Archivo del noviembre, 2011

EL ABORTO SEGÚN FAVALORO

09 noviembre, 2011 por ricardo

“Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la fila de la discriminación; y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá mas ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mí país -dijo Favaloro antes de morir-, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza.

*René Gerónimo Favaloro (La Plata, Argentina, 12 de julio de 1923/Buenos Aires,29 de julio 2000) fue un prestigioso médico cirujano torácico argentino, reconocido mundialmente por ser quien realizó el primer bypass cardiaco en el mundo. Su autobiografía denominada Recuerdos de un médico rural tiene varias ediciones, la primera de ellas editada en el año 1980.

Familias destrozadas: infancia en el limbo

07 noviembre, 2011 por ricardo

Plan b

Lydia Cacho

Isis tiene tres años y Jaimito cinco, los dos son hijos de madres mexicanas pero ellos nacieron en los Estados Unidos. Hace tres años, a pesar de tener plena nacionalidad y derechos constitucionales, están perdidos en el limbo de servicios sociales, mientras sus madres desesperadas desde México intentan recuperarles con pocos pronóstico de éxito. En los primeros 6 meses del 2011, el gobierno federal norteamericano deportó a mas de 46.000 madres y padres de niñas y niños ciudadanos de EEUU.

Cada año los servicios de inmigración y aduanas norteamericanos (ICE por sus siglas en Inglés) deportan a miles de personas; mientras tanto sus hijas e hijos pequeños que han nacido allá son arrebatados por el Estado. El centro de justicia aplicada (Applied Research Center/ARC), organización civil norteamericana, publicó el estudio Familias destrozadas, que evidencia al sistema inquisitorial de las leyes antiinmigrante de los Estados Unidos. ARC  y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) revelan el impacto de las leyes y políticas de control y verificación migratoria de EUA en las mujeres migrantes y sus familias en la región.

Los métodos utilizados por los agentes migratorios de ICE, acompañados de las policías locales, resultan aterradores. Las mujeres que llaman a la policía para pedir ayuda por violencia doméstica, antes de ser tratadas como víctimas son revisadas como delincuentes, e incluso encarceladas. Delmy Palencia, una líder de derechos civiles en Nuevo Orleans fue arrestada injustamente  luego de pedir ayuda por violencia domestica. Fue detenida y separada de su bebé por 45 días. Aunque los cargos se retiraron, ICE utilizó la estrategia Comunidades Seguras para arrestar a Delmy con una orden de retención de inmigración. Fue liberada después de más de dos semanas, sometida a una redada de ICE en la media noche en su hogar, y ahora enfrenta la deportación y la separación de su bebé que nació en los Estados Unidos.

Las leyes antiinmigrantes de los Estados Unidos se fortalecen y potencian con una fuerza inusitada, dicen las  especialistas del ARC. Este endurecimiento criminaliza de tal forma a las y los trabajadores migrantes, que frecuentemente sus bebés pierden la oportunidad de volver a ver a su familia. Los jueces cancelan sin miramientos la patria potestad de miles de personas que no han cometido delito alguno. Las organizaciones especialistas revelan  que estas deportaciones destrozan a las familias y ponen en peligro a niñas y niños que se dejan atrás.

En el 2011, Estados Unidos deportó la cantidad récord de 397.000 personas. De acuerdo con los datos federales en posesión de ARC, aumenta el número de deportados que son padres y madres. La idea de la política del desgaste denominada Comunidades Seguras consiste en la persecución sistemática y criminalización de las y los migrantes sin papeles y su encarcelamiento. Entre las estrategias más utilizadas está la colaboración de las policías locales con agentes migratorios de ICE, quienes utilizan la excusa de denuncias anónimas sobre uso de drogas para hacer redadas, y arrestos grupales, cuya finalidad es expulsar a las personas adultas y llevar a infantes nortemericanos al limbo judicial. Allí pueden permanecer el resto de su infancia hasta llegar a la vida adulta. La falta de recursos, la lejanía y el idioma pueden hacer casi imposible para miles de familias recuperar a sus pequeños de la burocracia de servicios sociales de todos los Estados Unidos.

 

Si cree usted que las deportaciones viciadas y violatorias de los Derechos Humanos se llevan a cabo sólo en Arizona, o en los estados de la frontera sur con México, vuelva  la mirada; ARC.org ha identificado al menos 22 estados donde han surgido estos casos en los últimos dos años. Según sus datos en 400 condados y 20 estados, uno de cada cuatro (28,8 por ciento) menores bajo cuidado de crianza temporal con madres y padres detenidos o deportados son de estados no fronterizos. ARC estima conservadoramente que hay al menos 5100 niños y niñas en casas de crianza temporal cuyas familias han sido detenidas o deportadas por ICE.

Las políticas antiinmigrantes de los Estados Unidos no solamente  violan los derechos humanos, además implican un costo monumental a la sociedad norteamericana; utilizan las prisiones como centro de detención de inmigrantes, ponen en riesgo a las extranjeras víctimas de violencia doméstica, destrozan familias y violan los derechos de la infancia. Washington debe rendir cuentas sobre esta afrenta racista e inaceptable.

 

www.lydiacacho.net / @lydiacachosi

García Luna y las mujeres

01 noviembre, 2011 por ricardo

Plan b

Lydia Cacho

¿Cómo se debe juzgar a un comandante de policía que intenta asesinar a una mujer que no le obedece? preguntó la abogada defensora al equipo de Genaro García Luna. Aun no llega la respuesta puntual, pero está claro que la postura del Secretario de Seguridad Pública Federal resultará vital para sentar un precedente.

Salvador Cruz Neri, Coordinador Estatal de la Policía Federal (PF) en Querétaro, tenía una relación sentimental con la suboficial Margarita González (muchas parejas resultan de esos grupos policíacos que tiene poco tiempo libre y una fuerte convivencia diaria con horarios e intereses similares). Pero las cosas cambiaron para Margarita cuando en febrero de este año su entonces pareja decidió violarla. Varios colegas se enteraron, pero de la misma razón por la cuál la violación en el lecho conyugal sigue generando inseguridad para las esposas victimadas por la ambigüedad generada por los lazos emocionales, Margarita no denunció.

Hace unas semanas Cruz Neri llegó al hogar de la suboficial en un vehículo blindado propiedad de la PF, armado y acompañado de su guardaespaldas, intentó forzar a su expareja a mantener relaciones sexuales. Ella se negó y frente a su escolta el jefe policíaco la atacó con tal virulencia que de no haber sido por la intervención del otro, probablemente Neri la hubiera asesinado.

 

Ella quedó inconsciente y fue llevada de emergencia al hospital, donde se documentó la gravedad de la golpiza. Uniformados de federal llegaron al hospital para advertir a Margarita que guardara silencio, ella les pidió que se retiraran. Margarita pidió ayuda y la abogada chihuahuense Lucha Castro, experta en violencia de género inició la defensa por intento de feminicidio. Gracias a presiones de organismos internacionales y grupos de mujeres, la SSP dio de baja temporal al agresor para investigarlo.

La importancia de este caso es vital para México. Porque cuando discutimos la limpieza de los cuerpos policíacos y su profesionalización, lo hacemos casi siempre desde lo abstracto, refiriéndonos a evitar que se corrompan. Sin embargo al igual que en los casos de militares que infringen la ley, queda claro que cualquier miembro de un cuerpo de seguridad pública debería de estar sujeto a un rasero moral ejemplar. Porque cuando un policía cuya tarea es prevenir el delito y salvaguardar a las y los ciudadanos, utiliza el poder de su puesto, el uniforme, las armas, los vehículos del Estado para ejercer violencia y amedrentar a su víctima (sea o no su pareja) no solamente viola la ley sino debilita la credibilidad de la institución y fomenta la impunidad ejemplar. La forma en que durante estas semanas actuaron un grupo importante de altos mandos de la SSP para amedrentar a Margarita revela que los pactos masculinos de protección a los agresores no tienen límites ni fronteras.

Durante más de veinte años la sociedad mexicana ha logrado evidenciar que la violencia en el ámbito doméstico es un asunto público, y que revela valores culturales de jerarquía unidireccional. Ya las leyes la denominan violencia de Género, justamente porque tiene  componentes culturales, sociales y jerárquicos que buscan mantener un discurso machista que justifica y avala la violencia como instrumento de control.

El hecho de que los expertos en seguridad adviertan que la vida de Margarita  y sus defensoras corre peligro real, nos revela los alcances que tienen ciertos miembros de la policía federal para ocultar un delito ya inocultable. Otros policías, sin embargo, se han mostrado indignados y a favor de que Cruz Neri sea juzgado con doble severidad, primero por la violación y la tentativa de feminicidio y segundo por haber utilizado su jerarquía, su cercanía a Cárdenas Palomino y el poder de la institución para intentar aniquilar a una mujer que se negó a someterse. El Secretario de Seguridad Pública, García Luna, ha de demostrar que las mujeres no solamente tienen puestos en igualdad de circunstancias en la policía federal, debe ir más allá y hacernos saber si existe un código de ética que establezca la no aceptación plena (y el castigo en caso de que suceda), del hostigamiento sexual,la discriminación y la violencia de género entre las y los miles de integrantes de las fuerzas federales.

La valentía de Margarita es monumental, además de asumir el riesgo por decir la verdad y poner el ejemplo, se atreve a enfrentar al monstruo del sexismo al interior de un cuerpo policíaco nacional al que ella pertenece, porque cree fervientemente que el país puede cambiar y que la policía profesional debe ser congruente. Cuando fue contratada dijo estar dispuesta a jugarse la vida por su país, pero nunca imaginó que el enemigo vendría desde adentro.

La respuesta de García Luna no puede esperar y Margarita no está sola, es una mujer policía ejemplar, como las que necesita México.

 

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