un ejemplo que nos viene a cuento: de una persecución o de una impunidad jamás podremos decir, a menos que sus autores sean a su vez realmente sancionados, que son jurídicamente injustas. Vista desde esa perspectiva, la resolución por mayoría de la SCJN ha confirmado la legalidad de la violación (“aunque sólo tantito”) a las garantías individuales de una ciudadana por parte de un gobernador.

Esta sentencia ha concitado la unánime indignación moral de la sociedad. Ni un articulista, ni un comentarista de radio o televisión, la ha aplaudido y, al contrario, han supuesto que tras la decisión se perfila una siniestra trama política de presiones y componendas. Esto es, nada menos que la politización de las decisiones jurídicas.

Creada para poner las leyes por delante de los intereses, la SCJN exhibe hoy sus carencias humanas. Pese a que el ministro Silva realizó una rigurosa ponencia, con la cual coincidieron sus homólogos Góngora, Gudiño y Cossío, la mayoría de seis ministros, dos de ellos mujeres (¡dura lección para quienes todavía creen que tener cuerpo de mujer hace una diferencia ideológica o política!), votaron en contra. Hoy la sociedad les reclama la forma equivocada de dirimir injusticias que ya nos resultan insoportables.

Todos los seres humanos son proclives al error. Pero si bien equivocarse es inevitable, hay formas dignas e indignas de hacerlo. Se puede juzgar (y cometer errores) abriendo los ojos y poniéndose en el lugar del ciudadano de a pie, u olvidando las necesidades de la ciudadanía y aceptando presiones. Según cómo se interprete desde la sociedad ese hecho, los ministros serán vistos como seres falibles o como políticos con agenda propia. Esto último, que significa no considerarlos jueces imparciales, es verdaderamente preocupante para todos.

Después de este desolador fallo, con el cual seis ministros enterraron las expectativas que desató la SCJN con su excelente resolución sobre la Ley de Medios, ¿qué podemos esperar? Si desaprovecharon de esa manera la oportunidad para avanzar en el proyecto de renovación de la justicia, ¿podrán enfrentar los desafíos futuros que plantea la pluralidad de nuestra sociedad? Si bien la tarea de la SCJN es hacer respetar nuestro sistema de reglas constitucionales, resulta temible el amplio margen que tiene “la interpretación”: ¿qué tanto es tantito? Si unos policías me detienen y “sólo” me amenazan con violarme, ¿violan mis garantías? ¿Es necesario que me violen físicamente para que exista violación de mis derechos? Que un gobernador decida “darle una lección” a una ciudadana que denuncia a pederastas ¿es apenas “tantito” ilegal?

Aunque se han diversificado las posiciones políticas de la sociedad, todas comparten el rechazo a la impunidad. Un ejercicio riguroso de la justicia socava la impunidad y, al limitar a los poderosos, devuelve a la ciudadanía sus garantías constitucionales. Y una buena impartición de justicia hace más vigorosa la vida ciudadana. Necesitamos una SCJN moderna e independiente del poder político, del económico y del eclesiástico. De otra manera, existe el peligro de que las componendas partidarias, los intereses privados y las creencias religiosas priven sobre la deliberación racional.

La indignación moral que ha desatado este fallo debería prevenir a estos seis ministros sobre los riesgos de interpretar de espaldas a la sociedad. Escuchar a la ciudadanía es un acto de reciprocidad, indispensable para preservar el lazo social. Hoy se sabe que las normas y reglas no son “naturales”, sino parte de un conjunto de significaciones imaginarias, construidas colectivamente, con las cuales se nombra, organiza e interpreta, de manera situada y particular, la realidad. Sí, la ley es una invención colectiva, determinada social e históricamente, que puede ser modificada colectivamente. Pero ¿y su interpretación y aplicación en casos concretos? ¿Con qué parámetros se debe emprender esa tarea cuando el sistema permite a los jueces imponer su visión del significado de la ley sobre la visión de los demás? La tarea distintiva de los jueces es la aplicación de la ley a casos concretos. ¿Puede ser esa tarea impermeable al sentir de la colectividad? El fallo sobre el caso de Lydia Cacho marca un hito ominoso en el dilema de la interpretación, y abre el debate sobre el proceso de selección de los ministros.

Publicado por: Raúl Cremoux, en El Universal, el 7 de diciembre de 2007
Últimamente nos habían dado satisfaccio-nes que merecemos como sociedad. No tenían por qué vaciarnos de esperanza. Pésimamente repartida desde siempre en este país, la justicia es un bien raro, escaso y hasta desconocido para los indígenas, los marginados y las mujeres. Y precisamente, quizá por ser mujer, no fue tan difícil echarle montón hasta en número de seis ministros de la Corte.

Ningún servidor público debería admitir la jerga que telefónicamente sustentó Kamel Nacif con el gobernador Marín de Puebla. Mil veces repetida y otras tantas analizada, era suficiente para dictaminar la abundante podredumbre y la nula condición ética de quien, debiendo servir a los poblanos, descendió para darle un “coscorrón” a una periodista que, acuciosa y con rigor, daba a conocer a un protector de pornografía infantil y su hedionda red.

Su calvario posterior la hizo pasar de acusadora a acusada y, por consiguiente, víctima de las atrocidades que relata en su más reciente libro, Memoria de una infamia. Inexplicablemente atraído hasta la Suprema Corte, ahí donde se dicta la verdad legal, el caso fue ventilado por 10 preclaros entendimientos ejercitados para distinguir entre lo blanco y lo negro; largamente experimentados en saber cuáles son los límites que separan a la virtud del vicio; en suma, seres que por la trascendencia de sus juicios valorativos pueden arrojar sombras o luces sobre la sociedad.

Una vez pronunciados sobre la inocultable bajeza del procedimiento de los poderosos contra una sola mujer, hicieron descender sobre todos nosotros el rayo que atestigua la decadencia moral que reina en los pasillos y las salas de la justicia.

Ahora, y quizá con razón, ese cuerpo colegiado pide que sean vistos y valorados cada uno por su voto y no por su conjunto. Sea de ese modo: entendieron que se violaban gravemente los derechos de Lydia Cacho los señores Juan Silva, José Ramón Cossío, Genaro Góngora y José de Jesús Gudiño.

En la otra orilla, aquella que les impidió mirar lo que vemos los simples y llanos mortales, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre y dos damas, Olga Sánchez y Margarita Luna, se acurrucaron en interpretaciones de las leyes para exonerar a esa bien tejida telaraña en la que participaron jueces, policías judiciales, empresarios y altas autoridades poblanas contra quien había osado denunciar lo verdaderamente importante de todo el caso: el abuso sexual al que someten a niñas y niños. Esto es lo trascendente.

Ni siquiera se ha exigido una amplia, profunda investigación para conocer y castigar lo más podrido contenido en 387 expedientes de abusos contra menores. Y tal número es la punta de una montaña incólume en la que se abastecen los profanadores de la inocencia infantil.

Al alcance de cualquiera que se interese, la página de la Suprema Corte puede revelar los ires y venires de los argumentos ministeriales; la astucia de distinguir entre violaciones menores y mayores; la agudeza del ministro Aguirre para señalar que la tortura se aplica en el país a miles de personas, ¿por qué se queja esa señora?; el reconocimiento de la ministra Luna (¿o es Olga Sánchez?), quien deja ver que los traslados obligatorios y en manos de judiciales de Quinta Roo a Puebla nunca son cómodos.

¿Se puede continuar oyendo, leyendo esos textos que no pueden ocultar la degradación moral y el desinterés ministerial por encontrar la verdad?

Escritor y periodista