LYDIA CACHO EN CHIHUAHUA

ACOMPÁÑANOS ESTE JUEVES 16 DE JUNIO EN CHIHUAHUA

CONFERENCIA DE LYDIA CACHO:

¿QUÉ ES LA TRATA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO?

¿QUIÉNES SON LOS TRATANTES Y CÓMO LAS ENGANCHAN?

¿QUÉ HERRAMIENTAS LES DAMOS A NUESTRAS HIJAS?

LA SOCIEDAD SÍ PUEDE PREVENIR LA TRATA DE MUJERES, RESCATEMOS EL PODER CIUDADANO. ¨YO NO ESTOY EN VENTA”

(Auditorio Genaro Góngora Pimentel, Calle Allende 901. Entrada libre)

Lydia Cacho amongst the 150 Women who shake the World in Newsweek magazine

The Mexican journalist will be speaking this Friday March 11th at the Hudson Theatre in New York during the Women in the World Summit, hosted by Tina Brown.

Cacho´s last book Slaves of power was released in Mexico last September and in only seven months the book has been translated into French, Italian, German, Swedish, Croatian, English, Dutch and Portuguese and it has been published in Spain, Argentina and Colombia. After Elena Poniatowska Lydia Cacho is the only Mexican journalist who´s work has been translated into so many languages. It will soon be published in Turkey and Japan. The author will read extracts of her book at the Women in the frontlines pannel moderated by journalist Sir Harlod Evans.

Lydia Cacho will also attend:

*A conversation with Melinda French Gates, Co-chair of the bill and melinda Gates Foundation

* Dinner and conversation with President Bill Clinton

*Trafficking of girls in the United States. Introduced by Ashley Judd. Activist and Actress

Words of Carole Seymour-Jones:

“IN THIS CRIPPLING CLIMATE OF FEAR AND INTIMIDATION, LYDIA CACHO, MEXICAN INVESTIGATIVE JOURNALIST AND FEMINIST ACTIVIST AGAINST VIOLENCE HAS PROVED HERSELF A FORMIDABLE CAMPAIGNER FOR THE HUMAN RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN. SHE IS THE FIRST WOMAN IN MEXICAN HISTORY TO TAKE TO TRIAL AN ORGANISED CRIME RING INVOLVED IN CHILD PORNOGRAPHY, SEX TOURISM AND THE TRAFFICKING OF WOMEN.

FROM GOING UNDERCOVER DRESSED AS A NUN OR POLE DANCER, TO SPEAKING DIRECTLY TO VICTIMS AS YOUNG AS FOUR, LYDIA CACHO HAS DOGGEDLY COLLECTED EVIDENCE OF A RAMPANT SEX SLAVE TRADE IN MEXICO. IT IS A QUEST WHICH HAS SEEN HER KIDNAPPED, THEN IMPRISONED, AND STILL FACING CONSTANT DEATH THREATS, FOLLOWING THE PUBLICATION OF HER LATEST BOOK, `SLAVES OF POWER: A JOURNEY INTO SEX TRAFFICKING AROUND THE WORLD.’  YET DESPITE THESE DANGERS LYDIA CACHO CONTINUES TO PUT HER LIFE ON THE LINE ON BEHALF OF WOMEN AND CHILDREN, AND TO CHAMPION JOURNALISTIC FREEDOM. SHE CONTINUES TO BELIEVE THAT EVERY SINGLE PERSON DESERVES TO LIVE A LIFE OF DIGNITY”

Deputy President and Chair of the Writers in Prison Committee of English PEN.

SI USTED CREE QUE NO ES FÁCIL ENCONTRAR A LOS PEDÓFILOS Y QUE ESTOS ENCUENTREN A NUESTROS HIJOS E HIJAS EN INTERNET

LEA ESTO: http://www.mmadrigal.com/category/la-cara-oculta-de-las-redes-sociales/

http://blog.al.com/live/2011/02/kentucky_pastor_facebook_pornography.html

Ayer la Asamblea de Madrid retomó el caso Windows Live y los pederastas en la red. Llamó a Telefónica (que no acudió porque el Sr. Alierta estaba en una feria del sector en Barcelona), y a Protégeles y la fundación Alia2 para que explicaran que se ha hecho desde 2007 para proteger a los menores. Han pasado 7 meses desde que la Asamblea de Madrid no había vuelto a tocar el tema, a pesar de que tal como cuenta Madrid Diario  Microsoft ni se ha dignado a enviar la información y respuestas que les solicitaron. Una buena muestra de como dos empresas, Telefónica y Microsoft, se interesan por este tema.

Pero han pasado más cosas en estos meses. Por ejemplo esta:

Don , este señor que ahora verán fue denunciado a la Policía Nacional Española, con copia al Defensor del Menor y a 1 diputada de la Asamblea de Madrid (como todas las denuncias que este bloguer hace) el 27 de Julio de 2010. Más de 800 como él fueron denunciados solamente ese mes. Ahora verán porqué, y ya les desvelo que este señor, Don, está hoy activo en Windows Live porque nadie ha hecho nada. No les debe de preocupar mucho. A mi sí . Vean

Don da toda clase de datos de donde viven, su edad, sus gustos, etc. Es decir, no es complicado localizarle.

Don tiene una red de amigos como las de miles de individuos de Windows Live, es decir, fotos de menores (que no pueden estar en su red) pero nadie ha retirado

ARISTEGUI: UNA PREGUNTA INCÓMODA, UNA RESPUESTA FULMINANTE

” No hay pregunta prohibida. No hay pregunta tonta. Y cuando surge la oportunidad, hay que hacerla. Aunque sea la última vez”
El imprescindible periodista Jorge Ramos escribió un texto que hoy resulta relevante ( vale la pena leer el texto completo)

http://www.jorgeramos.com/articulos/articulos394.htm

#ARISTEGUI Y SU SALIDA:
Por: Lydia Cacho

Durante su noticiero matutino de MVS la periodista Carmen Aristegui cubrió una nota sobre una manifestación en el Congreso: http://youtu.be/M4mi7c4WpM0 . Como se puede apreciar en este video, Aristegui analizó los hechos concretos y más tarde reflexionó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo esclareciera una pregunta que desde hace tiempo circula en algunos medios y redes sociales Carmen se preguntó al aire: ‘¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.’ Hasta allí las y los radioescuchas enviaron sus comentarios encontrados. Algunos consideraron la pregunta de Aristegui una grosería contra la investidura presidencial; otros en cambio, pedían que el propio presidente se expresara y de una vez por todas restara poder a semejante rumor; un tercer grupo se mostraba indignado aduciendo que Aristegui no debería de dar voz a un diputado como Fernandez Noroña (el que aparece en el video) por su personalidad escandalosa y su actuar político poco profesional y provocador.

Este evento dentro del noticiero MVS desató un interesante debate en redes sociales ¿es o no pertinente que una o un periodista pregunte sobre un hipotético problema de salud -como sería el alcoholismo- de su mandatario? Y más allá de filias y fobias partidistas ¿debe una conductora de noticero vetar a ciertos actores públicos como a Fernández Noroña? son muchas las preguntas que surgieron alrededor de este tema, todas ellas pertinentes alrededor de asuntos que conciernen al peridosimo y al derecho de la sociedad a ser informada adecuada y verazmente. Lo que resultó sorprendente no fue la reacción del público radioescucha, sino la del propietario de MVS quien despidió a la periodista, que justamente este mes de enero cumplió dos años a cargo de su exitoso noticiero. Carmen y sus colaboradoras compartieron con colegas y amistades cercanas la subrepticia salida. Por su parte MVS borró de su página web toda la información sobre Arsitegui y publicó el siguiente comunicado (esta es copia textual)

‘En nuestro código de ética nos comprometemos a rechazar la presentación y difusión de rumores como noticias’, El viernes pasado, Aristegui ‘dio por válida una presunción, transgrediendo nuestro código ético y al negarse a ofrecer, como lo solicitó la empresa, una disculpa pública, decidimos dar por terminada nuestra relación contractual’. En el comunicado, Multivisión no menciona el motivo de la terminación de la relación laboral, pero señala que le pidió a la periodista ofrecer una disculpa pública, a lo que Aristegui se negó, por lo que la empresa decidió cancelar el contrato. Por su parte la versión del equipo de Carmen Aristegui comenzó a circular de manera informal en redes sociales, particularmente en Twitter. La reconocida Productora con una exitosa carrera, Kiren Mirét publicó en su Twitter: “Sí, les confirmo que Carmen Aristegui sale del aire en MVS. Supongo que lo explicará cuando lo considere pertinente”. Un segundo Tuit: “Y para quienes se lo preguntan y hacen juicios sin fundamentos, yo también me voy de MVS con Carmen (…)”.

La versión telefónica de primera mano de otro miembro del equipo de producción reveló algunos datos. Vargas se mostró nervioso e irritable, mandó llamar a Aristegui y ella misma pensó que si habría que afinar algunas ideas sobre el polémico tema, estaría dispuesta a hacerlo en la emisión del lunes siguiente. Sin embargo durante la junta se le presentó un documento que, a petición de los propietarios de la empresa, debía leer íntegro. En dicho documento no solamente se pedían disculpas por haber mencionado el rumor relacionado con la duda sobre alcoholismo. Aseguran que era “una carta inaceptable” en la que se solicitaba a la periodista pedir disculpas incluso por cosas que ella nunca dijo, “en un tono de sumisión ante la figura presidencial”.

Según su equipo, con quienes hablé la noche del domingo, “todo parecía indicar” que el propio documento había sido redactado en oficinas de Presidencia de la República, dentro de la propia empresa MVS ese era el rumor. Está claro que esa era una presunción, alimentada por lo que se dijo a lo largo de esa tensa reunión. Aristegui se negó a leer el documento al aire y se le informó que su contrato sería rescindido de manera inmediata por faltar al “código de ética firmado por ambas partes”. Lo cierto es que en la oficina de dirección de MVS se recibieron varias llamadas de las oficinas de Presidencia de la República el mismo día de la emisión del programa antes mencionado y al día siguiente. La propia Alejandra Sota, responsable de la oficina de Comunicación Social de Presidencia de la República dio a conocer que “la empresa MVS tomó la decision (de despedir a Aristegui) y lo comunicaron a presidencia una vez que fue tomada”. Lo que no dijo es que incluso antes de que fuera pública, en Los Pinos ya se sabía de la terminación de Aristegui.

La pregunta que el público se hizo de inmediato fue ¿y por qué o para qué el propietario de un medio independiente debe enviar una carta a presidencia para hacer de su conocimiento que despidió a una periodista empleada de su empresa privada? Ni la empresa, ni presidencia han querido responder a esta pregunta hasta el momento. Cabe mencionar que el comunicado oficial sobre el despido de Aristegui, que estuvo colgado en la página web de MVS (del que publicamos aquí un extracto copiado directamente) fue eliminado hace unas horas.

Está claro que en un ambiente tan complicado y tenso como el que se vive en este momento en México, temas como la salida de Carmen Aristegui de la radio a algunos les parece irrelevante, e incluso se ha dicho que es un simple asunto entre una empresa y su empleada despedida por no obedecer órdenes. Sin embargo no podemos olvidar que esta es la segunda vez que la periodista es despedida como método de censura. La también respetada conductora de un programa internacional de CNN en español, salió de W Radio en un episodio similar.
Y aunque en su momento la empresa insistió en que no existía dejo de censura para acallar un programa que daba voz a noticias regularmente vetadas y a una parte de la sociedad consistentemente ignorada por los medios y conductores más poderosos del país, el tiempo dio la razón a Aristegui con su salida de W Radio, gente de la empresa radiofónica admitió, un año después en reuniones privadas con periodistas, entre las cuales me encontraba yo, que sí hubo presiones de Presidencia para erradicar a quien consideraban “una periodista incómoda”.

Las y los reporteros conocemos la persistencia de Alejandra Sota, la joven vocera del Presidente, en hablar con los directores de los medios para evitar que se dañe la imagen presidencial (es su trabajo). Por otro lado es evidente que para que un medio se doblegue se necesita tener compromisos de tipo empresarial que dependen del poder público (tales como decisiones sobre concesiones pendientes) o simplemente que su propietario tenga coincidencias ideológicas con el poder en turno y prefiera darle la razón al político, antes que permitir el escrutinio público.
El problema consiste en que en un país como México, donde durante setenta años de priísmo los medios estaban absolutamente sometidos al poder presidencial, cualquier intento de mordaza levanta sospechas fundadas. Estos cuestionamientos no pueden hacerse sólo a gobernadores, alcaldes y presidentes que desde el poder intentan comprar, o someter, o acallar a los medios de comunicación o a determinados periodistas. También debe señalarse a los propietarios de los medios, porque ellos venden (o deberían vender) credibilidad.
La sociedad escucha, ve un noticiero o lee un diario, para formar opinión propia y actuar en consecuencia. La responsabilidad de las y los periodistas radica en la búsqueda de la verdad, en la honestidad. Cuando se cometen errores sin duda es importante rectificar y mantener siempre la clara noción de que la lealtad es para la sociedad que busca información para entender mejor su entorno. Cuando cosas como el despido de Aristegui suceden con tanta opacidad e indicios de un manotazo político, o miedo a represalias por insinuaciones de esos politicos, tenemos que decirlo abiertamente.

Los medios no pueden exigir transparencia si no son capaces de actuar en consecuencia. Y sí, como me han dicho algunos tuiteros molestos, nunca podremos demostrar que detrás de esa carta estaba el poder de la presidencia, incluso tal vez ni siquiera las órdenes del propio Calderón, sino de algún subalterno que creyó pertinente acallar a la mensajera de una pregunta que miles de mexicanos se hacen desde hace dos años, pregunta que según documentos filtrados por Wikileaks también se ha hecho la propia Hillary Clinton. Lástima que Calderón no siguió el ejemplo de Fox. Quien ante la pregunta, que medio México se hacía informalmente, sobre si tomaba Prozac respondió a Jorge Ramos “No”, de frente y sin manotazo.
Podemos, o no, coincidir con el lenguaje que utilizó Aristegui. Puede no gustar a muchos su estilo periodístico, pero no por ello se debe pedir que se le censure.
Yo personalmente no creo que el Presidente Calderón sea alcohólico, le resultaría imposible trabajar como lo hace. Lo que tengo claro es que se irrita fácilmente ante la crítica y que, a algunos miembros de su equipo más cercano, no les preocupa en lo más mínimo negociar las cabezas de periodistas incómodas, cuando de hacer acuerdos o salvar prestigios y cotos de poder se trata.

Para quienes dicen que pedimos un rasero de ética distinto para las colegas, respondo que eso es falso. Bastaría con hacer un análisis puntual de contenidos de todos los programas de MVS para entender que ese rasero del código de ética argumentado para el despido de Aristegui no se aplica de forma homogénea, sino a conveniencia.

Las noticias se construyen poco a poco. Antes de la existencia de las redes sociales un diario podía mantener una noticias varios días en sigilo, hasta armar el rompecabezas semicompleto, y aún así, en el seguimiento se descubre aun más sobre el tema. Hoy eso resulta imposible, los datos surgen a una velocidad impresionante y a veces la ciudadanía espera que la historia se articule en unas cuantas horas. Eso no sucede en la realidad.

Esta semana escucharemos en público a Carmen Aristegui, y poco a poco se revelará la verdad. Mientras tanto nos queda claro: este país necesita un periodismo plural, diverso, no uno uniforme, sumiso y bien portado, temeroso de perder el poder y el dinero. Cuando l@s tutier@s escriben: Todos somos Carmen Aristegui nos están diciendo que es inadmisible mandar a callar a quien pregunta lo que millones susurran en las calles. Imperdonable que se silencie a una de las pocas comunicadoras que dan voz a los grupos sociales vetados por el poder politico y por los intereses empresariales que eligen el discurso mediatico que “conviene al país”.

Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) comparten con la ciudadanía y los medios de comunicación, la información que tienen derivado del acompañamiento a Marisela Escobedo, en su búsqueda de justicia, y solicitan su apoyo para exigir al Estado mexicano asuma su responsabilidad.

1. El Nuevo Sistema de Justicia Penal sí sentenció al asesino de Rubí.

Algunos medios han publicado que un tribunal oral absolvió a Sergio Rafael, sin embargo hay insuficiente información sobre el proceso legal porque Sergio sí fue condenado en segunda instancia a 50 años de prisión.

Inicialmente, un tribunal de juicio oral absolvió a Sergio Rafael a pesar de que el acusado condujo a la policía al lugar en que había depositado el cadáver de Rubí y además pidió perdón a la madre. Cuando se celebraba la audiencia del juicio, Marisela narró en forma desgarradora todas las investigaciones que había realizado y el sufrimiento que estaba viviendo, sin embargo la jueza presidenta le pidió a Marisela que se callara, argumentando que debía “respetar el tiempo de los demás ya que hay muchos testigos. Usted no es la única, señora”.

El 30 de abril de 2010, los jueces absolvieron al asesino. El video ha sido difundido por los medios, gracias a que los principios del nuevo sistema acusatorio son la presencia de los jueces frente a las partes, la videograbación de todas las audiencias, la oralidad, la inmediación y la publicidad. Estos principios permiten que la ciudadanía y los medios presencien los juicios, y justamente y por primera vez, evalúen la actuación de los juzgadores.

La solución no es encapuchar a los jueces, como pretende el gobierno del estado, porque volvería aún más difícil la evaluación de su actuación y limitaría la rendición de cuentas de los juzgadores. Tampoco se deben adoptar medidas regresivas que impidan que la ciudadanía conozca cómo los jueces dictan sentencias en audiencias videograbadas y públicas.

La transparencia que brindó el sistema acusatorio fue fundamental para que la ciudadanía juzgara a los jueces, la sentencia absolutoria causó indignación y ante la presión de la propia Marisela por el fallo de los jueces, el entonces gobernador Reyes Baeza ordenó la creación de una Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubi Frayre Escobero, integrada por: la Secretaría General de Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Procuraduría de Justicia, la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, el Congreso del Estado, la Defensoría Publica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mesa de Mujeres de Juárez y las representantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM ) y de Justicia para Nuestras Hijas, organización a la que pertenecía Marisela, estas dos últimas organizaciones fueron representantes legales de la víctima.

En esta Comisión Interinstitucional, después de un diagnóstico elaborado a la luz de la sentencia de tratados internacionales y de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “campo algodonero”, se documentaron las omisiones y negligencias de funcionarios públicos y jueces, como por ejemplo la negativa a recibir la denuncia de Marisela por la desaparición de su hija Rubí; la omisión en la aplicación del protocolo Alba, que obliga a la coordinación de instituciones y corporaciones policiacas federales estatales y municipales ante la desaparición de una mujer en Ciudad Juárez; el retraso injustificado de más de 40 días para buscar los restos de Rubí en el lugar donde se les había señalado; entre otras muchísimas irregularidades.

Las observaciones se fundamentaron en la revisión jurídica del expediente y se elaboraron recomendaciones concretas para los tres poderes del estado y para la federación que sin embargo, hasta ahora han sido desestimadas.

El 20 de mayo de 2010, se realizó un nuevo juicio, esta vez, ante un tribunal de casación integrado por los magistrados José Alberto Vásquez, Flor Mireya Aguilar y Roberto Siqueiros Granados, en donde participaron como coadyuvantes Marisela Escobedo y la Lic. Lucha Castro.

El Tribunal de Casación anuló la sentencia absolutoria, emitió una sentencia contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra, condenándolo a 50 años de prisión, y giró una orden de aprehensión.

2. La Procuraduría General de la Republica y la Procuraduría del Estado de Chihuahua tuvieron más de 200 días para detener a Sergio Rafael, asesino de Rubí

Desde el 20 de mayo hasta el día en que Marisela fue asesinada, pasaron más de 200 días, tiempo que tuvo la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República para ejecutar la orden de aprehensión y detener a Sergio Rafael por el asesinato de Rubí.

Marisela constató, cuando acudió a las representaciones de la PGR en diversos estados, así como a las procuradurías locales que nadie lo estaban buscando y que no había acuerdos de cooperación. Incluso, en Zacatecas no tenían la orden de aprehensión, a pesar de que la Procuraduría la habría enviado a ese lugar.

En julio de 2010, ante la evidencia de que ninguna autoridad lo buscaba, Marisela acudió a la Ciudad de México para solicitar audiencia con el Presidente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez. Ambos se negaron a recibirla.

3. El gobierno federal y estatal fueron informados de las amenazas y vulnerabilidad en que se encontraba Marisela y fueron omisos en brindarle medidas de protección.

A finales de noviembre, 20 días antes de su asesinato, Marisela acudió a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en donde se entrevistó con funcionarios y les expuso su situación de vulnerabilidad y riesgo.

El 8 de diciembre, Marisela se entrevistó con el fiscal del estado de Chihuahua en donde nuevamente le informó sobre el riesgo en el que se encontraba por realizar ella misma las investigaciones que les correspondería hacer a la fiscalía.

El Estado mexicano hizo caso omiso. Recordemos que de conformidad con la Corte Interamericana y los estándares internacionales de derechos humanos, los estados son responsables por acción y también por omisión. Por ejemplo, en este caso, es evidente la falta de implementación de políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres en Juárez; la negativa para recibir inicialmente la denuncia de desaparición y posteriormente la negativa a buscar a Rubí y activar el protocolo alba para localizar a mujeres desaparecidas. Es clara la negligencia de los funcionarios federales y estatales que se negaron a brindar protección a Marisela, en un contexto de discriminación contra las mujeres y de grave riesgo.

Por eso, resulta insuficiente sancionar únicamente a los jueces del primer tribunal. El feminicidio de Marisela Escobedo es un crimen de estado, por el desprecio y graves omisiones del gobierno federal y estatal.

El mismo 8 de diciembre, después de entrevistarse con el fiscal general de Chihuahua, Marisela instaló un campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua y declaró “No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija”. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua en 2010.

4. Propuestas

Ante estos hechos, solicitamos a la ciudadanía a que llame, envíe correos electrónicos o mensajes de twitter en donde solicite al presidente Calderón (@felipecalderon) y al gobernador Duarte (@goberduarte) los siguientes petitorios:

* Investigar y sancionar los feminicidos de Rubí Fraye y Marisela Escobedo.
* Publicar los resultados de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubi Frayre Escobero.
* Reanudar los trabajos de la Comisión Interinstitucional y extensión de su mandato para revisar el feminicidio de Marisela a fin de responsabilizar a las/los funcionarios públicos omisos.
* Otorgar una reunión urgente con el Presidente de la República, Felipe Calderón, el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y el Fiscal, Óscar Salas.
* Implementar de inmediato medidas de protección y garantías para las defensoras de derechos humanos de Chihuahua, en especial para las integrantes de Justicia para Nuestras Hijas y el CEDEHM.
* Cumplir con las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero.
* Consultar con la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos, las iniciativas para reformar el sistema penal.

Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) agradecemos el abrazo solidario que estamos recibiendo de todo el mundo. Su compromiso nos apoya en la decisión que hemos tomado de honrar la memoria de nuestra compañera MARISELA, defensora de derechos humanos, continuando su lucha por el acceso a la justicia.

Lic. Luz Esthela Castro Rodríguez
Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
Avenida Juárez Número 4107 Col. Centro
Chihuahua, Chih, Mèxico.
Página Web: www.cedehm.org

EVITAN DECLARAR ALERTA DE GÉNERO POR FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO
· La violencia feminicidia no es un asunto prioritario para algunos Estados del país: el mensaje

Con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio.
Esta determinación -sin apego a una consciencia de género, a una responsabilidad ética y al respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas- se realizó ignorando todos los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y convenciones que nuestro país ha signado en la materia, así como pasando por alto la obligación de los Institutos de las Mujeres de todo el país para defender y promover los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Con esta decisión se demuestra que las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, no son un tema prioritario para la mayoría de los Estados, quienes lejos de atenderlo de manera inmediata y buscar establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, prefieren proteger los intereses políticos de sus gobernantes.
En la solicitud de alerta de género formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres se sustentó con información oficial del propio Estado de México (Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros) que demuestra que existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres, un patrón sistemático de violencia feminicida y un contexto de impunidad en estos casos.
Entre los alarmantes datos que se destacaron para sustentar la petición, se encuentran los proporcionados por la propia Procuraduría del estado de México que reportó 4773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010. De los 922 homicidios dolosos de mujeres, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.
La violencia feminicida documentada por los organismos mencionados se refiere a los 10 municipios más poblados siendo estos: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Cabe mencionar, además, que en el Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, el Estado de México es una de las tres entidades del país con los niveles más altos de violencia contra este sector.
A pesar de los argumentos sólidos y contundentes a favor de la declaración de alerta de género, la votación en la que participaron las Representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas, determinaron que la declaratoria era improcedente.
Quienes se opusieron irracionalmente e intransigentemente a la aprobación de la investigación preliminar a la declaratoria de alerta refirieron una supuesta falta de certeza de las estadísticas expuestas, manipulación de intereses partidistas, la utilización de las mujeres como un pretexto para atacar al Gobernador del Estado y una clara politización como trasfondo de este asunto.
La representante del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz Sánchez y la asesora jurídica de la entidad, lejos de argumentar razones de fondo, se concretaron a desacreditar las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalando que las acciones fueron sesgadas, pues la notificación sobre la solicitud de alerta fue realizada en días inhábiles y sin que se haya realizado una investigación a fondo sobre los señalamientos referidos por las organizaciones sociales. Estos fueron argumentos verdaderamente legaloides.
Por su parte, la Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher Camarena, defendió la procedencia de la solicitud presentada y aclaró que esta figura no es un enjuiciamiento para el estado de México ni para su gobernador sino un procedimiento administrativo preventivo y de investigación que busca inicialmente conformar un grupo de expertos y expertas en perspectiva de género que daría su opinión para que posteriormente se analizara la procedencia o no de la declaratoria de alerta de violencia de género. Así mismo, precisó enfáticamente que la investigación preliminar busca garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y que se concreta mediante el conjunto de acciones de emergencia que el gobierno, en su caso, implementaría para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Martha Lucía Mícher Camarena llamó la atención de la razón de ser de los institutos e instancias de las mujeres en los estados para defender y promover los derechos humanos de las mujeres, mismo que han costado una larga lucha de más de 30 años y llamó a no votar para incumplir la ley, sino para actuar en congruencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con los diversos tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres y de conformidad con la reciente sentencia dictada en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras “Campo Algodonero”.
La Representante del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México aclaró que la función de las y los representantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es la de defender los derechos de todas las mujeres, al margen de consideraciones partidistas y de intereses de gobierno. De igual forma, precisó que el sentido último de la alerta es precisamente buscar un acceso a la justicia pronta, efectiva y con la debida diligencia para las mujeres y niñas, es decir, facilitar -en un contexto de violencia sistemática- un mecanismo efectivo para hacer cesar las violaciones graves a los derechos de las mujeres y las niñas.
Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres está integrado por el Subsecretario de Gobernación, los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres e instancias y organismos autónomos del Gobierno Federal.
Las representantes que votaron en contra de la alerta fueron entre otros: Zacatecas, Aguas Calientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas; en tanto, entre quienes argumentaron su procedencia se encuentran además de este Instituto, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el de Jalisco, el Instituto Nacional de las Mujeres, FEVIMTRA, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, y finalmente hubo dos abstenciones que corresponden a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los Estados de Baja California y Guanajuato.
La alerta de género, de acuerdo con la Ley de Acceso, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. De haberse aprobado, el Gobierno del Estado de México tendría la obligación de implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta, entre otras medidas; sin embargo, al ser declarada como improcedente, el Gobierno mexiquense no está obligado a realizarlas, en perjuicio de las mexiquenses.
Para el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la negativa para iniciar el proceso de investigación de los hechos evidenciados por las organizaciones sociales sobre la violencia feminicida en el Estado de México, constituye una afrenta que perpetúa el riesgo y la impunidad en el que ya viven las mujeres en el Estado de México.
¿Cómo se puede justificar el incumplimiento de la Ley ante un panorama tan evidente y desolador de violencia sistemática para las mujeres y niñas del Estado de México? ¿Qué duelo se puede elaborar por los familiares ante la reafirmación de la impunidad y la falta de interés por erradicar esta problemática?

WIKILEAKS
El gobierno estadounidense pide a Twitter que entregue información personal sobre usuarios relacionados con Wikileaks

Reporteros sin Fronteras denuncia el acoso del gobierno estadounidense en contra de WikiLeaks y de sus colaboradores. En efecto, un tribunal del distrito de Alexandria (Virginia), dirigió el 14 de diciembre de 2010, una conminación a Twitter, firmada por la jueza Theresa Buchanan, en la que pide información « pertinente » sobre los usuarios que podrían estar relacionados con el sitio Web Wikileaks, en el marco de una « investigación criminal en curso ».
La información solicitada, desde el 1 de noviembre de 2009 a la fecha de emisión de la conminación, conciernen a Julian Assange, fundador de Wikileaks, Bradley Manning, sospechoso de pasar los cables diplomáticos al sitio Web, Rop Gonggrijp, ex colaborador de Wikileaks, Jacob Appelbaum, programador estadounidense, y Brigitta Jonsdottir (@birgittaj), diputada islandesa y ex voluntaria de Wikileaks.

« Tras las presiones ejercidas sobre Paypal, Visa, MasterCard y Amazon, el gobierno estadounidense aumenta el ensañamiento contra Wikileaks y sus colaboradores. El gobierno federal busca a toda costa abrir una investigación criminal, lamenta Reporteros sin Fronteras. Tal forma de proceder representa ’un grave perjuicio’ a la protección de datos personales por parte de la administración Obama, quien afirmó en varias ocasiones ser favorable a la libertad de expresión en línea ».
En una carta dirigida al presidente Obama y al fiscal general Eric Holder, Reporteros sin Fronteras ya solicitó a las autoridades estadounidenses que renunciasen a perseguir a Wikileaks y a sus colaboradores, argumentando que la « publicación de información – aunque fuera clasificada – por parte de Wikileaks y de los cinco medios de comunicación asociados, constituye una actividad periodística de información al público y por lo tanto se acoge a la Primera Enmienda ». Así pues, Reporteros sin Fronteras pide al gobierno estadounidense, en nombre de los principios constitucionales fundamentales, que renuncie a conseguir estos datos personales y que cierre esta investigación.

Mark Stephens, uno de los abogados de Julian Assange, afirma que esta nueva acción traduce « la desesperación de los Estados Unidos por pillar a toda costa » a su cliente por « crimen ».
La magnitud de la información solicitada por la justicia estadounidense es impresionante. Vienen incluidos : las grabaciones de tweets o conversaciones entre usuarios, direcciones IP, email y postal de las personas incriminadas, así como las formas y fuentes de pago, en particular con los datos bancarios. Al acceder a los intercambios entre usuarios y a la opción de co-gestioń de algunas cuentas, las autoridades estadounidenses tienen la posibilidad de hacer mayor su campo de « sospechosos » en el caso Wikileaks.
Reporteros sin Fronteras saluda la inicitaiva de Twitter al informar a los usuarios del procedimiento en curso. En un primer momento, las autoridades le ordenaron a Twitter que mantuviese la información en secreto y que no avisasen a los usiarios concernidos. Después de lo que parece ser una « batalla jurídica », Twitter consiguió el permiso, el 5 de enero de 2011, para avisar a los internautas incriminados. El Sitio Web afirmó que sin la existencia de un procedimiento jurídico por parte de los usuarios concernidos para oponerse al requerimiento de los Estados Unidos, o bien sin un acuerdo amistoso en un plazo de diez días, estará obligado a entregar los datos.

La diputada islandesa Brigitta Jonsdottir afirmó que nunca entregaría tal información de forma « voluntaria » a la justicia estadounidense. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, declara : « Espero que no se piensen que soy tan ingenua como para publicar en mi cuenta Twitter mensajes importantes o que me podrían incriminar ». Ya afirmó haberse puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés, y haber solicitado una cita con el embajador de Estado Unidos en Reykjavik. El ministro de Interior islandés declaró que la forma de proceder de los estadounidneses llegaba a ser « grave e inquietante ».
Wikileaks considera que se podrán haber dirigido conminaciones similares a Facebook y Google, los cuales de momento no han comentado el caso. La página en Facebook del sitio Web cuenta ya con más de 1,5 millones de « fans » y su cuenta en Twitter interesa a más de 600 000 internautas.

Consultar el artículo: http://es.rsf.org/estados-unidos-el-gobierno-estadounidense-pide-a-11-01-2011,39271.html
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WIKILEAKS
Justice department ordered Twitter to hand over details of users linked to WikiLeaks

Reporters Without Borders deplores the US Department of Justice’s apparent determination to prosecute WikiLeaks and its leading supporters. It has emerged that a district court in Alexandria, Virginia, sent Twitter a subpoena signed by federal magistrate Theresa Buchanan on 14 December asking for “relevant” information about users suspected of links with WikiLeaks for an “ongoing criminal investigation.”

The subpoena requests information dating back to November 2009 about WikiLeaks founder Julian Assange, Bradley Manning, the US army private who is being held on suspicion of leaking the US diplomatic cables to Assange; Rop Gonggrijp, a Dutch citizen who used to work with WikiLeaks; Jacob Appelbaum, a US computer programmer; and Birgitta Jonsdottir, a member of the Icelandic parliament and former WikiLeaks volunteer.

“After exerting pressure on Paypal, Visa, MasterCard and Amazon, the US government is now stepping up its harassment of WikiLeaks and its supporters,” Reporters Without Borders said. “The federal government is trying at all costs to pursue a criminal investigation. This constitutes a serious breach of personal data protection by the Obama administration, which has repeatedly proclaimed its support for online free expression.”

Reporters Without Borders wrote to President Obama and Attorney General Eric Holder in mid-December urging them not to prosecute Assange and others linked to his website on the grounds that “the publication of information by WikiLeaks and five associated newspapers was a journalistic activity protected by the First Amendment, even if the information was classified.”

Reporters Without Borders now calls on the US government to abandon its attempt to obtain this personal data and to close this investigation for the sake of fundamental constitutional principles.

Mark Stephens, one of Assange’s lawyers, said the subpoena shows how desperate US officials are to pin a crime on Assange.

The range of information requested from Twitter by the Department of Justice is extraordinary. It includes all the records of Tweets and conversations between users, IP addresses, email addresses and postal addresses, and all “means and source of payment” including bank account and credit card details. Access to exchanges between users and the possibility of accounts being jointly managed mean investigators will have the chance to identify new “suspects.”

Reporters Without Borders hails Twitter’s decision to notify the users who are the target of the investigation. The authorities initially ordered Twitter to say nothing about the court order but after what appears to have been a legal battle, the microblogging service obtained the court’s permission on 5 January to notify the targeted users.

In an email to the users who are being investigated, Twitter said it would have to surrender the requested records within 10 days unless it received notice that a legal motion had been filed to block the court order.

Jonsdottir, the Icelandic parliamentarian, said she would never surrender her personal data to the US Department of Justice voluntarily. In a message posted on Twitter, she said: “I hope they don’t think I am so naive that I would be doing any sort of messaging through the Twitter board of any significance or (that would be) incriminating.”

She added that she had contacted Iceland’s justice minister and had requested a meeting with the US ambassador in Reykjavik. The Icelandic interior minister described the US government’s actions as “serious and worrying.”

WikiLeaks thinks similar subpoenas may have been sent to Facebook and Google, which have not yet issued any statement. The WikiLeaks Facebook page has more than 1.5 million “fans” while its Twitter account has more than 600,000 followers.

Read the article: http://en.rsf.org/united-states-justice-department-ordered-twitter-11-01-2011,39270.html

CONAPRED CONCLUYE PROCEDIMIENTOS DE MINISTROS DE CULTO
DE LA IGLESIA CATÓLICA

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluyó los expedientes de queja que se abrieron a solicitud de diversos peticionarios en contra de los ministros de culto: Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Cardenal Norberto Rivera Carrera y el padre Hugo Valdemar Romero, por diversas declaraciones en el marco del debate y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En relación al expediente referido al Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo de México y del Sacerdote Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, este Consejo recibió respuesta rechazando participar en el proceso de conciliación previsto en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). En esa respuesta se argumentó su derecho al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, y su perspectiva de no haber violado el derecho a la No discriminación.

No obstante, ambos ministros de culto aceptaron tener un diálogo con autoridades del Conapred, así como que la oficina de la Arquidiócesis Primada de México emita un comunicado público en el que se exprese su posición en relación a los matrimonios entre personas del mismo sexo y su postura de respeto a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

Por otra parte, en el caso del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Arzobispo de Guadalajara, este Consejo no recibió respuesta alguna a las diversas notificaciones que se le enviaron para solicitarle información e invitarle a participar en el proceso de conciliación. En el oficio de conclusión de este procedimiento, y con base en la información recibida del caso, el Conapred calificó como acto de discriminación las expresiones emitidas por el Arzobispo de Guadalajara, ya que éstas pueden promover la homofobia y repercutir en el ejercicio de derechos y libertades en condición de igualdad, tal como lo señala el Artículo 9, Fracción XV de la LFPED.

Este Consejo reconoce plenamente el derecho que las Iglesias tienen para expresar ante la opinión pública sus puntos de vista sobre los asuntos que interesan a toda la sociedad, como es el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar. Pero también el límite legal, establecido en el artículo sexto constitucional, que tiene el ejercicio de la libertad de expresión con respecto a los derechos de terceros, por lo cual no se pueden justificar expresiones que atenten contra la dignidad de las personas.

La defensa de la igualdad y de la dignidad de todas las personas no sólo es el centro de las democracias constitucionales, sino también parte fundamental de la doctrina de muchas religiones. La propia Iglesia Católica lo expresa en la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, emitida por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en su número 9 dice:

“Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen. Revelan una falta de respeto por los demás, que lesiona unos principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil. La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones.”

De igual manera el Catecismo de la Iglesia Católica señala en su número 2358 que las personas homosexuales “Deben ser acogidos con respeto (…). Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”.

Este Consejo expresa la preocupación por todo tipo de manifestaciones contrarias a la dignidad de las personas, así como por la falta de respuesta a los procesos establecidos en la legislación vigente. Ambas conductas afectan la posibilidad de una sociedad plenamente democrática, incluyente y justa.

Conapred exhorta, y seguirá haciéndolo a través de la búsqueda de procesos de diálogo con representantes de la iglesia Católica y de otras iglesias, a promover espacios y prácticas de igualdad, pues en el marco de un Estado democrático y de Derecho, la defensa de la dignidad de las personas es responsabilidad compartida de todas las personas, y de todos los grupos sociales.

Plan b
Tomemos las calles de México
Lydia Cacho

Lo primero que pregunta un turista al llegar a México es ¿y hasta que hora es seguro caminar por aquí? En algunos estados simplemente antes de viajar preguntan si es seguro salir del hotel. Las gente de  fuera no es la única que pregunta si los espacios públicos siguen siendo aptos para el disfrute y la tranquilidad.
Difícilmente hablamos de los efectos secundarios de la violencia como la que estamos viviendo, en la que poco a poco normalizamos el horror y el dolor ajeno. Uno de esos efectos es justamente el abandono, tanto físico  como emocional de los espacios públicos, las plazas, las calles, los zócalos. Salimos a caminar por necesidad o por rebelión ante asuntos  de interés público, pero difícilmente ocupamos masivamente los espacios vitales para rescatar nuestro derecho a la tranquilidad, a la salud y al bienestar, ya no desde el enojo sino desde la armonía. Un experimento se llevará a cabo en las siguientes semanas en nuestro país y comenzará en la Ciudad de México, para eventualmente dar la vuelta a toda la República.
La reconocida documentalista Natalia Gil  nos convoca a un proyecto de manejo del miedo con clases de yoga masivas en el zócalo de la Capital del país. Y no es un proyecto menor. En Nueva York, en Toronto y en Barcelona se ha demostrado que  las clases de yoga masivas, gratuitas, en espacios públicos tienen un efecto directo en la salud individual y colectiva, en la energía social, en rescatar esa sensación de que el país y sus calles también nos pertenecen para el gozo, para la tranquilidad, para la convivencia entre el silencio y la paz. Digamos que  se trata de un rescate no discursivo de la armonía. Así como se instauraron las tardes de danzón en varios estados de México hace décadas, ahora tendremos mañanas de yoga.
Hacer yoga mejora la condición física, aporta flexibilidad (no solamente muscular sino también emocional) relajación mental y disciplina. Además está claro que fomenta la auto observación, baja la ansiedad y mejora la salud. En Nueva York este proyecto convocó a más de diez mil personas y sus efectos sociales fueron notables.
Es por eso que Natalia ha reunido a un grupo de maestras y maestros de yoga de primera, y durante seis domingos de las 8 a las 10 de la mañana convocarán  a tanta gente como sea posible para  hacer yoga guiada por las y los mejores profesores de México como Ana Desvignes, Amado Cavazos, Marcos Jassan, Pablo Quiroga y Andrea Borbolla entre otras. La convocatoria es para mujeres y hombres de todas las edades, los niños y niñas aprenderán también. Basta  vestir ropa muy ligera y cómoda, llevar un tapete de yoga o una colchoneta o toalla grande y cada cual su botella de agua. Nos vemos el domingo en el zócalo y después en el resto del país. Para seguirlo en twitter busque NamasteMX.

ATAQUE POLICIACO AL REFUGIO PARA MUJERES Y NIN@S CIAM CANCÚN*

LLAMADO URGENTE     Mayo 31 2010

Cruz Antonio García Javier, policía motopatrullero de Seguridad Pública Benito Juárez, Cancún Quintana Roo, llegó a las instalaciones de CIAM Cancún a las 11:20 am del lunes 31 de mayo. Vestido de civil, armado, acompañado de su madre en una camioneta verde Voyager placas 3722 UXC y de cinco policías uniformados con camisa negra y pantalón negro, botas militares y gorra negra, cada uno en motopatrullas oficiales y armados rodearon las puertas del refugio para mujeres y niños víctimas de violencia extrema.
El oficial Alberto García uniformado con pantalón beige y camisa blanca con insignias de la policía de tránsito tocó la puerta de las instalaciones y dijo saber que la señora Y.M.D estaba refugiada y que ellos venían por ella, que se las debíamos entregar porque acusaría a la institución de secuestro. El personal de refugio se negó  a darle la entrada a pesar de que intentó utilizar su identificación policiaca para forzar su entrada.
El policía Cruz Antonio García Javier y otro agente de nombre desconocido patearon las puertas de la instalación profiriendo amenazas de muerte contra el equipo y advirtieron a las defensoras de derechos humanos que la policía tomará el refugio de no obedecer a sus amenazas. Todos los policías estaban ostensiblemente armados. CIAM Cancún cuenta con el video grabado de dicho ataque. Ninguno de los agentes llevaba consigo ordenes judiciales, por tanto consideramos este una actuación todas luces ilegal cuyo fin fue amenazar y amedrentar a las defensoras de derechos humanos para eviatr que den protección a las víctimas que así lo ha requerido libremente.

Y. M.D.I víctima del agresor Cruz Antonio García Javier tiene 29 años de edad y a lo largo de los últimos seis años ha sufrido violencia física, psicológica y patrimonial. Pidió ayuda a esta institución luego de haber sufrido una golpiza por parte de su esposo, golpes con la plancha metálica, fractura de nariz, ahorcamiento con inflamación de laringe e intento de homicidio. Las dos veces que intentó denunciar a su agresor éste utilizó sus influencias para evitar se consignara la denuncia.

Cuando nuestra institución CIAM Cancún A.C la rescató Y.M.D tenía cinco días de haber parido y  presentaba graves hematomas en brazos y espalda producto de golpes y patadas. Durante la última golpiza la mujer cargaba a su bebé recién nacido y el otro niño de 3 años 7 meses intervino suplicando a su padre que no matara a su mamá.
Cuando fue rescatada por CIAM Cancún A.C, el policía agresor, en estado de ebriedad y aun portando su uniforme y armado la amenazó de muerte. Esta institución cuenta con testigos y evidencias, así como peritajes médicos de la gravedad de las agresiones perpetradas por el agente policíaco, entre ellas mensajes a su teléfono celular advirtiendo que tenían secuestrada a una persona de su familia y que si no vuelve con él asesinará a su familiar.
CIAM Cancún A.C llevó a  cabo el protocolo de salud pediátrica y tanto el bebé recién nacido como los dos pequeños de 3 años 7 meses y de 1 año 10 meses y la madre, todos presentan serios problemas de desnutrición a causa de que el padre se negaba a darles de comer y en diversas ocasiones los menores sólo comían una vez al día. El agresor le prohibió trabajar a partir de que se unieron hace 6 años, por tanto la mujer tenía dependencia total, alimentaria, económica y patrimonial. Tanto la madre como los tres niñas han recibido atención psicológica y presentan evidencias de estrés postraumático y depresión. La familia de la usuaria del CIAM ha sido amenazada de muerte por el policía y esta institución teme por su vida ya que el agresor porta un arma oficial y ha dado muestras reiteradas de violencia desorbitada que se incrementa cuando se encuentra en estado de ebriedad.
El equipo jurídico de CIAM Cancún se encuentra en etapa de preparación del expediente para demanda de la víctima en contra del agresor, anteponiendo siempre el bienestar psicológico de la usuaria de nuestros servicios.

Mientras se escribía este comunicado a las 17 hrs dos sujetos que aseguraron pertenecer a la PGJQROO en calidad de Ministerio Público, se presentaron en las instalaciones de CIAM Cancún, se negaron a identificarse oficialmente y dijeron que harán un cateo del refugio por secuestro. A través del sistema de  seguridad pudimos ver que los supuestos agentes ocultaban al agresor Cruz Antonio García Javier y hablaron con él. Inmediatamente se dio aviso al Subprocurador de Justicia de la Zona Norte el Lic. Rodolfo García Pliego con el fin de averiguar si estos sujetos pertenecen o no a dicha institución ya que carecían de órdenes de cateo y de documentación formal de cualquier tipo.
PERFIL DEL AGRESOR:
Nombre: Cruz Antonio García Javier
Profesión: policía motopatrullero de Seguridad Pública Benito Juárez, Cancún Quintana Roo, con base en Avenida Kabah.
Generales: Cabello negro corto rizado, corte militar. Nariz afilada, complexión robusta, piel morena. Ojos café claros cicatriz en lado izquierdo de la cabeza. Antecedentes penales: Se registró que estuvo preso en Tenosique, Tabasco por el delito de robo.

El CIAM cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en virtud de que en anteriores ocasiones han recibido amenazas y han  sufrido actos de hostigamiento por su labor de defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños. Es decir, que la Comisión solicitó al Estado mexicano adoptar medidas de protección para la salvaguarda de quienes confirman el CIAM. Resulta preocupante que un grupo de policías haciendo uso del nombre e institución o corporación, ostentándose con uniforme y arma de cargo se presenten de manera arbitraria a proferir agresiones y amenazas en contra del CIAM y de sus usuarias.

El CIAM hace un enérgico llamado al Presidente Municipal de Benito Juárez Cancún, Quintana Roo, para que en cumplimiento de su deber de control y mando implemente las medidas de prevención y de sanción en contra de los responsables de estas agresiones.

El CIAM hace un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar la vida e integridad de las usuarias que reivindican sus derechos a través del CIAM y a cumplir, respetar e implementar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las integrantes del CIAM. Las usuarias que solicitan refugio a nuestra institución lo hacen una vez que todas las vías posibles para su defensa y protección han sido agotadas y cuando su vida y la de sus hijos corre peligro por el poder de los agresores al considerarles de su propiedad. Este caso demuestra los alcances que la violencia de género tiene cuando los agresores utilizan a instrumentos propios del  Estado  para arrebatar la libertad a las mujeres y menores.

CIAM Cancún (Centro integral de Atención a las Mujeres A.C es una institución sin fines de lucro que desde el año 2000 ofrece atención multidisciplinaria, hogar temporal, capacitación laboral y prevención de violencia así como defensa jurídica a mujeres y niñ@s víctimas de violencia doméstica sexual y Trata de personas. Aunque ubicado en al Ciudad de Cancún da servicio al sureste mexicano. Su modelo de atención ha sido reconocido mundialmente con diversos premios y su personal capacita a especialistas en América Latina. Cuenta con un centro de atención de crisis y un refugio de alta seguridad. Pertenece a la Red Nacional de Refugios de México. Su fundadora y presidenta es la defensora de Derechos Humanos y periodista Lydia Cacho y cuenta con un equipo de 42 profesionales. Sólamente del 2007 al 2010  esta institución ha otorgado 105 mil servicios especializados y ha rescatado a  mujeres y menores en situación de alto riesgo ayudándoles a reconstruir su vida y su salud. Su trabajo de prevención ha llegado a más de 200 mil personas, las campañas  de prevención contra la trata sexual de niñas y niños ha tenido un gran éxito regional. Su proyecto de Educación para la paz y manejo de conflictos con niños y niñas de primarias públicas ha impactado positivamente a más de tres mil familias. CIAM Cancún participó con la OIM y otros nueve refugios del mundo en el desarrollo de un Manual internacional de buenas prácticas profesionales para atención de víctimas de trata de personas en Washington, D.C. en 2008.