Plan b*

A Paulina, mi sobrina. Por recordarme que el diálogo comienza en la infancia.

Lydia Cacho

Todo parece indicar que ninguna campaña oficial de prevención de adicciones y de violencia del narcotráfico funcionará. Y hay razones para ello. Entre decapitados, elecciones sucias y la nota roja, en México hemos dejado de mirar lo importante. Los discursos moralinos, patrióticos y educativos no funcionan ya ni con las personas adultas, ni adolescentes. Tampoco con las niñas y niños.

La ISCI (International Society for Child Indicators) nos ha enseñado que los estudios sobre la infancia en América Latina son obsoletos, ni la academia ni los medios hemos sabido consignar cómo se vive en realidad la infancia en México y qué impacto tienen esas vivencias para la vida adulta. Es decir, cómo llegamos a convertirnos en un país con altos índices de corrupción individual y social, con los primeros lugares entre países con mayor abuso sexual y pornografía infantil, muerte por malos tratos en la infancia y embarazo adolescente no deseado ¿Por qué ejercemos o nos sometemos a tanta violencia?

La ISCI propone estudiar a los niños y niñas como expertos de sus propias vidas. Sólo así podremos entender qué sucede en la mente de millones de niñas que creen a los trece años que ser prostituta y salir desnuda en las revistas porno es un acto de libertad,  o de las y los menores de quince años que viven las adicciones y la violencia como algo normal. Qué hay detrás de un narcomenudista de 12 años y en la mente de un niños de ocho años cuya madre le tortura psicológica y físicamente en la cárcel de su hogar.  Nos urge conocer cuáles son los conceptos  que la infancia mexicana tiene sobre su seguridad personal, autoestima, violencia, paz, buena alimentación, integridad física, sexualidad, erotismo, poder y amor. No hacer esta radiografía es tanto como no preveer el futuro.

Ante la ineptitud y desinterés de casi todos los legisladores del país, el gobierno federal destruyó la interacción con la sociedad civil que durante décadas se ha dedicado a rescatar, atender y evaluar a la infancia y adolescencia en México. La actual administración federal desarticuló los logros anteriores, y estamos de vuelta en las burocracias estilo priísta: ineficientes, lentas y discriminadoras por razones ideológicas. La modernización del DIF se quedó en demagogia, y de no ser por la Red por los derechos de la Infancia y sus organizaciones civiles no sabríamos  sobre esa infancia que muy pronto conducirá a este país: desde la política y las empresas hasta el hogar o la delincuencia.

Hoy, mientras escribo este breve texto, dos menores de catorce años han muerto por violencia en México y esa cifra se mantendrá diariamente, todo el año. El 56% de las adolescentes entre 15 y 19 años vivirán violencia en el noviazgo. Setenta y tres millones de niñas y niños en el mundo tendrán relaciones sexuales forzadas por chicos de su edad y  150 millones, de esa misma edad serán víctimas de tocamientos sexuales no deseados. Mientras las políticas de educación sexual y reproductiva no llegan ni a la infancia ni a quien la educa.

Mientras los medios especulan  sobre el 2012, 5 de cada 100 mujeres entre 15 y 17 años quedará embarazada y el 70% será por violación. Seis de cada diez adolescentes no estudiarán secundaria por falta de planteles en todo el país.

Podríamos asegurarnos, además de hacer un diagnóstico adecuado, de que en nuestra comunidad haya una organización que proteja a la infancia y ayudar a que subsista económicamente. Exigir al DIF rendición de cuentas, a l@ diputad@s políticas efectivas contra la pobreza y la marginación de la infancia. Hablar y  posicionarse cotidianamente contra la violencia hacia la infancia generará cambios en su entorno. Pregúntele a los niños y niñas de su comunidad qué país imaginan; ellos y ellas le van a decir la verdad. Muy probablemente no nos gusten sus respuestas, pero indudablemente son más honestas que las que nos dan las personas adultas. Pero sobre todo las voces de niñas y niños serán la clave para la tarea que nos toca aquí y ahora, antes de que el futuro nos alcance sin reivindicar su derecho a otra oportunidad para reinventar otra forma de ser personas, como diría la poeta Rosario Castellanos.

(*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC,  El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso del poder, o el Plan A, no cubrirá)

Plan b*                                           *(Columna publicada en El Universal y otros diarios de México)

Lydia Cacho

El único gobernador de la historia de México que ha sido juzgado por vínculos con el narco es Mario Villanueva, el priísta extraditado ayer a los Estados Unidos. Curiosamente quien tuvo la valentía para arrestarlo fue el presidente Ernesto Zedillo, quien antepuso la evidencia aportada por la DEA y SIEDO a la consabida colusión partidista que se estila en nuestro país. Este es un hecho histórico.

En aquél entonces las y los Quintanaroenses vimos el dramático aumento en circulación de cocaína colombiana para mercados locales y el trasiego a los Estados Unidos por el aeropuerto de Cancún y vía marítima por el Golfo. Villanueva recibía, según las autoridades, medio millón de dólares  por cada cargamento propiedad de El señor de los Cielos, Amado Carrillo, por ello el ex gobernador protegió y fortaleció al Cártel de Juárez durante su mandato (1993 y 1997). Hay un sinfín de evidencias y testimonios sobre los narcoranchos y los servidores públicos  que se aliaron para lograr introducir, según la DEA, cientos de toneladas de droga. Gracias a ello Villanueva logró lavar 100 millones de dólares.

Su familia lo sabía todo, pero favorecida por el enriquecimiento ilícito, usual entre políticos corruptos, lo apoya incondicionalmente. Lo sorprendente es que sus fechorías le convirtieron en héroe, creando un movimiento social que lo avala y que ha normalizado que un gobernador sea aliado de los cárteles mientras beneficie a sus huestes.  Respaldado por este movimiento, el hijo de Mario Villanueva ha logrado imponer su poder en Quintana Roo y el PRI se vio “obligado” a darle la candidatura para la alcaldía de Othon P.Blanco (Chetumal). Pretende  más tarde convertirse en gobernador y reivindicar la política de su padre. Miles de personas que se beneficiaron de la corrupción de Villanueva y  de la entrada del narco en el estado, defienden al ex mandatario como a un mártir, casi con devoción. Algunos argumentan que es inocente, pero la mayoría, en un discurso totalmente amoral, insiste en que fue un buen gobernador y que “ayudó” a mucha gente (como si mezclar dinero público e ilícito fuera insustancial). Ahora las huestes del PRI villanuevista se fortalecen y con ellas se advierte la decadencia total de la capital estado.

El fenómeno Villanueva es ejemplar porque muestra claramente que el reto de toda la sociedad mexicana consiste en reconstruir y fortalecer la ética pública desde lo individual;  de no ser así las próximas generaciones crecerán con una visión absolutamente cínica del mundo. Tal como sucedió con Berlusconi en Italia. Cuando le reeligieron sabían de sus vínculos mafiosos, de la corrupción de Estado, y sin embargo le dieron más poder. Hay quien dice que quienes votaron por Berlusconi no solamente se rindieron ante la mafiopolítica italiana; también asimilaron los principios corruptos del  líder y coinciden con la cultura del “quien no transa no avanza”. ¿Qué sucederá con México si nos rendimos ante la corrupción total como forma de vida?

Quintana Roo da el ejemplo de cómo la sociedad, o una buena parte de ella, se hace cómplice abierta de la narcopolítica. En contraste, Juan Pablo, el hijo del capo Pablo Escobar, en su documental Los pecados de mi padre hace una revisión ética y emocional sobre el impacto del crimen organizado y sobre el daño que el narcotráfico y los cárteles hacen a la sociedad. Algunos aprenden la lección, otros simplemente viven de ella.

Plan b

Lydia Cacho

Los altos jerarcas de la Iglesia Católica y el gobierno de Veracruz, acompañados de una sospechosa ayuda del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dejarán en libertad al líder de una red de pornografía infantil que fue arrestado luego de una impresionante y exitosa investigación de la policía cibernética.

Utilizando el alias “lobo siberiano” el sacerdote católico Rafael Muñiz López   almacenaba y reenviaba pornografía infantil desde su computadora portátil en la parroquia de San Pedro Apóstol en Veracruz. La red de pornografía infantil estaba compuesta por otros cinco sujetos que fueron arrestados. Operaban en el Distrito Federal, en Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Veracruz y Yucatán. Se demostró que el cura enviaba el material a ciberpederastas en Estados Unidos, Rusia, España, Chile y Colombia. El 9 de junio de 2009 se ejercitó acción penal contra el sacerdote por los delitos pornografía infantil agravada (se agrava el delito por ser ministro de culto) y delincuencia organizada, al considerar que formaba parte de una red organizada de pedófilos. El 22 de junio del 2009 se dictó Auto de Formal Prisión al párroco, pero fue una farsa del Juez Paul Martin.

Los abogados de la diócesis lograron que el juez Martin diera un amparo al sacerdote, porque no se acreditó la distribución de la pornografía como delito “contra la moral pública” ya que el sacerdote compartía la pornografía infantil  sólo “con un círculo cerrado de personas”.

El Obispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios (quien defendió también al párroco Jesús Sandoval González, sentenciado por violar a niños de la casa hogar Manuel Pío López) logró incidir en el gobierno de Veracruz para evitar que la Procuraduría local siguiera las investigaciones. La semana pasada el juez tuvo la opción de aceptar el recurso de revisión solicitado por los Ministerios públicos pero, muy convenientemente para el sacerdote, se negó. No es una casualidad, en Veracruz las leyes sobre pornografía infantil no protegen a la infancia y sí a las redes de ciberpederastas, al igual que otros estados. Así, el Juez ordenó que al párroco se le juzgue en Veracruz, donde se le dejará libre para seguir gozando de pornografía de niñas y niños de 0 a 17 años, mientras no atente contra la “moral pública”, o sea mientras lo haga “en lo oscurito”.

La impunidad en México no es abstracta, tiene nombres y apellidos. En este caso encontramos que los cómplices concretos son los jueces, quienes ignoran las leyes de la mano de los líderes del clero, capaces de ejercer todo el poder político y dinero para liberar a sus pedófilos. No es culpa de la Iglesia que algunos de sus miembros cometan delitos de diversa índole, particularmente la pedarastia, pero ciertamente los que están libres de culpa  podrían hacer algo más para prevenirla y evitarla. Lo que es inexplicable es la protección cómplice que otorga a este tipo de criminales, pese a que sus delitos atentan contra todo aquello que defiende la doctrina cristiana. Curas y jueces constituyen una alianza infame que prohija la impunidad y, por ende, la repetición de crímenes contra la infancia. El país se horroriza y exige, las y los legisladores aprueban leyes, las policías se capacitan e investigan, llegan los jueces y de un plumazo destruyen los esfuerzos colectivos por restablecer un Estado de Derecho ¿Hasta cuándo? LA PROPUESTA: En cada estado de la República una persona busca a dos o tres abogad@s y revisan su ley, convocan por twitter, facebook sms y radio a tres mil personas, se dirigen a su congreso de diputados local y exigen pase la ley. Cada vez que un juez libere a un pedófilo o tratante de menores arrestado con evidencias, nosotros evidenciamos el nombre del juez, lo denunciamos hasta que aprendan que no pueden contra millones de mexicanos y mexicanas de convicciones firmes. Vamos a cambiar a México, vamos a hacer justicia.

Plan b*

Lydia Cacho

Gregorio “Greg” Sánchez lleva casi tres años gobernando Cancún, al mismo tiempo que ejerce como pastor cristiano y utiliza a su iglesia para fines políticos. Ahora resulta que además era rehén de intereses oscuros que le habrían prestado diez millones de dólares “extras” para su campaña; recursos sin los cuales, dijo su equipo, no hubiera sido posible ganar el voto popular. Hasta aquí dos problemas: la violación a la Constitución y al Estado laico y la violación de las leyes electorales por utilizar recursos extraordinarios no reportados al Instituto Electoral. Pero hay otro más preocupante: ¿qué tipo de obligaciones políticas y tráfico de influencias existen detrás de ese préstamo? ¿Para quién gobierna, para la ciudadanía que votó por él o para “el inversionista” que financió su llegada a la alcaldía?

Va la radiografía: primero Greg compra su candidatura al CEN del PRD, se asocia con Jesús Ortega y paralelamente lo apadrina la familia Joaquín, patriarcas del priísmo quintanarroense. Una vez evidenciado por el diario Reforma con pruebas judiciales publicadas, Greg es defendido públicamente por Hernán Cordero, líder de la Coparmex quien responde que como no se ataca al gobernador él no va a opinar sobre el alcalde. Le sigue Víctor Loaeza, presidente de la Canaco quien dice: “El señor presidente municipal me merece todo el respeto por su jerarquía (…) tenemos la obligación de soportar hasta el último día las acciones de su mandato sean positivas o negativas”. Para no dejarles solos en la complicidad Cristina Alcayaga, cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, ex legisladora priísta, asegura que este asunto es privado y compete sólo al alcalde resolverlo jurídicamente.

Ya sea por cobardía, por ineptitud, por limitaciones intelectuales, por abulia, por egoísmo, por corrupción, o todos los anteriores, los empresarios y los actores de poder son cómplices pasivos de esta corrupción.

Todos parecerían dar por sentado que un funcionario se debe a quien le pagó su campaña. A nadie parece importarle que un alcalde pudiera operar bajo pedido. Sólo porque rompieron su “acuerdo” pudimos enterarnos de que la alcaldía ya había sido comprada de antemano.

Afortunadamente las y los empresarios de México no son todos corruptos; el problema es que en su mayoría abdican de su responsabilidad social, y al hacerlo se ponen la soga al cuello; al guardar silencio o someterse ante los funcionarios públicos, debilitan el tejido social, debilitan la economía y fortalecen a gobernantes dispuestos a contribuir al derrumbe de un país como México, pleno de recursos humanos, naturales y materiales. Cancún podría ser el ejemplo de la Nación, pero es la caja chica de un puñado de sátrapas, de un empresariado débil,  y enmedio una sociedad que también subestima su poder y capacidad de transformación.

*Columna publicada en diario el Universal y otros periódicos de México.