Suprema Corte: indicios de culpabilidad de “Gober Precioso”

27 noviembre, 2006 por Lydia Cacho Ribeiro Publicado en Noticias | Sin comentarios »

En su edición del sábado 25 de noviembre, EL UNIVERSAL afirma que el ministro de la Suprema Corte , José de Jesús Gudiño Pelayo llegó a la conclusión de que existen “elementos indiciarios” sobre la posible participación del gobernador de Puebla, Mario Marín, en la violación grave de derechos individuales de la periodista Lydia Cacho.
Con base en este argumento, Gudiño Pelayo le propuso a sus compañeros del pleno concentrar la investigación de este caso únicamente en la participación del mandatario poblano en la detención de la periodista en diciembre del 2005. Llegó a la conclusión de que las líneas de investigación únicamente deben concentrarse en las violaciones a las garantías de la periodista, y no en indagar las redes de pederastia y pornografía infantil denunciadas por Lydia Cacho, porque este último escapa de la esfera de investigación de la Corte. Se espera que este último punto genere debate en la SCJN, porque desde septiembre el ministro Juan Silva Meza pidió que no sólo se investigara al gobernador sino, ante todo, por la importancia que tiene para la protección de los niños, las redes de pederastia y pornografía infantil denunciadas en el libro.
Gudiño asegura que existen “elementos indiciarios relativos a la posible participación del Gobierno del Estado de Puebla” y es necesario que se investigue a al gobernador y al responsable de la Procuraduría del Estado. Como parte de las líneas de investigación se plantea verificar si el gobernador ejerce algún control o da órdenes a jueces y magistrados, especialmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido.
En la corte existen dudas razonables sobre la forma en que actuó el magistrado Guillermo Pacheco en el caso de la periodista Lydia Cacho. Pero también de parte de Blanca Laura Villeda, procuradora, y de Rosa Celia Pérez, juez.
De comprobarse dicha participación, “implicaría un aprovechamiento ilegítimo del gobierno de un estado para perjudicar a una periodista, lo cual no sólo atenta contra el derecho fundamental de la libertad de expresión, sino también contra el orden constitucional y el respeto a nuestro estado de derecho”. La nota de es Carlos Áviles.

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