Plan b

Adiós maestro de la Plaza Pública

Lydia Cacho

Siempre que lo escuchaba hablar, arrojar con tono parsimonioso frases como flechas, verdades como tormentas, reflexiones como puertas abiertas al futuro, tuve la certeza de que el maestro Miguel Ángel Granados Chapa es muchas personas a la vez.

Abogado y periodista de profesión, doctor en historia, amigo solidario, hermano compasivo, crítico implacable, analista sereno, colega inagotable.

Construyó una escuela de periodismo sin muros y sin límites, la de la congruencia, y de ella hemos abrevado varias generaciones. Él nos enseñó a mirar con ojos nuevos temas viejos, desde 1977 tituló su columna Plaza Pública y hasta esta semana ha sido un referente. Hace unos días dijo adiós en las páginas de su casa de los últimos años, el diario Reforma; Miguel Ángel se despide del periodismo mientras dice adiós a una vida bien vivida.

Su pluma descubrió y perfiló un estilo de periodismo de opinión profesional, pulcro y sin ambages desde Reforma, Excélsior, en la revista Proceso, en Unomásuno, La Jornada y El Financiero, entre otros. Su voz inconfundible parsimoniosa y contundente nos explicó las muchas historias que constituyen la gran Historia moderna mexicana; en Canal 11, en Radio Educación, en Radio y TVUNAM supimos siempre que estaba allí para compartir sus ideas en un largo conversatorio, casi alérgico a los exabruptos y abocado a la búsqueda de respuestas sin atisbo de esa egomanía tan usual en algunos patriarcas del periodismo nacional.

Las tres ocasiones en que recibió el Premio Nacional de Periodismo, aprovechó la tribuna para recordarnos el peligro del periodismo panfletario, habló para restituir la dignidad de quien en ese momento más necesitaba de la voz sólida del maestro: los grupos indígenas o la violencia contra las mujeres, niños y niñas; levantó la voz para señalar a los gobernantes que deben ser nombrados y juzgados por sus delitos. En 2008 recibió la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República y fue electo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ante ambas distinciones actuaba con una modestia auténtica de quien se sorprende ante el reconocimiento pero valora los afectos y la admiración por un trabajo digno y respetable.

Durante una reunión para celebrar el aniversario de su columna Plaza Pública, el maestro Granados Chapa, ya enfermo de cáncer, dijo que su retiro sólo sería provocado por la enfermedad o la muerte. A pesar de que los últimos años la enfermedad le acompañó como una sombra, por momentos desgarradora y durmiente en los mejores días, tuvo la lucidez de seguir esculcando entre las voces de la calle, no se le fue una sola noticia importante, no abandonó el análisis puntilloso de la guerra, ni el de los monopolios aplastantes, ni el de las violaciones de los derechos humanos. Tampoco enmudeció ante la corrupción individual y colectiva, ni cerró los ojos ante los ríos de sangre y la muerte con entregas a domicilio en todo el país. Hubiera podido hacerlo, ya le había dado al país y al periodismo más de lo que casi nadie ha dado.

Una tarde luego de un evento, le pregunté al maestro cómo lograba vencer el oprobio con tanta paz, cómo alcanzaba a reflexionar con tal precisión y certeza pacifista frente al dolor de la tragedia. Con esa voz de sabiduría cordial del que sabe lo que dice, respondió que el país nos necesita y nosotros necesitamos al país. Así de simple y llano, sin aspavientos emocionales. Yo sé que lo sostiene una preparación ejemplar, estudios formales, amor a la literatura, pasión por la escritura pulcra y trascendente y sus conocimientos jurídicos que le permitieron ayudarnos a tantas personas en momentos difíciles; pero antes y después de todo, lo fortalece la ética.

Como un roble añoso, este hombre valiente que escribió en 1996 el libro “¡Escuche Carlos Salinas!”, se desapega de las raíces que lo mantienen atado a esta vida, lo hace con la dignidad del maestro, con la certidumbre de quien hizo de su tarea cotidiana un ejemplo de congruencia y profesionalismo. En este momento en que el periodismo se tambalea entre la amenaza sangrienta, la autocensura hija del terror, o el oportunismo rapaz de las elites mediáticas, su voz hace eco y sus lecciones no se olvidan ni se diluyen; por el contrario se fortalecen más que nunca.

Es cierto que los méritos de Miguel Ángel Granados Chapa no salvan al país, pero sin duda hicieron una patria más fuerte, más digna y más humana. Gracias maestro.

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Plan b

Lydia Cacho

La mujer de sesenta años tomó tres camiones y caminó 8 kilómetros en el vía crucis de las víctimas de la guerra. Su hijo de 24 años le pidió que no fuera a ver a Don Sicilia, pues ya lo iba a recibir el lugarteniente 23 de los zetas que tiene el listado de desaparecidos de Durango, Tamaulipas y Coahuila. La madre tomó su rosario y fue a pedirle al poeta que le llevara su caso al presidente Calderón.

Después de tres años de suplicar ante el ministerio público (MP), de rogar al alcalde y de antesala con el gobernador, la madre de los dos jóvenes desaparecidos pensó que ahora si tendría suerte de ser la señaladas por la magnánima mano presidencial para resolver uno de los miles de casos de desapariciones ¿por qué no un milagro?. La negociación con el hijo fue clara: si no nos recibe el presidente pues le seguimos con los otros, pero que alguien nos ayude a encontrarlos.

Cuarenta mil personas asesinadas, cientos de desapariciones forzadas (llevadas a cabo por alguna autoridad) y miles de secuestros sin investigar, sin resolver. Y las marchas convocadas por Javier Sicilia unificaron el clamor de un país que ante la imposibilidad de obtener justicia se somete al espejismo del milagro. A la esperanza de que por alguna razón políticamente inexplicable, el Presidente Calderón haría un acto de contrición y pediría perdón a México y allí mismo, movido por un escapulario y por las lágrimas de las madres, anunciaría el retiro de las tropas y la acción efectiva del MP para investigar los miles de casos rezagados o ignorados por las procuradurías locales y federal en los últimos cinco años (por sólo hablar de los de la guerra).

Además de ser reportera, durante diez años he dirigido un refugio de alta seguridad para víctimas de violencia en el que he aprendido que por más que se trabaje en la defensa de las víctimas, sólo el 4.5% de los casos concluye en investigación  y de esos apenas el 2 por ciento llegan a un juez.

En 2004 (antes de la guerra y los 40 mil muertos) de los 11 millones novecientos mil delitos cometidos, sólo 1 millón y medio fueron reconocidos por el MP para ser investigados. Disculpe usted que me repita, de los casi doce millones de familias que acuden a  la autoridad a pedir “ayuda” para resolver los delitos, diez millones recibirán un portazo en las narices. Ahora súmele la guerra.

Pero más allá de los actos públicos, una tercera parte de las y los denunciantes en México dicen que luego de dos años no sucedió nada con su caso.  Los Mps a su vez, dicen que tienen rezago de 24 meses en los estados del norte. Según la SSP federal hay  426,600 policías en el país y sólo 36,600 dedicados a la investigación. Diez mil van al ejército y la marina; quedan 20,600 investigadores para todo México. Haga sus cuentas. El INACIPE dice que casi dos terceras partes de los casos se pierden en tribunales porque los MPs no saben redactar y el contenido de las denuncias es incomprensible para los jueces.

Las familias buscan a los gobernadores o al presidente porque por ley es el Ejecutivo quien legalmente tiene el control de los dos brazos operativos más importantes del sistema de persecución penal: el ministerio público y la procuraduría sólo obedecen al gobernador y al presidente.

Es práctica común de los gobernantes elegir a víctimas que desarrollan liderazgos sociales para convertirlas en aliadas, en merecedoras del dialogo patriarcal, en “asesoras”; para neutralizar su poder de movilización y su fuerza moral. No es casualidad que Calderón, en su encuentro con Sicilia, abrazara a la madre que suplicó y no a la que habló desde la dignidad y la igualdad. Buscar el diálogo es importante, reconocer la carga política e histórica que dichos encuentros lo es también. Pero sería grave que concluyan en actos de intervención presidencial caso por caso, y no en cambios estructurales para los 12 millones de personas rechazadas por la justicia.

Lo cierto es que cada quién tiene su agenda, las madres y los padres vuelven a sus tierras desoladas, donde la autoridad paralela les espera ofreciéndoles resolver lo que el Sistema no puede. Es eso lo que nos recuerda que los discursos sobre reconstruir el tejido social deben ir de la mano de la clarificación de nuevas estrategias de Estado que faciliten y transparenten la impartición de justicia, porque mientras la sociedad, toda, no logre sentirse segura y saber que debe obedecer la ley porque la ley le protege, buscará otros caminos que seguirán debilitando al país entero.

Mientras no seamos capaces, junto al Estado, de exigir que se implemente y practique la igualdad, porque beneficia a todos y todas, y saber que la sociedad debe y puede educarse para vivir libre, sana y sin violencia, no avanzaremos. Por eso vale la pena discutir sin miedo lo que la guerra ocasiona, pero también lo que la guerra oculta. De otra manera los creyentes seguirán rezando por un milagro que nunca llegará.

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Las encuestas sobre violencia que durante años ha llevado a cabo el ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C) han ayudado a periodistas y personas de la academia a informarse adecuadamente sobre el impacto real de la violencia en México. En este texto, Federico Reyes Heroles explica cómo el INEGI en colusión con  los gobiernos estatales y el federal ha mentido intencionalmente para obtener cifras alegres que confunden y engañan.

Federico Reyes Heroles

Las preguntas avasallan. Cómo explicar que, según los datos del INEGI, en el 2009 la criminalidad en México bajó con relación a los años anteriores. Difícil creerlo cuando se tienen en mente situaciones como las que se han vivido en Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, casos ya emblemáticos. Pero cómo olvidar Morelos o Nuevo León, que se han sumado a la lista de entidades violentas. Hay más curiosidades, quizá lo más asombroso del estudio es que los mexicanos súbitamente denunciaron más, tuvieron más confianza en las instituciones y en las acciones de investigación. Se denunciaba en promedio uno de cada cinco delitos cometidos, pero de nuevo, según el INEGI, en el 2009 hubo menos delitos y más denuncias. Por lo pronto es extraño. Se necesitan explicaciones. Pero las sorpresas no terminan ahí.

Cómo explicar que el número de hogares mexicanos con víctimas aumente, ¡pero las víctimas disminuyan en más del 10%! Va de nuevo, menos delitos pero más hogares con víctimas, pero a la vez hubo menos víctimas y más denuncias. Si el lector se empieza a confundir, va por buen camino. Porque el asunto es más complicado. Se sabe que en Tamaulipas y Chihuahua levantar encuestas, sobre todo las de criminalidad, es cada día más difícil. Por eso el estudio previo, a cargo del ICESI, no presentó datos de Tamaulipas, porque no hubo condiciones adecuadas. Pero el INEGI, un año después, ya no encontró esas dificultades, o ya no las reportó, a pesar de que más del 70% de las viviendas se encontraba en condición de área insegura. De nuevo, qué curioso, en el remoto 2007, cuando la violencia apenas mostraba su rostro, en Tamaulipas se reportaron casi 14 mil delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, increíble, en el 2009 el INEGI reporta sólo 5 mil 400. Otra reducción a un tercio en dos años y Tamaulipas será como Suiza. Pero hay más, tanto en Tamaulipas como en Chihuahua se registró un altísimo porcentaje de viviendas deshabitadas, 27.5% y 45% respectivamente. Ese dato en sí mismo es alarmante, pero el INEGI no lo consideró así, tampoco que en Tamaulipas casi un 19% de los encuestadores no pudieran aplicar el cuestionario y que hubo un 33.5% de no respuesta.

Pero ahí no termina el galimatías, ahora resulta que según el INEGI, ¡Yucatán es mucho más inseguro que Guerrero o Tamaulipas! Cómo estarán las cosas en Chihuahua que, con 45% de viviendas deshabitadas, se registraron casi 12 mil delitos por 100 mil habitantes. Hay más. Uno de los datos más relevantes de las encuestas victimológicas es medir la impunidad, pero en el reporte del INEGI se les olvidó o no consideraron relevante que un 32% de los encuestados declarara que no había ocurrido nada con las denuncias presentadas, según se infiere de los propios datos del estudio.

Otro dato central de una encuesta victimológica es detectar la llamada “cifra negra”, es decir los delitos cometidos pero no denunciados por las víctimas. Ese dato se consigue con un reactivo muy sencillo avalado por Naciones Unidas. En el último año, ¿usted o su familia ha sido víctima de algún delito, Sí o NO? Así de llano. Si fue víctima, ¿lo denunció, SÍ o NO? Punto. Pero en el INEGI se pensó que esa fórmula internacional ya no era buena y la cambiaron: “Si usted o su familia fuera víctima de un robo en la vía pública o en su casa, ¿acudiría a una autoridad de seguridad pública a denunciarlo? Genial, dos condicionantes, ser víctima y denunciarlo. Según el INEGI un 81% de los mexicanos respondió afirmativamente. De la noche a la mañana la historia cambió, de alrededor de 80% de delitos no denunciados como constante pasamos a 81% de intención de denuncia y justo en estos momentos. ¡No podría haber dato más esperanzador! Pero, ¿será real?

Las encuestas de victimización recogen hechos, no percepciones. Pero el INEGI consideró que ésa era una mala idea y por ello introdujo otras preguntas. Ahora se afirma que el 70% de los mexicanos piensa que los delincuentes serán castigados. Todos los registros previos que se tienen de falta de confianza en las instituciones, sobre todo en las instancias de investigación, en los ministerios públicos, de pronto se revierten en el estudio del INEGI. Falta el remate, al preguntar a las víctimas de delitos, el INEGI incluyó a todos, faltaba más, incluso a las personas que fueron víctimas de homicidio. ¡Hablaron los muertos! Si el lector está molesto y ofendido, comparto el sentimiento.

El INEGI no hacía este tipo de encuestas. Fue por ello que hace ocho años se tuvo que crear el ICESI. Pero al gobierno de Calderón y a ciertos gobernadores, los datos del ICESI les incomodaron. Fue por eso que se decidió despojar con mañas al ICESI de la rectoría del estudio. Esto ya no es un asunto técnico. Ocultar, maquillar, desvirtuar, callar son acciones humanas con una definición ética, es una cuestión de principios, de honestidad. O se está de un lado o se está del otro. Parece que Calderón ya optó.

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Artículo publicado en el periódico Reforma el martes 14 de diciembre de 2010.

Un guerrillero en Quintana Roo

Lydia Cacho

“No me preocupa ni me mete miedo, al contrario, me da risa; me pongo a pensar que de verdad esos cabrones me tienen miedo”; dijo en general Carlos Bibiano Villa, nuevo Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, al referirse a los Zetas. Ese militar de 62 años que confesó hace un mes asesinar a mujeres y hombres bajo sospecha de pertenecer a grupos criminales http://www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol, es el mismo que, luego de recibir órdenes, envió a los medios una carta disculpándose por el lenguaje en su entrevista, argumentando que él defiende los derechos humanos y cumple la ley. El gobernador Roberto Borge declaró que sí le cree a Bibiano, “Me lo recomendaron la Sedena e Isabel Arvide”, ha dicho el joven priísta sin retirar sus pulgares y la mirada de su Blackberry.

Y hay que poner atención, porque desde Chihuahua hasta la península de Yucatán, estos militares toman los cuerpos policíacos para implementar estrategias de guerra en un país, que ya ha dicho Calderón, “no está en guerra”. Entonces  ¿Qué hace el general Bibiano en Quintana Roo? Hace unos días explicó que  para desarrollar aquí su misión trajo un equipo con tecnología de punta, con valor de más de 4 millones de pesos, que pagó de su bolsillo; tiene capacidad para interceptar llamadas, detectar movimientos “y otras cosas que mejor no digo, son secretos de guerra”.En una advertencia de opacidad monumental ha dicho “en la guerra no se pide permiso, se interviene y ya”.

El mismo que hace unas semanas sonreía afable asegurándonos que  viene tras “los malandros y los cochinos”, dijo “lo mío es la guerrilla urbana”. Es experto en telecomunicaciones, entró al Ejército a los 16 años, recibió adiestramiento especial en inteligencia y contrainteligencia en Israel; tiene dos licenciaturas y una maestría, y sus declaraciones no son una casualidad. Este militar viene con mano dura a un estado que, durante dos décadas, ha trabajado por una cultura de derechos humanos al margen de gobiernos corruptos y ambiciosos.

La guerrilla urbana del general es una táctica bélica que suele ser adoptada por los grupos de combatientes que se encuentran en desventaja frente a fuerzas militares bien organizadas (en este caso los Zetas). Consiste en evitar confrontaciones abiertas con las tropas enemigas, buscando pequeños combates en los que no exista superioridad numérica, así como actos de sabotaje. La meta es causar el mayor número de bajas (homicidios) posibles, para debilitar al enemigo.

Para los militares entrenados en técnicas de guerrilla urbana, dos cosas son imprescindibles, dice un colega de Bibiano: considerar que el enemigo está en todas partes y actuar sin previo aviso (sin jueces de por medio para intervenir líneas telefónicas o hacer detenciones arbitrarias).

El gobernador Mario Villanueva abrió al puerta al narco y las negociaciones se han mantenido estables con los sucesores. Los responsables de seguridad del aeropuerto han dicho que no trabajarán con Bibiano, puesto que él es responsable de la policía preventiva y de fortalecer la seguridad pública y no tienen reconocimiento para trabajar en áreas federales, como el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

No puedo sino preguntarme ¿implementará la seguridad pública con guerrilla urbana? Sus desplantes nos hacen comprender que el general ignora que en Quintana Roo hubo 0.8% de ejecuciones mientras que en Chihuahua hubo 17.6; en cambio en Quintana Roo el delito de mayor incidencia es la violación con un 40.9%  comparado con el 19.6% de Chihuahua. Los índices delictivos más altos de Quintana Roo son por violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio imprudencial, robo y amenazas; es decir los dleitos del fuero común que no se abaten con tácticas de guerra. El narcomenudeo es similar al de otros estados turísticos y fronterizos. Todos los estudios indican que lo que le urge al estado es crear una cultura de paz y civilidad, mejorar el procedimiento penal, abatir la pobreza, fomentar un turismo ético, impulsar la cultura en políticas integrales de prevención del delito con jóvenes (para ello trabajan organizaciones civiles desde hace una década). Sin embargo un bravucón obsesionado con la guerra y el narco dice que “implementará la seguridad pública” con violencia en nuestros barrios.

No cabe la menor duda de que debe abordarse la violencia generada por el narco y sus cárteles; la naturaleza federal de estos delitos exige estrategias muy puntuales y transparentes a la vez, de la PGR y SIEDO, instituciones responsables de investigar y perseguir delitos federales contra la salud. Esta tarea no le corresponde a un Secretario de Seguridad Pública local,  en primer lugar porque en vez de fortalecer las instituciones las desvirtúa más al llevar a cabo trabajo de inteligencia militar que no está regulado ni avalado por las autoridades federales ni estatales;  en segundo lugar porque el hecho de que sea militar (retirado) no significa que haya pasado las pruebas de control de confianza federales, que exigen salud mental, honestidad, transparencia y apego a la ley, entre otros factores fundamentales. En tercer lugar porque la inestabilidad que la delincuencia organizada ha generado en las instituciones policacas, sólo se puede resarcir con trabajo de equipo, transparencia y apego a la legalidad. Lo que el general Bibiano Villa propone es lo contrario: trabajar solo porque desconfía de toda la gente local, incuidos los miembros del Consejo Estatal de Seguridad (amenazó a uno de ellos y se fue del estado), este consejo fue creado legalmente justo como contrapeso de los abusos del poder y para la transición hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal aprobado por el Congreso de la Unión en 2006. Por último Bibiano Villa no tiene ni el poder, ni la posibilidad y respaldo de investigar a  personal cercano a su propio jefe (el Gobernador de Quintana Roo) ni a los miembros de su gabinete, incluído el  Procurador de Justicia  (a quien investigaciones periodísticas y de SIEDO han señalado como negociador entre el gobierno estatal y los carteles.)

Yo vivo en quintana Roo desde 1986, tengo amistades que han huido de Playa del Carmen y Cancún por miedo a las amenazas y extorsiones de los Zetas, yo he recibido amenazas directas de ellos, y nuestro Centro de Atención a víctimas, que durante una década ha rescatado a cientos de sobrevivientes de violencia extrema, y defendido a víctimas de la delincuencia organizada, ha denunciado sistemáticamente el daño que el crimen organizado hace al tejido social. No cabe duda de que es urgente acotar al crimen organizado en quintana Roo, sin embargo la presencia del general Bibiano Villa, su discurso y el del gobernador Borge, son simple maquillaje para un problema claro que necesita de un abordaje multisectorial y transparente. Hay duficiente evidencia para demostrar que militares en retiro como Bibiano Villa no han hecho sino estragos en otros estados; asesinar presuntos culpables no es la respuesta, generar paz social y una cultura de legalidad y derechos humanos es la clave. En ese contexto la militarización policiaca resulta inaceptable, y el miedo no puede impedirnos decirlo en voz alta: la violencia no es el camino para la seguridad y la justicia.

www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi

Plan b*
Lydia Cacho

Adolescentes paraguayas como esclavas sexuales en elegantes bares de Cancún, albañiles nicaragüenses construyendo edificios en Tabasco, mujeres hondureñas limpiando casas en Mérida, miles de guatemaltecos asentados en Campeche en un remedo de sus pueblos de origen. Hombres y mujeres de origen cubano, desde la Riviera Maya hasta Veracruz haciendo un poco de todo para sobrevivir.
Desde Panamá y Costa Rica miles suben por Centroamérica, hasta cruzar por Quintana Roo y Chiapas en busca de trabajo en el comercio informal. Nunca como ahora habíamos visto con tal claridad el flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia México. Y lo hemos conocido por los ataques brutales de la Delincuencia Organizada. Ya conocíamos los dramas individuales que viven estas personas gracias a la valentía de un puñado de activistas pro-inmigrantes que rescatan cada año a miles de personas. Entre ellos el padre Alejando Solalinde en Oaxaca, quien ha sido un ejemplo de tesón contra la corrupción institucional.
Lo cierto es que la autoridad mexicana no ha sido capaz de entender y menos resolver las complejidades del problema. A lo largo de un siglo México ha permitido el flujo silencioso de personas de estos países en una suerte de hermandad implícita. Mientras investigaba las rutas mundiales de tráfico de personas, entrevisté a muchos agentes migratorios de diversos países. En México, para la mayoría de los agentes sureños del INM, dejar pasar ilegalmente a personas de América Central no representa un problema ético, hay una suerte de conmiseración real acompañada, en muchos casos, de una corrupción de facto. Es decir, si de cualquier manera van a cruzar, pues qué mejor que lo hagan de forma segura, por tanto, piensan, recibir un porcentaje de un traficante no representa un acto de inmoralidad, sino parte de un trámite paralelo. No consideran que cometen delitos (no pasan drogas, ni armas, sino personas desesperadas por una vida mejor); hay quienes incluso argumentan que es un acto humanitario (Hasta que caigan en manos de las mafias mexicanas más poderosas que nunca)
Aunque ciertamente las y los migrantes huyen de la pobreza extrema, de la violencia generada por el narcotráfico, escapan de maridos y padres violentos o van en busca de familiares que viven en los Estados Unidos, el problema es mucho más complejo. No son lo mismo los migrantes que salen de sus países buscando un futuro mexicano, donde miles de sus connacionales viven, que los transmigrantes que cruzan para llegar a los Estados Unidos o Canadá, o que quienes de plano buscan refugio en nuestro país huyendo de la violencia fronteriza de las Maras y los Zetas. No son lo mismo las víctimas de traficantes de indocumentados abusivos, que las victimas de trata de personas (aunque muchas de las que buscan polleros pasan por la explotación de tratantes sexuales en prostíbulos transfronterizos).
Desde fines del Siglo XIX los cafetaleros de Chiapas convirtieron a ese estado en el centro laboral para indocumentados guatemaltecos. En 1974 el gobierno mexicano dio cuenta por primera vez de la enorme población salvadoreña que habitaba la Capital de México y sólo entonces se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la ONU hizo presencia con la ACNUR, para proteger a las y los refugiados que cruzaban la frontera y que vivían en condiciones deplorables en campamentos de miseria en la frontera mexicana. Durante décadas habíamos mirado para otro lado cuando se hablaba de la migración centroamericana, asumiendo que éramos un mero territorio de paso.
Lo cierto es que este problema apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Ya la CEPAL había advertido que la crisis económica de Centroamérica en 2009 tendría serias repercusiones en los años por venir. La disminución de remesas, la baja en inversión extranjera por la crisis económica de los países inversionistas, aunada a la explosión de la delincuencia organizada, particularmente a los cárteles desde Colombia hasta México, prometían flujos de emigrantes hacia el norte. Lo que olvidamos, o al menos lo olvidó el Instituto Nacional de Migración, es que el Norte somos nosotros, no solamente Estados Unidos y Canadá.
Durante años los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, avalaron la explotación de migrantes y transmigrantes, otorgaron impunidad a las redes de traficantes, tratantes y secuestradores, ahora tomadas por los Zetas y otros cárteles. No hubo autoridad federal que les exigiera cuentas y que escuchara a la CEPAL.
Conocí a un centenar de hombres y mujeres expertos en Derechos Humanos que se han especializado en Trata de personas y trabajan en el INM, su honestidad y compromiso no bastan, el problema les rebasa por la derecha. Está claro que el Presidente se equivocó cuando entregó la titularidad de Migración a Cecilia Romero como una concesión a los grupos de derecha, haciendo abstracción total de la importancia estratégica que éste Instituto tendría en el sexenio. Otra vez nos enfrentamos a un problema heredado de décadas de impunidad priísta y fortalecido por la debilidad federal del sexenio panista. Estamos frente a una bomba de tiempo capaz de desestabilizar al sureste mexicano. Tras la crisis de Derechos Humanos de migrantes hay un asunto de Seguridad Nacional que no puede soslayarse, y está claro que la colaboración de la Sociedad Civil será determinante en este caso.
*Plan b es una columna semanal publicada los lunes en diarios de todo México.
www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi