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PLAN B/ LA CORRUPCIÓN COMO VALOR

Lydia Cacho
Un importante miembro del Consejo Coordinador Empresarial sale de dar una conferencia sobre Valores y honestidad para el éxito empresarial. Habló sobre la gravedad de robar señales de cablevisión o comprar películas piratas. Va manejando y da una vuelta prohibida, la patrulla lo detiene, amerita una multa y restarle puntos a su licencia. El empresario se arregla con el policía con mil 500 pesos. Es mucho dinero, pero tiene prisa. Una joven de 15 años, hija del rabino más connotado del Distrito Federal, teme perder su beca en una escuela privada y compra su examen final por 20 mil pesos en efectivo. Un conductor de noticiero radiofónico sale de la estación luego de fustigar la corrupción política. No trae placas desde que compró su camioneta hace seis meses. Pero su chofer le consigue permisos en Tránsito usando la fama del jefe. Cerró la fecha de inscripción de la Universidad Pública y 230 estudiantes quedaron fuera por falta de espacio, un Secretario de estado llama al Rector y le insiste en que tres jóvenes de calificaciones mediocres deben entrar porque son hijos de sus compadres. La conversación va de la extorsión a la amenaza; el Rector cede y deja fuera a tres estudiantes que habían  ganado legítimamente su derecho a estudiar. Un obispo da misa, al terminar se encuentra con un representante del Cartel del Golfo y le confiesa en privado. A cambio, una narco limosna en efectivo de 300 mil dólares. Se persigna con ella y le dice al narco “Que Dios te cuide, hijo mío”.
Todos los días la gran mayoría de los casi 60 millones de personas adultas Mexicanas buscan justificaciones para violar las leyes. ¿Por qué?
 Octavio Paz explica en un ensayo las raíces de la cultura de la corrupción. En el período colonial las leyes fueron diseñadas desde España, basándose en el sistema de vida español, trazadas por gente que nada conocía de los usos y costumbres mexicanos, ni del clima y la vida cotidiana. En algún momento hubo 200 mil ordenanzas que regían la vida de la Nueva España (México) hasta los últimos detalles, pero cuya aplicación real habría hecho la vida imposible. Durante trescientos años los habitantes de este lado del Atlántico crearon una cultura de negociación fraudulenta cotidiana. Cada día, sobre cada ordenanza de la corona española, alguien creó atajos para incumplir leyes absurdas y arbitrarias.
 Para toda la población las leyes eran legales pero no legítimas. No gozaban de consenso y respeto de la gente. Durante tres siglos nuestros antepasados aprendieron a desconfiar de leyes impuestas por conquistadores. Leyes en esencia racistas, sexistas, producto de un doble discurso. Durante tres siglos se cultivaron valores fincados en estrategias para quebrantar leyes, para negociar su incumplimiento sin castigo. La corrupción en México es un valor cultural añejo. Un valor que cotidianamente alimentan ricos y pobres, políticos y narcotraficantes. Policías y ladrones, burócratas y empresarios.

 Lo cierto es que todos los días quienes moralizan sobre corrupción, la ejercitan. Corrupción significa descomposición. Descompuesto está nuestro sistema de justicia, porque no se aplican las leyes sino la interpretación para quebrantarlas. La cultura se transforma en la medida en que la sociedad descubre, acepta y favorece el cambio de sus costumbres, e implementa nuevos sistemas de principios y valores. Es un asunto de congruencia individual y colectiva. Aunque efectivamente la maquinaria política se fortalece y nutre diariamente con actos de corrupción, y aunque es bien cierto que el poder judicial es inoperante por su alto grado de descomposición, no podemos seguir hablando de los problemas de nuestro país basándonos en “lo que hacen los otros”; nos urge una mirada hacia adentro, una autocrítica urgente nos espera ¿podremos transformar nuestra cultura? Ustedes dicen…  

¿¡Ya basta! señor Presidente?

Columna publicada los lunes en El universal y otros diarios de México
PLAN B
Lydia Cacho
Felipe Calderón tiene miedo. Pero no es el mismo miedo que tenemos 104 millones de mexicanos y mexicanas que sabemos que de cien delincuentes que nos ataquen solamente dos irán a prisión. No es el miedo de los empresarios que saben que su cabeza tiene precio para los secuestradores. Ni el de las y los periodistas que reciben granadas en sus redacciones, o cabezas y cuerpos mutilados a la puerta de sus diarios. No es el mismo miedo de los familiares de las y los reporteros secuestrados, torturadas, desaparecidos.
El presidente tiene el miedo de quien cree que tiene el control de la situación y la realidad le abofetea en el rostro para recordarle que se equivoca. El asesinato de Edgar Millán desató su ira y  el “¡Ya basta!” (aunque unos días más tarde nos aseguraron que vamos ganando al guerra. ¿Acaso Mouriño confunde la realidad con el score de su X-Box?).
Junto con su “Ya Basta”, el presidente expresó sus reclamos a la prensa, a las y  los ciudadanos: “Es una exigencia sin excepción. A los ciudadanos para no ser cómplices de la ilegalidad, para denunciar los delitos, para avisar a las autoridades de los delitos, de las operaciones criminales. Para no solapar la existencia, ni en el barrio, ni en la ciudad (…) ni en la cámara empresarial de las organizaciones criminales”.
Esta retórica de corresponsabilidad valdría en un país en que el gobierno reconoce a las sociedad como interlocutora. Pero el gobierno de Calderón tendría que ser capaz de darle garantías y seguridad a las y los que siguiendo su “exigencia” arriesguen su integridad y la de sus familias. Pero algo no cuadra en este grito de guerra presidencial. Las y los periodistas que hacen justo lo que Calderón pide, son sometidos a juicios interminables como el que enfrenta Miguel Ángel Granados Chapa, o están muertos como Jesús Blancornelas y 30 más; o viven bajo amenazas como cientos de colegas. No es válida cuando el gobierno despolitiza y desprecia los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son una súplica moral, sino una exigencia legal para evitar (entre otras cosas) los abusos del poder en todos los ámbitos sociales. No se puede exigir a la sociedad que se sume a la guerra,  mientras al ejército y la policía tienen carta blanca para violar derechos y arroparse entre el patriotismo y la corrupción.
Yo le pregunto al Presidente. ¿Es una guerra contra las drogas o contra los poderes del Narco? ¿En quién sugiere el Presidente que creamos? ¿Que denunciemos ante la policía infiltrada que vendió a Millán? ¿Acaso no tienen SIEDO y la Secretaría de Hacienda instrumentos para investigar la economía criminal en las cámaras empresariales? ¿Propone el Señor presidente que la gente común vaya a la policía local a denunciar las narcotiendas que los polis protegen?  ¿Llama a la sociedad solapadora cuando en el Congreso están los priístas que generaron y alimentan un sistema sin Estado de Derecho,mismo que fortaleció  al Crimen Organizado? ¿Por qué la policía federal y el ejército no persiguen a los sacerdotes y obispos que reciben narcolimosnas? ¿cuántos de los narco-procuradores  que son investigados por SIEDO están el prisión? ¿Quién solapa a los gobernadores  y alcaldes asociados con el crimen organizado?  ¿Quién se toma la foto a su lado?     www.lydiacacho.net

ULISES RUIZ: PROTECTOR DE PEDERASTAS

Por Lydia Cacho

Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.

A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.

Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.

Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.

El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.

Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.

Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.

Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.

Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: “Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor”. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?

¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.

El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.

Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden protegidos por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.

Hay que recordar el informe “Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México”. En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.

El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil “casera” como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.

El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en “casos individuales” de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.

Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado.

A RE-AWAKENING IN MAPUTO

A first prize in the 2007 Akintola Fatoyinbo Africa Education Journalism Award presented me with the opportunity to get away from my hectic schedule in Kampala and earn a most longed for two-week rest in the beautiful Mozambican coastal capital, Maputo.

The 10 days in Maputo, and another four in Johannesburg, have not just enabled me to slow down; they are also affording me a number of fascinating and inspiring chance encounters.

On May 3, for instance, I was among the hundreds who gathered at the Joaquim Chissano International Conference Centre to witness the presentation of the 2008 UNESCO/Cano World Press Freedom Prize to Mexican Journalist Lydia Cacho Ribeiro.

This particular ceremony was graced by several dignitaries, including Mozambican President Armando Guebuza, former President Joaquim Chissano and the UNESCO Director General, but it was Ms Cacho who – rightly – took centre stage.

When the 45-year old journalist stepped up to make her acceptance speech, it turned out to be so powerful that it earned her a standing ovation from nearly everyone in the hall.

“By honouring me tonight you are recognizing the talent of my teachers, of the hundreds of women, men and children who have trusted me with their personal histories, their tragedies and their triumphs. Somehow they knew I would honour their trust by doing my job as a journalist,” she said.

The inspiring thing about Ms Cacho’s story is that she has faced several hurdles in her career, but did not lose her resolve. In her 18 year journalism career, Ms Cacho has been the target of repeated death threats because of her work, especially when she reported about a peadophile ring that included powerful figures in Mexican politics. Her car was sabotaged and she was the victim of police harassment.

“When I was tortured and imprisoned for publishing the story of a network of organised crime in child pornography and sex tourism, I was confronted with the enduring question of the meaning of life. Should I keep going? Should I continue to practice journalism in a country controlled by 300 powerful rich men? Was there any point to demanding justice or freedom in a country where 9 out of every 10 crimes are never solved? Was it worth risking my life for my principles? Of course the answer was… yes,” said Ms Cacho.

But her works have also earned her international acclaim. Besides the $25,000 World Press Freedom Award, she was awarded the Francisco Ojeda Award for journalistic courage in 2006 and, in 2007, the Amnesty International Ginetta Sagan Award for Women and Children’s Rights.

In a moving speech, Ms Cacho told the reasons why she has persevered against the odds. She told of having been contented to keep the promise she had made to the little girls who were abused by pedophiles and child pornographers, and who asked her to tell their stories. She called on other journalists to uphold the virtues of their calling.

“As journalists we should never become messengers of the powers that be. Nor should we surrender to fear and self censorship,” she said.

Three days later, I stood at the very podium that Ms Cacho had used; it was my turn to deliver my acceptance speech for the Africa Education Journalism Award to the 600 delegates and more than 50 education ministers attending the 2008 Biennale on Education in Africa.

Ms Cacho had raised the bar so high with her speech; I did not try to emulate her. I only spoke about the need for politicians to always keep it in mind that the decisions they make can change or ruin the lives of their people. I asked them to ensure that even the ordinary persons in the most remote part of their country get a fair deal from their governments.

For my own speech, I did get a resounding handclap from all in the Joaquim Chissano International Conference Centre that evening. Whether the politicians took the words to heart is another matter. The task for me now, and several other journalists, is to continue to make sure that the politicians are accountable to the people who entrusted them with the duty of making the policies that guide the destiny of their country.

This is no easy task; but Ms Lydia Cacho Ribeiro has once again reminded us all that it can be done. (Publised at BENON HERBERT OLUKA`S BLOG)

Ordenan aprehensión de 5 policías que arrestaron a Lydia Cacho

Después de 29 meses de que ocurriera la detención de la periodista Lydia Cacho, un juez de Quintana Roo ordenó la aprehensión por delitos graves a cuatro de los cinco policías que participaron en la captura de la periodista en diciembre de 2005, informó Xavier Olea, abogado de la periodista.
El representante de Lydia Cacho señaló que el Juzgado Primero de lo Penal con sede en Cancún, Quintana Roo, fue el que libró las órdenes, por abuso de autoridad, contra los policías poblanos José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz.
La Procuraduría General de la República consignó el expediente por el delito de tortura pero como al final el caso terminó en el fuero común y en esa jurisdicción no existe tal ilícito, un tribunal le ordenó al juez local aplicar el Código Penal Federal en forma supletoria, explicó.
Xavier Olea agregó que en cualquiera de los casos, el delito que se imputa a los acusados es de carácter grave, lo que implica que no tendrán el beneficio de la libertad bajo fianza en caso de ser capturados. Cabe mencionar que el Procurador de Justicia de Puebla ha declarado que si sus oficiales le solicitan apoyo jurídico el estado poblano cuyo jefe es el gobernador Mario Marín, les dará la asesoría jurídica para defenderlos de las acusaciones de Lydia Cacho.

Por otro lado, Olea señaló que la PGR no solicitó en este expediente la captura del empresario Kamel Nacif, ya que decidió dejar abierto un desglose en la Fiscalía de Periodistas para, supuestamente, continuar con la investigación en su contra por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El 27 de noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación contaba con la investigación del Juez Juan Silva Meza en la que asegura la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil y confirmó la participación de 40 servidores públicos confabulados en la detención, tortura y encarcelamiento de la periodista; con al finalidad de acallar su trabajo que rebela redes de tratantes de menores. Sin embargo seis jueces, de los cuales 2 son mujeres, votaron para eliminar la investigación sobre pornografía y pederastia y terminaron por proteger a la Red de pederastas y al Gobernador Mario Marín (PRI).
El gobernador Mario Marín, bautizado como “Gober precioso” por Kamel Nacif, puso en 2005, al aparato de justicia poblano al servicio de Kamel Nacif, protector y socio del pederasta Jean Succar Kuri, y a pesar de las pruebas contundentes, el máximo tribunal decidió proteger a la red de corrupción política que protege a los pedófilos y tratantes de niñas y mujeres.
Marín, durante una reunión con diputados del PRI, aseguró que a él lo salvó el congresista Manlio Favio Beltrones, al negociar políticamente que quedara impune.