La joven de 15 años conoció por Facebook a un supuesto joven que deseaba hacerse su amigo. Luego de un par de meses de ciberamistad, él le propuso que se encontraran en la estación de autobuses. Ella no le dijo a nadie lo que haría; al llegar a la cita, tres sujetos en una camioneta la levantaron y ella logró enviar a su hermano un mensaje de su celular. Éste, a su vez, pidió ayuda a una organización civil que defiende mujeres. La búsqueda desesperada comenzó. Un nuevo mensaje del celular advirtiendo que había tomado carretera hacia Tulum inspiró al hermano a leer el correo y las cuentas de redes sociales de su hermana; localizaron la identidad de uno de los secuestradores.

Las abogadas de la asociación acudieron con el hermano a la Fiscalía para Delitos Sexuales y Trata de Personas de Cancún, a la cual solamente han sido asignados y capacitados dos policías judiciales en el tema de trata para fines de explotación sexual comercial. Unas horas después, la adolescente fue rescatada por la Procuraduría y está de vuelta con su familia.

El Ministerio Público, el policía, la fiscal, la familia de la víctima y las abogadas tienen algo en común: la preocupación de que a pesar de existir una ley contra la trata de personas, de tener detenidos a los hombres que se llevaron a la joven, de contar con un móvil delictivo, no logren detener y desactivar de manera efectiva a esta red de tratantes de adolescentes.

Tienen mucho en su contra: un sistema penal obsoleto, la corrupción de otros miembros de la Procuraduría y el poder de las mafias, la falta de capacitación de ministerios públicos para documentar adecuadamente los delitos, y la falta de conocimiento de la nueva ley por parte de los jueces locales. Sin embargo, esos policías, esa fiscal, ese Ministerio Público y esas abogadas seguirán insistiendo en que éste y otros casos similares se persigan. Lo harán, en sus propias palabras, porque “así se construye el estado de derecho”, porque “salvar la vida e integridad de una persona concreta es lo más importante”; porque “vamos creando cultura de legalidad y capacitándonos para cuando ya esté en efecto la reforma de justicia penal y tengamos un sistema penal acusatorio en lugar de este que es inquisitivo y de probada inoperancia”, “porque debemos demostrar que hay policías no corruptos que van contra la impunidad, sin abuso de poder”.

Después de tantos años como reportera, debo confesar que hace tiempo no me sentía tan inspirada por un grupo tan lleno de convicciones; sin gran presupuesto, con exceso de trabajo y en apariencia con todo en contra, dos policías, una fiscal, una abogada que trabaja sin fines de lucro y un hermano valiente que no se resignó ante el destino trágico, no solamente salvaron una vida, lo hicieron con legalidad y practicando para un futuro posible donde imperen la ley, la seguridad y la justicia. Cada una de las personas involucradas en esta historia afortunada está cambiando al país. Nos recuerdan que nada evoluciona por sí solo, que las transformaciones son procesos a veces lentos y accidentados, pero siempre posibles cuando hay congruencia y honestidad.

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/87663.html

Es un niño, flacucho que se muerde los labios con la ansiedad de quien se ve forzado a explicar su comportamiento frente a periodistas que no se preocupan por cubrir su rostro. A cada pregunta baja la mirada, los hombros caídos, las manos restregándose, mira de reojo a los adultos que le rodean y que sin abogado o tutor presente han decidido hacerle un juicio mediático. Rodeado de soldados armados, este niño no sólo fue arrebatado de su infancia por Jesús Radilla Hernández (a) “El Negro“,nuevo líder del Cártel del Pacífico Sur (CPS, Beltrán Leyva en Morelos); además fue linchado moralmente en un espectáculo mediático. La noticia plagada de exageraciones le dio la vuelta al mundo.

¿Qué nutre más el morbo que exhibir  a este niño sicario para demostrar cuán bajo ha caído la sociedad mexicana? Que una psicóloga experta asegure en la radio que el niño es un psicópata sin haber elaborado peritaje, pero “por lo que muestran los medios” asegura que estos niños “nacen malos”. Qué mejor para nutrir el mito de un México cruel, despiadado, infame y sin cura para su violencia que usar a un niño como emblema.

No se nace malo o bueno, se aprende, o no, a dar connotación moral a nuestras acciones. La violencia se aprende y miles de niños son víctimas y producto de los cárteles, en Brasil, Colombia y México (entre otros).

No nos dijeron que es un niño nacido en los Estados Unidos, maltratado desde que se acuerda, que vivía en un barrio de Morelos con sus hermanas cuyos padres hace rato se desentendieron de su bienestar. Apenas a los doce años fue secuestrado por el líder de sicarios que lo indujo a las drogas y, con una mezcla de afectospaternales y amenazas le enseñó a usar armas. Pequeño, con 45 kilos y brazos flacuchos, fue utilizado para ultimar la vida de cuatro personas previamente torturadas por adultos, según informa uno de los soldados que se negaba a que lo exhibieran. El chico no se ufana, como han querido mostrar los medios, ni es una máquina de matar, como dijeron amarillistas. Es otra víctima de los cárteles, de la violencia intrafamiliar, de la Trata de menores para fines criminales.

¿Por qué matabas? Le pregunta el periodista como si hablara con un asesino profesional. Se muerde los labios, frunce el seño con miedo y responde “Me ordenaba “El Negro“. Sólo me drogaba con mota y no sabía lo que hacía”. ¿Por qué te metiste en esto? Insiste el entrevistador: “No me metí, me jalaron”. ¿Estas arrepentido? “Sí, de haber entrado a esto y de matar”.

Sabemos que un psicópata es incapaz de sentir remordimiento o empatía. Es claro que el niño desarrolló mecanismos de defensa ante la violencia que aprendió a reproducir. Encasillarlo con otros asesinos es injusto y peligroso.

“El Ponchis” debe ser protegido del linchamiento. Usarlo como ejemplo del sicariato infantil es imperdonable. Darle una oportunidad terapéutica y abrir espacios para rescatar a otros chicos en situación similar es lo ético. A estos niños les urgen héroes que no sean violentos, familias alternativas que les protejan, una sociedad que les enseñe que hay otras formas de tener poder lejos de la muerte. Y una prensa más responsable con la infancia.

Oso, pancho, ridículo… póngale usted como guste, lo cierto es que el reconocido panista Jorge Zermeño salió escandalizado a mitad de un evento en España en que se reconocía a dos valientes periodistas mexicanas. La semana pasada el diario El Mundo llevó a cabo la novena entrega de sus Premios de Periodismo Internacional. Las dos valientes y jóvenes mujeres Sandra Rodríguez y Luz Sosa, ambas de El Diario de Ciudad Juárez, fueron galardonadas.

Sentado en la mesa de honor, el embajador de México, portavoz de la diplomacia nacional, se indignó cuando Pedro Jota, el director del periódico, dijo en su discurso de premiación que México es considerado el país democrático en que hoy en día es más peligroso ejercer el periodismo. Zermeño se descompuso de indignación. Pedro Jota no hacía más que citar los estudios llevados a cabo por Reporteros sin Fronteras, la Federación Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas y la UNESCO, entre otras entidades que han documentado los asesinatos, encarcelamientos y persecuciones de periodistas en México.

Zermeño no pudo más, felicitó a las reporteras pero la ira se apoderó de él y salió dejando enmudecido a más de un centenar de invitados en una cena de gala. “¡Eso no es cierto!”. Argumentó indignado e irascible. México no es el país más peligroso del mundo (estaba tan enojado que no entendió que se referían justo a las complejidades que enfrenta el periodismo actual). Las y los comensales le dieron otra lectura a la intempestiva salida de Zermeño: “Se siente aludido, se siente insultado porque es cierto”, ¿por qué tanto escándalo si no es su culpa? Comentaron unos y otras.

No contento con esa noche, al ser entrevistado por colegas de La Jornada un día después, el embajador insistió en negar los hechos en una entrevista que habla por sí sola. Más allá del numerito que dejó azorada a la prensa española, lo que el ex senador Zermeño nos revela es que ni él ni otros representantes del Estado tienen una lectura correcta de la compleja situación que se vive en el país. Recientemente una comitiva de especialistas, encabezada por una reconocida colombiana experta en violencia contra periodistas visitó Los Pinos. Presentaron a Felipe Calderón el resultado de los estudios que demuestran lo que el embajador niega rotundamente: que una buena parte de los ataques a periodistas han sido perpetrados por representantes del Estado: gobernadores, alcaldes, policías y militares. Aunque los narcos y tratantes han hecho lo suyo, lo que se reveló esa noche en Madrid es lo que hay que revisar. De los criminales se puede esperar todo, los riesgos implícitos de investigar a la delincuencia organizada son evidentes para quienes trabajamos en ello; son gajes del oficio. Sin embargo, el reto está en que se federalicen las agresiones contra periodistas, justamente porque estamos inermes ante los ataques de quienes tienen como responsabilidad proteger nuestros derechos y hacer que la ley se cumpla. Se entiende que la impunidad y corrupción son un problema de toda la sociedad, pero hasta Calderón admitió ante la comitiva del CPJ y SIP la magnitud del problema; sería bueno que sus colaboradores estuviesen enterados, especialmente los diplomáticos.

Ayer, Carolina, de 16 años, recibió la noticia de su vida: una familia ha elegido adoptarla. Saldrá del refugio para mujeres víctimas de trata, donde vivió por mucho tiempo, luego de ser rescatada por la FEVIMTRA de una red de prostitución forzada. Desde pequeñita la vendieron. Fue una asociación civil la que la escuchó y acompañó para convertirse en sobreviviente. La colaboración entre la fiscalía y la asociación civil fue la clave. Carolina dice que ella siente como si acabara de nacer; “es bonito importarle a alguien, es bonito que te quieran sin lastimarte”.

Lucha ha sido víctima de atentados y amenazas, pero su familia le dice que siga con su trabajo para construir el estado de derecho en México; su esfuerzo para defender a las mujeres de Chihuahua lo vale. Tal vez por eso la bautizaron “Lucha”: en su nombre lleva la misión como una de las mejores abogadas de México. Hace 10 años soñaba con los juicios orales, y recientemente llevó el primer caso de feminicidio ante un juzgado abierto. Y cuesta, y falta mucho, sí, pero los logros son inmensos, y no lo dice ella, sino las más de 300 mujeres cuyas vidas cambiaron luego de saborear una vida libre de violencia. A pesar de la corrupción, ellas lograron saberse ciudadanas libres; muchas ganaron casos y ahora ayudan a otras.

Samuel tiene 14 años. Durante un año vivió en un refugio con su madre, casi asesinada por su esposo; la balaceó porque se opuso a que él se dedicara al narcomenudeo. El niño llamó a la ambulancia, él pidió respaldo del refugio para mujeres. “En el refugio aprendí que no tengo que ser como mi padre, que hay hombres buenos y honestos, yo voy a ser de esos”, dice al despedirse. Un año de cuidados fue suficiente para salir de la depresión y erradicar la ira. “Yo no sé por qué todas las mamás lastimadas no van a los refugios, aquí nos enseñan que tenemos sentimientos y que nadie debe abusar de nadie”, le dice al juez que concedió la patria potestad a la madre.

Elpidia nació en un rancho y la primera vez que vio a un soldado fue en la frontera. La violaron entre muchos, la rescataron los de la diócesis y terminó en un refugio. De eso hace años, ahora ella es trabajadora social y traductora de lenguas mayas para víctimas de violencia sexual. En sus ojos no hay rastro de rencor; puritita fuerza y esperanza la mueven: “No todos los soldados son violadores, pero a los que sí, deben sacarlos de las Fuerzas Armadas y juzgarlos para que se sepa que las mujeres no somos juguetes de sus guerras”, me asegura con la pasión de las sobrevivientes.

Millones de personas en el mundo dicen no a la violencia contra mujeres y niñas. Desde refugios, albergues, centros de atención. Desde el buen periodismo, desde las artes y las ciencias. No son cifras, son seres humanos cuyas vidas están en juego. Hoy es un buen día para rebelarse contra la violencia, si te interesa: www.dinoalaviolencia.org

Una maestra amenaza a sus estudiantes, otro los insulta, una más entiende que su desnutrición les impide concentrarse y aprehender ideas, otro los inspira y escucha. Entrevisté a un centenar de educadores de escuelas públicas. Hablaron de sus debilidades personales, del monopolio sindical, de la falta de apoyo para ponerlos al día, de instalaciones deplorables, de la pobreza de sus estudiantes; pero también la mayoría considera una misión trabajar en la educación, les gustaría hacerlo mejor y no tienen claro por dónde empezar.

Y ojalá pudieran hacerlo mejor, porque las y los maestros son la clave de la calidad educativa del país. Y justamente ése es el acierto del documental De panzazo: el drama de la educación en México, dirigido por Juan Carlos Rulfo y producido por Carlos Loret; en él, las y los estudiantes documentan su realidad. De cada 100 mexicanos, sólo 60 terminan la secundaria, 14 millones de estudiantes de primaria y secundaria no comprenden lo que leen, y ocho de cada 10 de secundaria no saben multiplicar. El problema no es económico; uno de cada cuatro pesos del presupuesto se va a la educación, pero ¿a qué bolsillos?

Loret entrevista a Elba Esther Gordillo en el documental, y la pone contra la pared al preguntarle por qué no permite que se evalúe a maestras y maestros; ella culpa a la SEP de Lujambio. Aunque se sabe que Calderón amarró las manos del secretario de Educación, poniéndole como subsecretario al yerno de Gordillo. El sindicalismo corporativo necesita la complicidad de un profesorado que se siente protegido por un sistema de lealtades políticas y no de merecimientos. Eso le otorga a la líder una moneda de cambio, el poderío electoral para arrancar más prebendas políticas que ofrecer a sus cuadros y perpetuar su poder. El espaldarazo que antier ofreció públicamente a Peña Nieto, deja claro que acaba de comprar seis años más de longevidad.

Es poco lo que pueden hacer madres y padres para mejorar la educación de sus hijos e hijas: la gran mayoría carece de las herramientas y el tiempo. El 26% de los hogares son monoparentales con mujeres que trabajan 12 horas al día. Treinta millones de parejas trabajan más de ocho horas diarias fuera del hogar. Casi 8 millones de hombres y mujeres de México son analfabetas. El 70% de las mujeres trabajan fuera del hogar y el 80% dedica su “tiempo libre” a tareas domésticas. Aunque la modernidad ha propiciado que las mujeres tengan más estudio y trabajo, la mayoría gana menos que ellos. A los hombres, las empresas no les dan derecho a guarderías ni tiempo para convivencia familiar y tareas domésticas. La desigualdad es un factor decisivo; nos hemos modernizado en unas cosas, pero estructuralmente seguimos culpando a las mujeres por su ausencia en el hogar y como responsables únicas de la educación.

Efectivamente, todo el país es responsable de mejorar la educación: los medios, las familias, el Estado. Mucho se avanzaría con nuevas generaciones capaces de educar bien. Necesitamos mejores guarderías y empresarios que faciliten horarios para posibilitar la labor paterna y materna. Pero la clave sigue siendo la falta de calidad magisterial y la imposibilidad de evaluarles. Gordillo acaba de garantizar seis años más de rezago educativo en México, ahora de la mano de Peña Nieto, ¿lo permitiremos?

Una joven salvadoreña de 19 años asiste al médico antes de salir en un camión de polleros que, le han prometido, la internará legalmente en México para encontrar trabajo como niñera de una familia rica. Solicita al doctor que le inyecte algún tipo de anticonceptivo por si la violan al entrar. Esa es una de las recomendaciones “humanitarias” que los traficantes de personas hacen a las mujeres y niñas internadas ilegalmente.

Ella sabe que no hay más opciones; otras adolescentes en el campamento preguntan qué deben hacer ante un ataque sexual de policías, militares o maleantes en la frontera de Chiapas. Saben que es la cuota, por eso el esposo de una de ellas le propuso que en lugar de que la violen, él puede ofrecerla a los soldados, para ir juntando “una platita” y así se cuidan y ayudan juntos.

Desde Guatemala, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, hombres, mujeres, niños y niñas ahorran trabajando aquí y allá para poder pagar su viaje a un futuro posible. La violencia no les es ajena, en su país la viven, la pobreza les expulsa. Algunos aseguran que resulta mejor ser pobre en México que en su país de origen, porque al menos hay más gente dispuesta a dar trabajo.

Y lo dicen a sabiendas de que pueden ser violadas, asesinadas, que les pueden robar hasta la ropa y los zapatos. Porque su experiencia les demuestra que siempre hay alguien en México que les da de comer, aunque sea tortillas, que les da refugio en un albergue para migrantes, y agua y jabón para bañarse.

En sus tragedias, ellas y ellos, migrantes de Latinoamérica, mantienen viva la esperanza, sueñan con el futuro, se doblan pero no se quiebran, porque detrás han dejado hijos, familiares que les miran como héroes que conquistarán la libertad económica. Es mejor morir en el intento, antes que el hambre te coma las tripas hasta que te preguntas por qué tuviste hijos si les ves consumirse de hambre e ignorancia. Y por eso México es el destino, el futuro posible.

Gael García, nuestro comprometido y estupendo actor y cineasta entrevistó a quienes viven a diario el paso de la muerte, el cruce de la ilusión. Bajo la producción de Sarah Shebbeare y la dirección de Marc Silver y el patrocinio de Amnistía Internacional, las 4 piezas de corto documental nos revelan cómo cada año 20 mil migrantes sufren diferentes formas de secuestro al pisar tierra mexicana. Nueve de cada 10 vienen de Centroamérica y seis de cada 10 mujeres y niñas son violadas al entrar en nuestro país. Los perpetradores son policías, militares, delincuentes comunes o bandas de delincuentes cazainmigrantes.

Al ver los cortos, me quedé con la sensación de que todavía hay mucho por hacer, más allá de la denuncia. La magia de estas piezas es que nos muestran la esperanza humana, la sonrisa de la solidaridad, la fuerza de quienes escapan de la pobreza como de un tsunami. Y los rostros de la solidaridad mexicana, del profesionalismo e integridad de quienes rescatan y acompañan a migrantes para que sepan que son ciudadanos del mundo, aunque los gobiernos no lo reconozcan. Actuar ahora y para largo plazo es la única salida. No es sólo México, el mundo entero enfrenta una crisis migratoria con su doble moral y prejuicios raciales y culturales.

Cuando criticamos las estrategias neoliberales de globalización, dijeron que no entendíamos de economía, ahora que está aquí la pandemia de la xenofobia, la criminalización de la migración por pobreza, el diálogo debe volver. Urge replantear las reglas migratorias de esta “aldea global”. Parece simple pero no lo es: el modelo económico y el migratorio han fracasado.

A las tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado; decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004. Nadie inició esa línea de investigación; pero ahora la DEA descubre la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V, cuyo principal cliente es el gobierno de Puebla y las administraciones priístas de nueve estados. Se sabe que Mario Marín Torres destinó de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres que ya han declarado ante las autoridades.

El diario Acento Veintiuno publicó en octubre información sobre la existencia de la empresa; fuentes oficiales de la agencia norteamericana DEA me han confirmado que esta investigación en efecto es producto de un trabajo de colaboración con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ese mismo diario revela la conversación en que el Diputado poblano Ricardo Urzúa (PRI) explica cómo el entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquin Hendriks, entregó 300 mil dólares al Gober precioso para la empresa aérea. Esta fue creada con recursos públicos y está a nombre del hijo de Marín, quien ahora es investigado porque en una de sus aeronaves viajaba, según DEA y SIEDO, el capo Arturo Beltrán Leyva. Todo fue descubierto porque se detuvo al empresario mexicano Darío López Fernández, por contrabando de dinero en efectivo, en el aeropuerto de Miami, Florida en julio pasado.

Acento Veintiuno reveló en su momento lo que ahora ha sido ratificado: que López Fernández adquirió un Helicóptero Bell matrícula XA-IMS de Maclovio Hernández, ligado a operaciones del narcotráfico. López Fernández y Hernández tenían una sociedad empresarial que usaba las aeronaves KING AIR- matrícula XB-DLS y un Cessna 182 matrícula XB-KWE y la PGR identificó que la aeronave era utilizada por el narcotraficante Beltrán Leyva para escapar de un cerco policíaco en Puebla. Es la misma nave que transportó, en su campaña 2010, al delfín de Marín a la gubernatura, Javier López Zavala (PRI-PVEM).

Mario Marín, que en 2005 protegió a la red de pederastas y tratantes de niñas de Quintana Roo, es propietario de 7 helicópteros Bell 407, con valor de 21 millones de dólares; 2 Bell 206, 2 Augusta de 16 millones de dólares. Además pagó 600 mil dólares por dos aeronaves Cessna 2008 XA-TWT. Un Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon 20 en 350 mil dólares y 4 Lear Jet 45. Un agente de Interpol me asegura que la evidencia es absoluta.

El Presidente Calderón ha solicitado a la sociedad, con razón, que diga lo que sabe sobre la colusión de servidores públicos, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. La denuncia y la investigación ya están aquí. Ocho gobernadores priístas han despilfarrado millones de dólares (del erario público) para favorecer la empresa aeronáutica de Mario Marín que, según la propia autoridad ha sido utilizada, entre otras cosas, para transportar importantes cantidades de dólares en efectivo desde México hasta Texas y Florida. En estas aeronaves cuya empresa ha operado bajo la opacidad de prestanombres ahora revelados, se transportaron menores, dinero sucio, delincuentes y políticos. La pregunta es: ¿habrá castigos ejemplares? O seguirán jugando a la gallina ciega.

Manlio Fabio Beltrones retó al presidente Calderón: que si tiene nombres de narcopolíticos que los diga. El priísta bien sabe que no se puede hacer pública la lista en que se investiga por enriquecimiento inexplicable a más de 140 políticos de diferentes niveles. En ella están desde famosos dinosaurios hasta desconocidos alcaldes. La razón obvia para no hacer pública la lista es que entorpecería las propias pesquisas, y la razón más compleja es que la obsesión de Calderón por vincular todos los delitos con narcotraficantes como autores de todos los males del país, lo deja la mitad de las veces con la boca llena y las manos vacías.

Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de lavado de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos, no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.

El lavado de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos offshore, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.

En los casos de redes de tratantes de personas he documentado la existencia de cuentas bancarias a nombre de familiares de los delincuentes (desde la madre que vive en la pobreza pero es titular de la cuenta, hasta un fondo de ahorro de 30 millones para un bebé de cuatro años). En el famoso caso Succar, el Ministerio Público Federal tenía evidencia de que el tratante de niñas fungía como lavador de dinero de poderosos políticos y empresarios a través de su hotel en Cancún, por ello congelaron más de 20 millones de dólares.

En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de lavado de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos, cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente, hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.

Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.

Los entrenaron en técnicas antisecuestro, les enseñaron a ir con pasamontañas para proteger su identidad, aprendieron estrategias de inteligencia militar para abatir a la delincuencia. Algunos de ellos saben “campanear” líneas telefónicas para hacer escuchas policiacas, otros saben detectar vehículos y personas que transportan drogas, y unos más fueron capacitados en el hackeo para detectar delitos cibernéticos. Ellos son policías municipales, estatales o federales que a lo largo de los últimos cinco años han sido preparados para intentar abatir, como fuera, a la desorbitada delincuencia. Cientos de estos responsables de la seguridad reprobaron los exámenes de control de confianza que incluyen: análisis toxicológicos, sicométricos, polígrafo, de control de confianza, de aptitudes. Es decir, un alto porcentaje consume drogas y se alió a pequeñas o grandes bandas criminales, ya sea al venderles protección o al participar directamente en la comisión de delitos.

Son 572 policías sucios en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Son 600 judiciales expulsados en el Estado de México y otros tantos en Ciudad Juárez, fueron casi 4 mil elementos los despedidos este año por la Policía Federal. En todo el país, durante 2010, diversas policías se han depurado, dando de baja a casi 20 mil agentes con diversos grados de capacitación, todos ellos con manejo y acceso a armas de fuego y con amistades y redes de apoyo dentro de las corporaciones policiacas. Nadie irá tras ellos.

Si bien el Centro Nacional de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una reglamento nuevo y ha implementado un modelo de evaluación policiaca que urgía en México y que resulta útil, queda un cabo suelto que representa un peligro real. La impunidad de la que gozan estos agentes corruptos propicia que el despido de sus corporaciones represente, simplemente, el inicio de una segunda carrera: la delincuencia, pero ahora sin charola.

Efectivamente, se ha creado un padrón en donde se certifican sus huellas digitales y se graba su voz para cotejarla con el banco de audios obtenidos de secuestradores y extorsionadores; eso es un logro importante, sin embargo, varias policías municipales siguen contratándolos en otros estados, a pesar del padrón. Las autoridades saben que cientos de los depurados terminarán en las nóminas de los cárteles o las bandas de secuestradores o tratantes de personas. La pregunta es: ¿por qué no se han creado mecanismos para investigar y juzgar adecuadamente a policías corruptos?, ¿por qué ellos simplemente van a la calle por delitos que llevarían a un ciudadano común a prisión?

Entre tanta tragedia, algunas cosas muy buenas están sucediendo en México. Hace dos años se aprobó la reforma del sistema de justicia penal, para pasar de un sistema inquisitivo (anacrónico, opaco y estructuralmente injusto) a uno acusatorio en que habrá verdadera transparencia, porque cuenta con mecanismos para llevar a cabo juicios abiertos. Llevará más de seis años implementarlo porque se están construyendo salas para juicios orales y el Inacipe está capacitando a miles de personas. Ciertamente, se están abriendo puertas hacia el progreso del sistema penal, hacia la justicia, pero la pregunta es: ¿cómo harán las autoridades para cerrar las ventanas por las que escapa impunemente este brazo traidor del Estado?

Entre el gobierno y Los Zetas nos van a quebrar”, me dijo un empresario turístico de Cancún, refiriéndose a una petición de 500 mil dólares que le exigió el alcalde de Cancún. Les requieren “donativos para proteger la ciudad”. Greg Sánchez, ex alcalde preso, dejó el municipio quebrado y su suplente acompaña la petición de dinero con amenazas de multa y el colapso de servicios públicos. Para el empresariado, cada vez más desgastado entre las prácticas corruptas e ilegales de los políticos y las extorsiones de supuestos zetas, la situación resulta enloquecedora. Pero, ¿en realidad son zetas?

Carlos Resa Néstares, experto en delincuencia organizada y del fenómeno zeta, aseguró que antes del año 2000 los cárteles mexicanos se dedicaban sólo al narcotráfico y eran los policías quienes tenían el monopolio de la protección mafiosa. Fueron Los Zetas (ex militares entrenados por la CIA en inteligencia y contrainsurgencia) quienes rompieron la estructura y arrebataron a los cuerpos policiacos ese poder monopólico para el manejo empresarial de la violencia y la compraventa de protección e impunidad en el sistema de justicia. Según el académico, desde el año 2003 Los Zetas dieron un salto nunca antes visto y se convirtieron en verdaderos mafiosos. Ejerciendo su actividad desde la esfera exclusivamente privada, venden protección y muerte. “La transformación de los narcos de las favelas de Río de Janeiro en mafiosos y la dinámica general de la Colombia post-Pablo Escobar son los referentes más cercanos del peligro de esta conversión”, asegura Resa.

Los Zetas se unieron hace más de una década a Osiel Cárdenas Guillén, para luego independizarse, pero no son grandes narcotraficantes. El narcomenudeo es uno de sus tantos negocios; en realidad, son mafiosos expertos en la extorsión, contrabando y recaudación, que invierten su dinero sucio en prostíbulos de redes de explotación sexual, casinos y empresas transportistas. En los últimos tres años han monopolizado el manejo de tráfico de indocumentados desde la frontera sur de México hasta Tamaulipas. Como toda mafia estructurada, sus líderes precisan comprar policías, así como soldados del Ejército y la Marina, pero sus operadores locales son jóvenes entrenados por kaibiles guatemaltecos.

Recientemente, empresarios de Playa del Carmen, desesperados por las extorsiones, filmaron a varios cobradores. Resulta que son ex policías municipales que fueron despedidos por actos de corrupción, pero no se les sometió a proceso penal. Las autoridades locales han dicho que resulta imposible saber si quienes les exigen cuotas de 150 mil pesos para operar “sin violencia” son zetas o ex policías que están retomando las plazas que durante décadas fueron suyas, para vender protección. Estos son los cabos sueltos de los despidos masivos o purgas policiacas y, en este momento, no hay mayor impunidad para un extorsionador que anunciarse como zeta. Como los alcaldes y gobernadores abdicaron a su tarea de proteger a la ciudadanía, ya nadie sabe si son lo mismo, pero más barato, o sea, simi-zetas.