Unanimidad sospechosa

24 diciembre, 2007 por Lydia Cacho Ribeiro Publicado en Textos de [email protected] [email protected] | 3 Comentarios »

Publicado por Jaco Zabludovsky, en El Universal, el 24 de diciembre, 2007

Críticas en torno al caso Lydia Cacho podrían buscar equiparar el fallo con la declaración de inconstitucionalidad de la ley Televisa.

Durante un mes esperé algún desmentido al relato que hice en el Bucareli titulado “La función del rey”. Juan Carlos le habló al presidente Fox para defender a la compañía española CAF, descalificada en el concurso para construir el tren suburbano Cuautitlán-Buenavista, y Fox dio órdenes a Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes, que permitieron a CAF ganar lo perdido. La difusión que el artículo tuvo en España generó declaraciones de apoyo a su majestad cuya figura, en una especie de acuerdo tácito, respetan casi todos los medios españoles de información.

Destaca entre los apoyos al rey el editorial del boletín Las Noticias de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Dice en parte “los empresarios españoles… hemos valorado el servicio que lleva prestando nuestra monarquía a las empresas… Su majestad el rey está desarrollando, en defensa de los intereses empresariales, una importante tarea en Iberoamérica, una región que consideramos magnífica para poder invertir y desarrollar empresas”. Impecable. Ya lo habíamos dicho, el rey está en lo suyo y defiende a sus paisanos inversionistas. Eso no viola ninguna ley, pero tal vez no se pueda decir lo mismo de algunos personajes mexicanos.

Sin acusar a priori a nadie, sería conveniente que los señores Fox y Cerisola no esperaran la segunda parte del libro de sus voceros para explicarnos el proceso, seguramente inmaculado, que siguió la licitación para otorgar el contrato de 700 millones de dólares. Tal vez la llamada real sirvió para recordar que el socio minoritario de CAF, con algo así como 20%, era el grupo familiar Sánchez Alcántara, propietario alguna vez de los 8 mil autobuses de la compañía Estrella Blanca, deudor de 600 millones de pesos enviados al Fobaproa. En mayo de 2002, a nombre de Estrella Blanca, donó 50 autobuses a Vamos México. No fueron suficientes. En diciembre del mismo año donó otros 40. En todos los autobuses Estrella Blanca las pantallitas exhibían las obras de Fox y las muestras de caridad de doña Marta. Olvidaba un detalle: ingresó al grupo para ocupar un alto cargo ejecutivo a pesar de sus escasos 20 años, un joven llamado Vicente Fox de la Concha, conocido como Vicentillo, hijo del señor Fox y su primera esposa. Él y los Sánchez Alcántara salieron de la sociedad después de que CAF obtuvo el contrato y pasaron de útiles a incómodos.

Pero de lo que quería yo hablar en realidad es del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Lydia Cacho. En mi programa radiofónico De 1 a 3 del viernes 30 de noviembre dije: “La Suprema Corte ha perdido con este fallo todo lo ganado cuando declaró inconstitucional la nueva ley de radio y televisión”.

Hice una larga entrevista a la ministra Olga Sánchez Cordero: “La Corte no se pronunció sobre pederastas, no protegió a los pederastas. Esto es absolutamente falso, esto no estaba ni siquiera en las discusiones y esto no fue lo que resolvió la Corte, sino la interpretación constitucional del 16 en donde se establece que las comunicaciones obtenidas ilícitamente no pueden ser prueba plena”.

Ha pasado casi un mes y la crítica ha sido unánime. La unanimidad resulta sospechosa si abraza a las extremas derecha e izquierda. Como que algo anda mal cuando se ponen de acuerdo enemigos irreconciliables en otros temas políticos y jurídicos. Busco la causa lógica y me atrevo a aventurar una explicación razonable.

Quienes redactaron la tristemente famosa ley Televisa, sus empleados y testaferros en el Poder Legislativo, sus conductores en medios electrónicos, sus escritores en los impresos, sus intelectuales light que historian a la medida del cliente, cantan todos en el mismo coro. La intención puede ser demostrar que si lo de Lydia es un error garrafal, la declaración de inconstitucionalidad de la ley Televisa también pudo haberlo sido. Esta inducción puede producir dos consecuencias: la primera, abrir grietas en el rechazo popular a la ley Televisa y, segunda, facilitar el trabajo de los escribas que en lo oscurito reglamentan la ley para lograr, en la letra chiquita de los contratos públicos, la inutilidad práctica de la declaración de inconstitucionalidad. Moraleja: muy justo el repudio al fallo sobre Lydia, pero no nos distraigamos mientras los perdedores van por la revancha. En su reglamentación una ley puede fortalecerse o limitar su eficacia. Lo que ahora se discute no es tan llamativo como lo fue la declaración de la Corte en su momento, pero es igualmente importante. Quizá más, porque es una última oportunidad de contribuir a que la democracia mexicana no traicione su razón de ser: emanar de la voluntad popular permitiendo al ciudadano acceder a los medios masivos para hacer escuchar su voz e impedir, al mismo tiempo, que sigan o vuelvan a ser utilizados en la defensa de pequeños grupos privilegiados, cuya avidez de dinero no conoce límites.

Pero mientras unos llevan agua revuelta a su molino, el licenciado Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la SCJN, en su informe anual dijo hace 10 días: “Una justicia moderna —digna del siglo XXI—, comprometida con la democracia constitucional y con el estado de derecho, debe ser firme a las presiones, opiniones y manifestaciones, pues sólo de esa manera se puede garantizar la supremacía de la Constitución”. El mismo día, doña Alicia Pérez Duarte, fiscal especial para la Atención de Delitos contra las Mujeres, emitió su propio fallo: “Me avergüenzo de su actuación… es un atentado a la dignidad… todavía estamos sometidos a poderes de grupos y redes que prevalecen sobre la justicia, que tienen la capacidad de prostituirla”. Y renunció a su cargo.

La protesta terminaría si el presidente Ortiz explicara qué entiende por “una justicia moderna, digna del siglo XXI”, y la diferencia con los enunciados fundamentales y clásicos del derecho romano y de Justiniano. La justicia y el derecho positivo son dos conceptos distintos. Falló el fallo y falla la explicación.

3 Respuestas a “Unanimidad sospechosa”

  1. america gomez dice:

    Magnifico!!!
    Que puntualidad para describir la terrible realidad de la justicia mexicana, que bueno que usted sigue conservando su dignidad y no ha decidido venderse; lo malo para mi es que no vivo en Mexico y muy pocas veces encuentro textos suyos, los cuales son un tesoro entre toda esta podredumbre

    Es un orgullo para Mexico contar con usted

    America Gomez
    Dalton, Georgia EEUU

  2. america gomez dice:

    Perdon, mi comentario anterior era para el honorable senor Jacobo Zabludovsky.

    Pero aprovecho para felicitar a Lydia Cacho por su etica y compromiso con la verdad y la justicia. Es un aliciente para mi como mujer saber de su lucha, ya que aqui en Estados estoy luchando a favor de la comunidad inmigrante; la injusticia tiene muchas caras pero una misma raiz y no podemos ser indiferentes. Siga adelante, es un ejemplo para mi

    America Gomez
    Dalton, GA EEUU

  3. Ana dice:

    No entiendo mucho de leyes, pero mucho menos las leyes que interpretan los “integrantes” de la Suprema Corte”, entonces para ellos una prueba como lo es la grabación del “Gober” con el descarado “Nacif” no es válida??, que pasaría si en lugar de que estos dos fulanos hablaran de Lydia Cacho hubieran planeado un atentado hacia algún senador, diputado, presidente, etc…???? o pero aún, hacia algún “Miembro de la Suprema C orte”???? sería prueba suficiente????? Todo depende a quien va dirigida la pedrada o no??????

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