EVITAN DECLARAR ALERTA DE GÉNERO POR FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO
· La violencia feminicidia no es un asunto prioritario para algunos Estados del país: el mensaje

Con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio.
Esta determinación -sin apego a una consciencia de género, a una responsabilidad ética y al respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas- se realizó ignorando todos los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y convenciones que nuestro país ha signado en la materia, así como pasando por alto la obligación de los Institutos de las Mujeres de todo el país para defender y promover los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Con esta decisión se demuestra que las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, no son un tema prioritario para la mayoría de los Estados, quienes lejos de atenderlo de manera inmediata y buscar establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, prefieren proteger los intereses políticos de sus gobernantes.
En la solicitud de alerta de género formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres se sustentó con información oficial del propio Estado de México (Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros) que demuestra que existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres, un patrón sistemático de violencia feminicida y un contexto de impunidad en estos casos.
Entre los alarmantes datos que se destacaron para sustentar la petición, se encuentran los proporcionados por la propia Procuraduría del estado de México que reportó 4773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010. De los 922 homicidios dolosos de mujeres, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.
La violencia feminicida documentada por los organismos mencionados se refiere a los 10 municipios más poblados siendo estos: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Cabe mencionar, además, que en el Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, el Estado de México es una de las tres entidades del país con los niveles más altos de violencia contra este sector.
A pesar de los argumentos sólidos y contundentes a favor de la declaración de alerta de género, la votación en la que participaron las Representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas, determinaron que la declaratoria era improcedente.
Quienes se opusieron irracionalmente e intransigentemente a la aprobación de la investigación preliminar a la declaratoria de alerta refirieron una supuesta falta de certeza de las estadísticas expuestas, manipulación de intereses partidistas, la utilización de las mujeres como un pretexto para atacar al Gobernador del Estado y una clara politización como trasfondo de este asunto.
La representante del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz Sánchez y la asesora jurídica de la entidad, lejos de argumentar razones de fondo, se concretaron a desacreditar las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalando que las acciones fueron sesgadas, pues la notificación sobre la solicitud de alerta fue realizada en días inhábiles y sin que se haya realizado una investigación a fondo sobre los señalamientos referidos por las organizaciones sociales. Estos fueron argumentos verdaderamente legaloides.
Por su parte, la Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher Camarena, defendió la procedencia de la solicitud presentada y aclaró que esta figura no es un enjuiciamiento para el estado de México ni para su gobernador sino un procedimiento administrativo preventivo y de investigación que busca inicialmente conformar un grupo de expertos y expertas en perspectiva de género que daría su opinión para que posteriormente se analizara la procedencia o no de la declaratoria de alerta de violencia de género. Así mismo, precisó enfáticamente que la investigación preliminar busca garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y que se concreta mediante el conjunto de acciones de emergencia que el gobierno, en su caso, implementaría para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Martha Lucía Mícher Camarena llamó la atención de la razón de ser de los institutos e instancias de las mujeres en los estados para defender y promover los derechos humanos de las mujeres, mismo que han costado una larga lucha de más de 30 años y llamó a no votar para incumplir la ley, sino para actuar en congruencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con los diversos tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres y de conformidad con la reciente sentencia dictada en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras “Campo Algodonero”.
La Representante del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México aclaró que la función de las y los representantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es la de defender los derechos de todas las mujeres, al margen de consideraciones partidistas y de intereses de gobierno. De igual forma, precisó que el sentido último de la alerta es precisamente buscar un acceso a la justicia pronta, efectiva y con la debida diligencia para las mujeres y niñas, es decir, facilitar -en un contexto de violencia sistemática- un mecanismo efectivo para hacer cesar las violaciones graves a los derechos de las mujeres y las niñas.
Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres está integrado por el Subsecretario de Gobernación, los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres e instancias y organismos autónomos del Gobierno Federal.
Las representantes que votaron en contra de la alerta fueron entre otros: Zacatecas, Aguas Calientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas; en tanto, entre quienes argumentaron su procedencia se encuentran además de este Instituto, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el de Jalisco, el Instituto Nacional de las Mujeres, FEVIMTRA, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, y finalmente hubo dos abstenciones que corresponden a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los Estados de Baja California y Guanajuato.
La alerta de género, de acuerdo con la Ley de Acceso, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. De haberse aprobado, el Gobierno del Estado de México tendría la obligación de implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta, entre otras medidas; sin embargo, al ser declarada como improcedente, el Gobierno mexiquense no está obligado a realizarlas, en perjuicio de las mexiquenses.
Para el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la negativa para iniciar el proceso de investigación de los hechos evidenciados por las organizaciones sociales sobre la violencia feminicida en el Estado de México, constituye una afrenta que perpetúa el riesgo y la impunidad en el que ya viven las mujeres en el Estado de México.
¿Cómo se puede justificar el incumplimiento de la Ley ante un panorama tan evidente y desolador de violencia sistemática para las mujeres y niñas del Estado de México? ¿Qué duelo se puede elaborar por los familiares ante la reafirmación de la impunidad y la falta de interés por erradicar esta problemática?

WIKILEAKS
El gobierno estadounidense pide a Twitter que entregue información personal sobre usuarios relacionados con Wikileaks

Reporteros sin Fronteras denuncia el acoso del gobierno estadounidense en contra de WikiLeaks y de sus colaboradores. En efecto, un tribunal del distrito de Alexandria (Virginia), dirigió el 14 de diciembre de 2010, una conminación a Twitter, firmada por la jueza Theresa Buchanan, en la que pide información « pertinente » sobre los usuarios que podrían estar relacionados con el sitio Web Wikileaks, en el marco de una « investigación criminal en curso ».
La información solicitada, desde el 1 de noviembre de 2009 a la fecha de emisión de la conminación, conciernen a Julian Assange, fundador de Wikileaks, Bradley Manning, sospechoso de pasar los cables diplomáticos al sitio Web, Rop Gonggrijp, ex colaborador de Wikileaks, Jacob Appelbaum, programador estadounidense, y Brigitta Jonsdottir (@birgittaj), diputada islandesa y ex voluntaria de Wikileaks.

« Tras las presiones ejercidas sobre Paypal, Visa, MasterCard y Amazon, el gobierno estadounidense aumenta el ensañamiento contra Wikileaks y sus colaboradores. El gobierno federal busca a toda costa abrir una investigación criminal, lamenta Reporteros sin Fronteras. Tal forma de proceder representa ’un grave perjuicio’ a la protección de datos personales por parte de la administración Obama, quien afirmó en varias ocasiones ser favorable a la libertad de expresión en línea ».
En una carta dirigida al presidente Obama y al fiscal general Eric Holder, Reporteros sin Fronteras ya solicitó a las autoridades estadounidenses que renunciasen a perseguir a Wikileaks y a sus colaboradores, argumentando que la « publicación de información – aunque fuera clasificada – por parte de Wikileaks y de los cinco medios de comunicación asociados, constituye una actividad periodística de información al público y por lo tanto se acoge a la Primera Enmienda ». Así pues, Reporteros sin Fronteras pide al gobierno estadounidense, en nombre de los principios constitucionales fundamentales, que renuncie a conseguir estos datos personales y que cierre esta investigación.

Mark Stephens, uno de los abogados de Julian Assange, afirma que esta nueva acción traduce « la desesperación de los Estados Unidos por pillar a toda costa » a su cliente por « crimen ».
La magnitud de la información solicitada por la justicia estadounidense es impresionante. Vienen incluidos : las grabaciones de tweets o conversaciones entre usuarios, direcciones IP, email y postal de las personas incriminadas, así como las formas y fuentes de pago, en particular con los datos bancarios. Al acceder a los intercambios entre usuarios y a la opción de co-gestioń de algunas cuentas, las autoridades estadounidenses tienen la posibilidad de hacer mayor su campo de « sospechosos » en el caso Wikileaks.
Reporteros sin Fronteras saluda la inicitaiva de Twitter al informar a los usuarios del procedimiento en curso. En un primer momento, las autoridades le ordenaron a Twitter que mantuviese la información en secreto y que no avisasen a los usiarios concernidos. Después de lo que parece ser una « batalla jurídica », Twitter consiguió el permiso, el 5 de enero de 2011, para avisar a los internautas incriminados. El Sitio Web afirmó que sin la existencia de un procedimiento jurídico por parte de los usuarios concernidos para oponerse al requerimiento de los Estados Unidos, o bien sin un acuerdo amistoso en un plazo de diez días, estará obligado a entregar los datos.

La diputada islandesa Brigitta Jonsdottir afirmó que nunca entregaría tal información de forma « voluntaria » a la justicia estadounidense. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, declara : « Espero que no se piensen que soy tan ingenua como para publicar en mi cuenta Twitter mensajes importantes o que me podrían incriminar ». Ya afirmó haberse puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés, y haber solicitado una cita con el embajador de Estado Unidos en Reykjavik. El ministro de Interior islandés declaró que la forma de proceder de los estadounidneses llegaba a ser « grave e inquietante ».
Wikileaks considera que se podrán haber dirigido conminaciones similares a Facebook y Google, los cuales de momento no han comentado el caso. La página en Facebook del sitio Web cuenta ya con más de 1,5 millones de « fans » y su cuenta en Twitter interesa a más de 600 000 internautas.

Consultar el artículo: http://es.rsf.org/estados-unidos-el-gobierno-estadounidense-pide-a-11-01-2011,39271.html
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WIKILEAKS
Justice department ordered Twitter to hand over details of users linked to WikiLeaks

Reporters Without Borders deplores the US Department of Justice’s apparent determination to prosecute WikiLeaks and its leading supporters. It has emerged that a district court in Alexandria, Virginia, sent Twitter a subpoena signed by federal magistrate Theresa Buchanan on 14 December asking for “relevant” information about users suspected of links with WikiLeaks for an “ongoing criminal investigation.”

The subpoena requests information dating back to November 2009 about WikiLeaks founder Julian Assange, Bradley Manning, the US army private who is being held on suspicion of leaking the US diplomatic cables to Assange; Rop Gonggrijp, a Dutch citizen who used to work with WikiLeaks; Jacob Appelbaum, a US computer programmer; and Birgitta Jonsdottir, a member of the Icelandic parliament and former WikiLeaks volunteer.

“After exerting pressure on Paypal, Visa, MasterCard and Amazon, the US government is now stepping up its harassment of WikiLeaks and its supporters,” Reporters Without Borders said. “The federal government is trying at all costs to pursue a criminal investigation. This constitutes a serious breach of personal data protection by the Obama administration, which has repeatedly proclaimed its support for online free expression.”

Reporters Without Borders wrote to President Obama and Attorney General Eric Holder in mid-December urging them not to prosecute Assange and others linked to his website on the grounds that “the publication of information by WikiLeaks and five associated newspapers was a journalistic activity protected by the First Amendment, even if the information was classified.”

Reporters Without Borders now calls on the US government to abandon its attempt to obtain this personal data and to close this investigation for the sake of fundamental constitutional principles.

Mark Stephens, one of Assange’s lawyers, said the subpoena shows how desperate US officials are to pin a crime on Assange.

The range of information requested from Twitter by the Department of Justice is extraordinary. It includes all the records of Tweets and conversations between users, IP addresses, email addresses and postal addresses, and all “means and source of payment” including bank account and credit card details. Access to exchanges between users and the possibility of accounts being jointly managed mean investigators will have the chance to identify new “suspects.”

Reporters Without Borders hails Twitter’s decision to notify the users who are the target of the investigation. The authorities initially ordered Twitter to say nothing about the court order but after what appears to have been a legal battle, the microblogging service obtained the court’s permission on 5 January to notify the targeted users.

In an email to the users who are being investigated, Twitter said it would have to surrender the requested records within 10 days unless it received notice that a legal motion had been filed to block the court order.

Jonsdottir, the Icelandic parliamentarian, said she would never surrender her personal data to the US Department of Justice voluntarily. In a message posted on Twitter, she said: “I hope they don’t think I am so naive that I would be doing any sort of messaging through the Twitter board of any significance or (that would be) incriminating.”

She added that she had contacted Iceland’s justice minister and had requested a meeting with the US ambassador in Reykjavik. The Icelandic interior minister described the US government’s actions as “serious and worrying.”

WikiLeaks thinks similar subpoenas may have been sent to Facebook and Google, which have not yet issued any statement. The WikiLeaks Facebook page has more than 1.5 million “fans” while its Twitter account has more than 600,000 followers.

Read the article: http://en.rsf.org/united-states-justice-department-ordered-twitter-11-01-2011,39270.html

Plan b
Tomemos las calles de México
Lydia Cacho

Lo primero que pregunta un turista al llegar a México es ¿y hasta que hora es seguro caminar por aquí? En algunos estados simplemente antes de viajar preguntan si es seguro salir del hotel. Las gente de  fuera no es la única que pregunta si los espacios públicos siguen siendo aptos para el disfrute y la tranquilidad.
Difícilmente hablamos de los efectos secundarios de la violencia como la que estamos viviendo, en la que poco a poco normalizamos el horror y el dolor ajeno. Uno de esos efectos es justamente el abandono, tanto físico  como emocional de los espacios públicos, las plazas, las calles, los zócalos. Salimos a caminar por necesidad o por rebelión ante asuntos  de interés público, pero difícilmente ocupamos masivamente los espacios vitales para rescatar nuestro derecho a la tranquilidad, a la salud y al bienestar, ya no desde el enojo sino desde la armonía. Un experimento se llevará a cabo en las siguientes semanas en nuestro país y comenzará en la Ciudad de México, para eventualmente dar la vuelta a toda la República.
La reconocida documentalista Natalia Gil  nos convoca a un proyecto de manejo del miedo con clases de yoga masivas en el zócalo de la Capital del país. Y no es un proyecto menor. En Nueva York, en Toronto y en Barcelona se ha demostrado que  las clases de yoga masivas, gratuitas, en espacios públicos tienen un efecto directo en la salud individual y colectiva, en la energía social, en rescatar esa sensación de que el país y sus calles también nos pertenecen para el gozo, para la tranquilidad, para la convivencia entre el silencio y la paz. Digamos que  se trata de un rescate no discursivo de la armonía. Así como se instauraron las tardes de danzón en varios estados de México hace décadas, ahora tendremos mañanas de yoga.
Hacer yoga mejora la condición física, aporta flexibilidad (no solamente muscular sino también emocional) relajación mental y disciplina. Además está claro que fomenta la auto observación, baja la ansiedad y mejora la salud. En Nueva York este proyecto convocó a más de diez mil personas y sus efectos sociales fueron notables.
Es por eso que Natalia ha reunido a un grupo de maestras y maestros de yoga de primera, y durante seis domingos de las 8 a las 10 de la mañana convocarán  a tanta gente como sea posible para  hacer yoga guiada por las y los mejores profesores de México como Ana Desvignes, Amado Cavazos, Marcos Jassan, Pablo Quiroga y Andrea Borbolla entre otras. La convocatoria es para mujeres y hombres de todas las edades, los niños y niñas aprenderán también. Basta  vestir ropa muy ligera y cómoda, llevar un tapete de yoga o una colchoneta o toalla grande y cada cual su botella de agua. Nos vemos el domingo en el zócalo y después en el resto del país. Para seguirlo en twitter busque NamasteMX.

ATAQUE POLICIACO AL REFUGIO PARA MUJERES Y NIN@S CIAM CANCÚN*

LLAMADO URGENTE     Mayo 31 2010

Cruz Antonio García Javier, policía motopatrullero de Seguridad Pública Benito Juárez, Cancún Quintana Roo, llegó a las instalaciones de CIAM Cancún a las 11:20 am del lunes 31 de mayo. Vestido de civil, armado, acompañado de su madre en una camioneta verde Voyager placas 3722 UXC y de cinco policías uniformados con camisa negra y pantalón negro, botas militares y gorra negra, cada uno en motopatrullas oficiales y armados rodearon las puertas del refugio para mujeres y niños víctimas de violencia extrema.
El oficial Alberto García uniformado con pantalón beige y camisa blanca con insignias de la policía de tránsito tocó la puerta de las instalaciones y dijo saber que la señora Y.M.D estaba refugiada y que ellos venían por ella, que se las debíamos entregar porque acusaría a la institución de secuestro. El personal de refugio se negó  a darle la entrada a pesar de que intentó utilizar su identificación policiaca para forzar su entrada.
El policía Cruz Antonio García Javier y otro agente de nombre desconocido patearon las puertas de la instalación profiriendo amenazas de muerte contra el equipo y advirtieron a las defensoras de derechos humanos que la policía tomará el refugio de no obedecer a sus amenazas. Todos los policías estaban ostensiblemente armados. CIAM Cancún cuenta con el video grabado de dicho ataque. Ninguno de los agentes llevaba consigo ordenes judiciales, por tanto consideramos este una actuación todas luces ilegal cuyo fin fue amenazar y amedrentar a las defensoras de derechos humanos para eviatr que den protección a las víctimas que así lo ha requerido libremente.

Y. M.D.I víctima del agresor Cruz Antonio García Javier tiene 29 años de edad y a lo largo de los últimos seis años ha sufrido violencia física, psicológica y patrimonial. Pidió ayuda a esta institución luego de haber sufrido una golpiza por parte de su esposo, golpes con la plancha metálica, fractura de nariz, ahorcamiento con inflamación de laringe e intento de homicidio. Las dos veces que intentó denunciar a su agresor éste utilizó sus influencias para evitar se consignara la denuncia.

Cuando nuestra institución CIAM Cancún A.C la rescató Y.M.D tenía cinco días de haber parido y  presentaba graves hematomas en brazos y espalda producto de golpes y patadas. Durante la última golpiza la mujer cargaba a su bebé recién nacido y el otro niño de 3 años 7 meses intervino suplicando a su padre que no matara a su mamá.
Cuando fue rescatada por CIAM Cancún A.C, el policía agresor, en estado de ebriedad y aun portando su uniforme y armado la amenazó de muerte. Esta institución cuenta con testigos y evidencias, así como peritajes médicos de la gravedad de las agresiones perpetradas por el agente policíaco, entre ellas mensajes a su teléfono celular advirtiendo que tenían secuestrada a una persona de su familia y que si no vuelve con él asesinará a su familiar.
CIAM Cancún A.C llevó a  cabo el protocolo de salud pediátrica y tanto el bebé recién nacido como los dos pequeños de 3 años 7 meses y de 1 año 10 meses y la madre, todos presentan serios problemas de desnutrición a causa de que el padre se negaba a darles de comer y en diversas ocasiones los menores sólo comían una vez al día. El agresor le prohibió trabajar a partir de que se unieron hace 6 años, por tanto la mujer tenía dependencia total, alimentaria, económica y patrimonial. Tanto la madre como los tres niñas han recibido atención psicológica y presentan evidencias de estrés postraumático y depresión. La familia de la usuaria del CIAM ha sido amenazada de muerte por el policía y esta institución teme por su vida ya que el agresor porta un arma oficial y ha dado muestras reiteradas de violencia desorbitada que se incrementa cuando se encuentra en estado de ebriedad.
El equipo jurídico de CIAM Cancún se encuentra en etapa de preparación del expediente para demanda de la víctima en contra del agresor, anteponiendo siempre el bienestar psicológico de la usuaria de nuestros servicios.

Mientras se escribía este comunicado a las 17 hrs dos sujetos que aseguraron pertenecer a la PGJQROO en calidad de Ministerio Público, se presentaron en las instalaciones de CIAM Cancún, se negaron a identificarse oficialmente y dijeron que harán un cateo del refugio por secuestro. A través del sistema de  seguridad pudimos ver que los supuestos agentes ocultaban al agresor Cruz Antonio García Javier y hablaron con él. Inmediatamente se dio aviso al Subprocurador de Justicia de la Zona Norte el Lic. Rodolfo García Pliego con el fin de averiguar si estos sujetos pertenecen o no a dicha institución ya que carecían de órdenes de cateo y de documentación formal de cualquier tipo.
PERFIL DEL AGRESOR:
Nombre: Cruz Antonio García Javier
Profesión: policía motopatrullero de Seguridad Pública Benito Juárez, Cancún Quintana Roo, con base en Avenida Kabah.
Generales: Cabello negro corto rizado, corte militar. Nariz afilada, complexión robusta, piel morena. Ojos café claros cicatriz en lado izquierdo de la cabeza. Antecedentes penales: Se registró que estuvo preso en Tenosique, Tabasco por el delito de robo.

El CIAM cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en virtud de que en anteriores ocasiones han recibido amenazas y han  sufrido actos de hostigamiento por su labor de defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños. Es decir, que la Comisión solicitó al Estado mexicano adoptar medidas de protección para la salvaguarda de quienes confirman el CIAM. Resulta preocupante que un grupo de policías haciendo uso del nombre e institución o corporación, ostentándose con uniforme y arma de cargo se presenten de manera arbitraria a proferir agresiones y amenazas en contra del CIAM y de sus usuarias.

El CIAM hace un enérgico llamado al Presidente Municipal de Benito Juárez Cancún, Quintana Roo, para que en cumplimiento de su deber de control y mando implemente las medidas de prevención y de sanción en contra de los responsables de estas agresiones.

El CIAM hace un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar la vida e integridad de las usuarias que reivindican sus derechos a través del CIAM y a cumplir, respetar e implementar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las integrantes del CIAM. Las usuarias que solicitan refugio a nuestra institución lo hacen una vez que todas las vías posibles para su defensa y protección han sido agotadas y cuando su vida y la de sus hijos corre peligro por el poder de los agresores al considerarles de su propiedad. Este caso demuestra los alcances que la violencia de género tiene cuando los agresores utilizan a instrumentos propios del  Estado  para arrebatar la libertad a las mujeres y menores.

CIAM Cancún (Centro integral de Atención a las Mujeres A.C es una institución sin fines de lucro que desde el año 2000 ofrece atención multidisciplinaria, hogar temporal, capacitación laboral y prevención de violencia así como defensa jurídica a mujeres y niñ@s víctimas de violencia doméstica sexual y Trata de personas. Aunque ubicado en al Ciudad de Cancún da servicio al sureste mexicano. Su modelo de atención ha sido reconocido mundialmente con diversos premios y su personal capacita a especialistas en América Latina. Cuenta con un centro de atención de crisis y un refugio de alta seguridad. Pertenece a la Red Nacional de Refugios de México. Su fundadora y presidenta es la defensora de Derechos Humanos y periodista Lydia Cacho y cuenta con un equipo de 42 profesionales. Sólamente del 2007 al 2010  esta institución ha otorgado 105 mil servicios especializados y ha rescatado a  mujeres y menores en situación de alto riesgo ayudándoles a reconstruir su vida y su salud. Su trabajo de prevención ha llegado a más de 200 mil personas, las campañas  de prevención contra la trata sexual de niñas y niños ha tenido un gran éxito regional. Su proyecto de Educación para la paz y manejo de conflictos con niños y niñas de primarias públicas ha impactado positivamente a más de tres mil familias. CIAM Cancún participó con la OIM y otros nueve refugios del mundo en el desarrollo de un Manual internacional de buenas prácticas profesionales para atención de víctimas de trata de personas en Washington, D.C. en 2008.