Archivo del marzo, 2011

FACEBOOK CONTRA ACTIVISTAS

29 marzo, 2011 por ricardo

La historia no contada sobre la lucha contra la pornografía infantil y los pederastas en Facebook

Esta es la historia que cuenta Marcelino Madrigal, colega con quien he colaborado en  el trabajo internacional contra la pornografía infantil.           Lydia Cacho

En el mes de Septiembre 2010 hablé con algunos miembros de las fuerzas de seguridad españolas sobre lo que ocurría en Windows Live y Facebook. Les recuerdo que solamente en el mes de Julio de 2010 se denunciaron más de 800 perfiles de este tipo en la red de Microsoft. Ellos me comunicaron que los jueces españoles se negaban a dar más requerimientos judiciales para investigar las redes de pederastas y pornografía infantil en la red social de Microsoft. El motivo es que una vez analizada la información las personas que las componían en su mayoría no eran españolas y puesto que ellos no tenían competencia sobre una red USA y personas no españolas no emitirían esos requerimientos. Poco sirve argumentar la gravedad de los delitos contra menores o que el mismo funcionamiento de la red hace que no importe dónde estén estos tipos para delitos como el grooming, por ejemplo.  Solamente denuncia, me dijeron, los que sean españoles. Uno no puede saber si en una red de 200 o 300 tipos hay españoles si no se investigan, y no se investigarán si no son españoles. Así fueron las cosas, y así siguen hasta el día de hoy con respecto a la situación aquí.

Así pues acudí al Defensor del Menor y a quien quiso oír y saber sobre esta historia. Se le envió un conjunto de enlaces de Facebook. La respuesta del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid es que tenía que ser yo quien le señalara exactamente donde estaba la pornografía infantil o los pederastas en esas redes, porque él no los podía ver. Facebook  había eliminado los enlaces que envié, sin denunciarlos, como siempre hace, y nadie hizo más preguntas a esta empresa. El mensaje fue, insisto: los tienes que señalar tú. Algunos miembros de fundaciones con las que contacté en España para derivarles toda la información me dijeron lo mismo. De hecho, las fundaciones en España no denuncian a policía nacional o Guardia civil casos que no sean españoles, tal como cuentan ellos mismos. Por otra parte uno de ellos me dijo que la representante en España de Facebook le negó en persona que existiera pornografía infantil en su red. Por tanto, con las fundaciones y ONGS tampoco se podía contar en ese momento.

Ante la cantidad de perfiles de Facebook (y Windows Live) me tuve que buscar la vida, literalmente, para contactar con gente en USA, Uk, Australia y otros países y enviar los enlaces para que ciudadanos de esos países los denunciaran en sus países de origen. Esta estrategia fue consensuada con las fuerzas del orden aquí, y no les pareció mal, si no positivo. Si ellos no podían , quizás la cosa cambiara de esta manera. Obviamente debía ser gente perfectamente identificada, con un perfil claro y sin duda alguna de lo que hacían sobre este tema.

Hace pocos meses trabajo con un grupo de Facebook en denunciar a estos mal nacidos en esa red social. El grupo es un gran equipo formado por muy pocas personas, muy especializadas, con motivaciones diversas contra esta lacra y que cumplen los requisitos que ya les he ido contando. Periodistas, abogados, alguna víctima de abusos, miembros de asociaciones contra la pederastia, etc. En total apenas 20 personas. Entre ellas Lydia Cacho, la periodista y embajadora de buena voluntad de la ONU contra la trata de personas. La implicación de Lydia ha sido un enorme aporte al grupo. Tanto en el caso de Facebook, como en el de Windows Live.

Se hizo un seguimiento de personas y grupos de pederastas en Facebook que publicaban pornografía infantil y mensajes sobre acoso y abusos. Se denunciaron más de 1400 perfiles. Al principio se reportaron a Facebook. No sirvió de nada porque pudimos constatar como los perfiles volvían a crearse en horas, y pasadas unas semanas, allí estaban. Distintas policías de estos países nos confirmaron lo que ya sabíamos, Facebook NO denuncia estos casos. Se limitan a desactivar las cuentas y a esperar que pase el tiempo de retención que tienen marcado por ley para eliminarlas definitivamente. Si alguien las reporta por su sistema (que no contempla específicamente estos casos) Facebook cumple con la ley reportándolas a NCMEC, una entidad privada, y fin. Eso hace. Y no lo digo yo. Lo dice la policía

Pederastas en Facebook

Así pues se cambió la estrategia del grupo y solamente se reportó a partir de ese momento a las distintas policías, en Uk, USA, Irlanda,México,Ecuador, Brasil, etc. Gracias a eso se han conseguido 13 detenciones en unos pocos meses. Facebook no denunció, por ejemplo, a uno de los detenidos que fue reportado hasta 15 veces por nuestro grupo (desactivado y vuelta a crear su cuenta en horas). Finalmente fue capturado por producir y distribuir pornografía infantil con su propia hija de 4 años gracias a que envió esos archivos al correo de uno de sus denunciantes que lo remitió directamente a la policía.

Para seguir a esos grupos algunos miembros de este grupo, y no es mi caso, usaron cuentas para acceder a los grupos donde estos tipos se reunían. No había contacto con los tipos, simplemente se observaba lo que allí ocurría y se reportaba a la policía. Se identificaron esas cuentas ante las fuerzas de seguridad y se ofreció el acceso a esas cuentas a las autoridades, para que supieran quienes eran y porque estaban allí. De forma transparente y responsable.

Yo empecé a publicar lo que ocurría en Facebook en español, como mi blog hermano Facebookwatcher (no soy yo el autor)  lo hace en lengua inglesa. Aportando toda clase de pruebas (las que se pueden publicar obviamente y cómo se pueden publicar) en un blog sin cometer un delito.

También se contactó con un medio, la cadena de televisión ITN (cómo a Fox News), y se la incluyó en todo el proceso y dinámica de trabajo del grupo. La cadena hizo su trabajo y tenía contacto con la policía y Facebook para ver que ocurría. Todo esto que cuento está documentado en un programa que no se ha emitido (todavía), por deseo expreso de la policía de UK (CEOP) para no entorpecer la enorme investigación que se está haciendo sobre todo esto, y las operaciones que según la misma policía se van a llevar a cabo para desmontar a uno de los grupos de pederastas denunciados.

¿Y Facebook? Pues bien Facebook, acosado por policía, medios y evidencias, hace unas semanas prometió una conferencia con el grupo de trabajo. Nos facilitó una dirección privada con su “equipo contra la pornografía infantil” para que los reportes fueran más rápidos y nos habló de sus filtros, herramientas, especialistas, etc. que trabajan para ellos. La dirección privada resultó ser un sistema de reporte “automático” de respuestas. Su “equipo de trabajo” especializado” resultó ser un centro de soporte que afirmaba que  los enlaces eran desactivados cuando permanecían activos, y viceversa. Y por supuesto, la policía seguía diciendo que todo este “sistema” de reporte de Facebook NO denunciaba lo que le llegaba a ellos. Es decir Facebook se niega a colaborar con las autoridades a pesar de tener los equipos, la posibilidad y, sobre todo, la responsabilidad ética.

Hace una semana CEOP, la policía de UK especializada, voló a Belfast para llevar un mensaje a uno de los miembros del grupo. En realidad dos: Uno era muchas gracias, dos “tenéis que dejar de perseguir y denunciar a los tipos de Facebook.“Si seguís haciendo esto os pueden  acusar de hacer búsquedas activas de pornografía infantil y además podéis sufrir daños psicológicos (sic)”. “No os podremos proteger y tendremos que ir a por vosotros también”. Eso dijeron. Lo cierto es que NADIE de este grupo hacía búsquedas activas de pornografía infantil, ni compartía estos archivos, es decir todas y todos los involucrados tenemos claro que las leyes son para ser cumplidas y que para colaborar con las autoridades nunca debemos incurrir en un delito.

Por supuesto no se han hecho búsquedas activas de pornografía infantil en Facebook, (el contenido está en público y no hace falta buscar un término relacionado con la pornografía infantil para toparse con los pedófilos en Facebook). Y en cuanto a daños psicológicos ya les dije que el personal de este grupo sabía muy bien lo que hacía, y por qué lo hacía. Detrás de cada imagen de bebés, niñas y niños violados hay un ser humano que debe ser protegido y rescatado, esa es nuestra motivación. En todo caso nuestra labor no era perseguir pederastas, si no presionar para que el sistema que protege a niñas, niños y adolescentes en las redes cambie y sea efectivo, cosa que no es.  Bien, dijimos, ya está. Nos podemos retirar al menos en en Reino Unido (UK)  hasta que se resuelva el tema con las autoridades.

Sorprendentemente dos días después de la reunión con CEOP, Facebook eliminó las cuentas de la mitad del grupo de trabajo. Incluida la cuenta de la señora Lydia Cacho que una semana antes se había reunido en Estados Unidos con representantes de Facebook y Microsoft para tratar este tema, y que ante la actitud de ambas empresas ya había escrito en El Universal de México sobre lo que ocurría. La mía no ha sido eliminada, al menos de momento, pero hoy mismo 3 personas más (una de las victimas de abuso y una conocida activista con organización contra los abusos de los críos ) sí.

Facebook elimina esas cuentas de los que denuncian lo que ocurre sin ninguna explicación más, y sin embargo, hoy mismo mantiene esto en su red social, valorada en 50K M de $

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Lydia Cacho dice: Entendemos que los tiempos cambian y que los pederastas y criminales que producen pornografía infantil han incrementado a partir de que la Red se convirtió en un espacio de libertad total y que se pueden encontrar en el Ciberespacio sin necesidad de identificarse totalmente; es decir pueden esconderse, pero la realidad es que muchos de ellos se sienten  tan libres que no sólo dejan pistas, algunos incluso utilizan sus fotografías reales (como los que adjuntamos en los documentos de este Blog). Nosotros estamos en contra de la censura, pero a favor de que las autoridades de todos los países, junto con las empresas cibernéticas, logren estrategias para proteger a nuestros hijos e hijas en esa nueva realidad. No basta con que utilicemos un filtro para que en casa no se vean estas imágenes, queremos, exigimos, que ninguna niña, niño o adolescente del mundo sea presa de estos depredadores. Basta leer lo que dice un pedófilo en su Facebook: “Gracias por crear este grupo, yo antes me sentía un tipo raro, creí que era malo que me gustaran los niñitos, tenía que esconderme, ahora veo que es normal y que tenemos derecho a gozarlos”.

Nosotros no somos el único grupo, en todo el mundo cientos de activistas, hackers y personas preocupadas por la defensa de los Derechos Humanos en el Ciberespacio; se han unido para denunciar a estos sujetos, de la misma manera en que lo hemos hecho por décadas en nuestros países con los abusadores del vecindario o la ciudad.No se trata de crear un pánico moral, sino de crear una cultura ética en la que ciudadanía, empresas y autoridades, colaboremos para asegurarnos de que nuestros hijos e hijas vivan en un mundo libre de violencia y abusos. Me queda claro que Facebook cerró mi perfil. En él sólo tenía conversaciones con mis compañeros con quienes denunciábamos a los pederastas y productores de P.I y textos sobre el tema. Mi avatar era la portada de mi último libro “Esclavas del poder: un viaje al corazón de la trata sexual en el mundo”. Esto no implica que nos demos pro vencidas. Desde hace tiempo recibo amenazas de todo tipo por este trabajo, en este mismo Blog recientemente recibí un mensaje de un pedófilo de Zacatecas al que ya denuncié. habrá que seguir, pero las empresas que se niegan a colaborar y prefieren mirar a otro lado deben saber que no nos silenciarán.

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LOS GENERALES DE LA MUERTE

28 marzo, 2011 por ricardo

¿Quienes son los militares que han tomado la dirigencia de las policías estatales? Si usted cree que gracias a la acción militar su ciudad estará más segura…siga leyendo

Por Lydia Cacho

“Halconas (las vigías del narco) hay como unas cuatro en cada red. Son mujeres pobres, gordas, todas jodidas, pero también se mueren. Con ellas no batallo, simplemente les pongo un hilo en la cabeza y se ahogan. No deben vivir”. Esta es una de las declaraciones grabadas del general Carlos Bibiano Villa, ex secretario de seguridad pública de Torreón, recién nombrado para el mismo puesto en Quintana Roo. No es el único militar que cree en la pena de muerte y en el asesinato como método de justicia, casi todos la suscriben. En la mayoría de los 32 estados los gobernadores, ineptos, han aceptado que la SEDENA imponga directivos policíacos.

El argumento para que los militares asuman tareas de seguridad pública es que las policías locales fueron cooptadas por los Cárteles de la droga y operan a su favor, que son ellos los únicos que pueden sacar al país de esta violencia. Se argumenta que ante una situación excepcional se deben tomar medidas excepcionales (a pesar de que estas incluyan violar la constitución) y aunque metan al país en una lógica bélica y no de prevención del delito. Quienes creen en la mano dura como solución dicen preferir sacrificar libertades y derechos para sentirse más seguros, pero ¿en verdad mejoró la seguridad?

En 2009, el general Urbano Pérez Bañuelos, llegó de Tamaulipas para dirigir la policía de Cancún. Durante su mandato se triplicó el secuestro, aumentó cuatro veces el robo a mano armada y las extorsiones se duplicaron. Se negó a colaborar con el M.P y la Policía Judicial por desconfianza. Bañuelos mantuvo bajo detención ilegal a defensoras de derechos humanos. Se hizo famoso por el desprecio a periodistas y se negó a rendir cuentas. En 2010 SIEDO le hizo una auditoría por la desaparición de 21 millones de pesos destinados a renovar la policía local, y desapareció del puesto. Al poco tiempo la SEDENA envió en su lugar al General Alejandro Cárdenas. Los resultados no son mejores: las arrendadoras de autos tuvieron un aumento en las denuncias de turistas extorsionados por la policía turística a cargo de militares.

Todos ellos coinciden en una cosa: están aquí para combatir a la delincuencia organizada, es decir al 20% de los delitos ¿y la prevención y seguridad pública del fuero común? No parece importarles.

En Tijuana el Teniente Coronel Julian Leyzaola dijo “¿Para qué ando atendiendo a esos malandrines (delincuentes comunes)? A esos, a coscorrones los disciplino, pero a aquellos (los capos) no, a aquellos sí tengo que enfrentarme con ellos, por eso la gran diferencia”. Con Leyzaola en Tijuana, enviado ahora a Ciudad Juárez, hubo un incremento del 90% de asaltos en las calles y se normalizó el arraigo con propósito de tortura.

Lo cierto es que el 88% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común; sin embargo los militares aseguran que su tarea es, en voz de Leyzaola “aplicar los códigos de honor contra quienes deben morir”. En Tijuana torturó a 25 policías que fueron exonerados por falta de pruebas. A seis inocentes les puso bolsas de plástico en la cabeza y aplicó toques eléctricos en los pies, porque “sospechaba” que eran malandros.

Recientemente se organizó una marcha en Cancún para exigir a Borge, el gobernador electo, que no acepte a Bibiano Villa; los organizadores recibieron una visita en su hogar de militares encapuchados, amenazándolos de muerte, y apareció un “narcomensaje” contra Villa que a todas luces parece un montaje para justificar su presencia.

Ha llegado el momento de cuestionar el control de las policías civiles por parte de los militares, sin despreciar la valía del ejército en otras tareas. La gran mayoría de éstos aplican técnicas de guerra contra la delincuencia y no creen en los procedimientos de justicia establecidos por la ley, ni en los derechos humanos. Con sus métodos alejan al país de la posibilidad de renovar y mejorar el sistema de justicia penal. Y peor aún, al concentrarse en los capos de la droga, dejan a las y los ciudadanos a merced de la delincuencia común, ignoran la violencia en el ámbito intrafamiliar, la violencia de género y los delitos que se sufren día a día en el país; la mayoría de estos militares considera que las personas adictas a drogas son delincuentes y no enfermas, por tanto ejercen violencia contra ellas, especialmente si son jóvenes. Implementan tácticas de espionaje contra organizaciones de derechos humanos, se niegan a la transparencia de sus acciones y con su incapacidad para trabajar con Ministerios Públicos para documentar adecuadamente los delitos del Fuero Común fortalecen la impunidad: a las pruebas me remito.

LA VOZ DE LOS NIÑOS

28 marzo, 2011 por ricardo

REFORMA sábado 26 de marzo de 2011

La voz de los niños

Ana Laura Magaloni

La historia la conozco por otros casos. Hace ya varios años, cuando la División de Estudios Jurídicos del CIDE recién abrió su Clínica de Interés Público, se asoció con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), una ONG que comenzaba a incursionar en el litigio estratégico de casos que involucraban a menores. Un importante número de casos que solicitaron la asesoría jurídica gratuita de estas dos instituciones tuvo que ver con abuso sexual. La secuencia era más o menos la siguiente: los niños o niñas víctimas de abuso casi siempre estaban asustados de hablar del tema y más frente a una autoridad, las madres estaban desgarradas de oír lo que sus hijos o hijas habían vivido y los ministerios públicos las atendían como si se tratara de un robo de celular. Después de su primera declaración, los pequeños rara vez volvían a abrir la boca. El MP quería que la declaración encuadrara perfectamente con lo que según ellos exige el tipo penal y traducían de forma torpe e inconsistente lo que estaban diciendo las víctimas. No había ninguna de las condiciones que exigen los protocolos internacionales para las declaraciones de menores: psicólogos especialistas, no ministerios públicos; en un lugar agradable y cerrado, no en las mesas de trámite de las agencias; juegos y muñecos, y no una maquina de escribir con una secretaria indiferente. Muchos de estos casos se perdían por cosas tan absurdas como que el menor no recordaba el día exacto en el que habían sucedido los hechos o porque las pruebas de semen o rastros del abuso no habían sido recolectadas adecuadamente o a tiempo. Una estrategia de defensa típica de los victimarios era que la madre estaba loca y que, por lo tanto, había manipulado al menor para declarar en su contra. Muchos victimarios se salían con la suya.

Los menores que han sufrido violencia sexual vuelven a ser victimados por el propio sistema de justicia. Es una maquinaria en la que todo está puesto para que sus voces, tenues, asustadas y frágiles, no se escuchen y, en el peor de los casos, terminen siendo distorsionadas y usadas en su contra.

La semana que viene la Primera Sala de la Suprema Corte va a establecer un precedente determinante en esta materia. El miércoles los ministros resuelven el caso del niño del Instituto San Felipe de Oaxaca que sostiene haber sido violado por el esposo de la dueña de la escuela y el maestro de computación. Ellos son prófugos de la justicia. Quien promovió el amparo que resolverá la Corte fue Magdalena García Soto, la maestra que según el menor lo llevaba al salón donde sucedían los abusos.

La defensa legal de la maestra no se ha centrado en lo que sería la defensa más obvia para ella: “yo no sabía nada”; sino en lo que permite absolver, sin haber sido juzgados, a los dos prófugos: “no existió violación”. Tuve la oportunidad de escuchar los argumentos del abogado que defiende a los tres acusados. Humberto Castillejos ha armado una buena defensa y estoy segura que está convencido de la inocencia de sus clientes. También ha hecho un buen trabajo la contraparte. Felipe Canseco, el abogado que coadyuva con el MP y defiende al menor, tiene buenos contra argumentos frente a lo que sostiene la defensa. Como en cualquier juicio, cada una de las partes provee al tribunal un punto de vista desde el cual analizar las pruebas que están en el expediente. Como todos sabemos, las pruebas no hablan por sí solas, son los litigantes los que las hacen hablar a partir de la teoría del caso que cada uno de ellos defiende: la defensa argumenta que no hubo violación y el MP y el coadyuvante que sí la hubo.

Sin embargo, entre todo este complicado mundo de peritajes y argumentos legales, hay algo que me parece incontrovertible y que debería ser el eje central de la valoración de este caso: la declaración del niño. Yo sé, y lo vi en otros casos, que un menor de cuatro años no puede ser aleccionado para declarar de la forma en que lo hizo. También sé que la única posible explicación que puede dar el abogado defensor frente a la declaración del menor es la de siempre: la madre armó todo este escándalo porque está loca. De esta manera, la vocecita del menor, esa que apenas se atreve a decir lo que le ha pasado, termina siendo silenciada. Los formalismos legales, los papeleos absurdos y los argumentos jurídicos ad hoc son los vehículos para que nadie más escuche a la voz del menor.

Esperemos que los ministros de la Primera Sala sí tengan oídos potentes y corazón grande para escuchar, entre todo el ruido que ha generado este caso, la vocecita de un niño que a sus 4 años tuvo la valentía de pedir al sistema de justicia que se castigue a quienes abusaron sexualmente de él.

JUSTICIA PARA LA INFANCIA

28 marzo, 2011 por ricardo

¿Vale la pena exigir justicia?

`Por Raquel Pastor y Analía Castañer

El 30 de marzo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirán si quedará en libertad la única persona detenida por la acusación de violación de un pequeño de 4 años en el Instituto San Felipe de Oaxaca. Con esto, los dos prófugos faltantes podrían perder esa condición

El 23 de mayo de 2007 la madre presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Según el dictamen psicológico del 6 de junio de 2007, de un perito de la Procuraduría General de Justicia del estado, el niño “ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás… ha respondido con temor, desesperanza o un horror intensos…”. Sin embargo, durante cinco meses las autoridades no actuaron. Sólo por la presión de la ciudadanía giraron tres órdenes de aprehensión y detuvieron y consignaron a la maestra que llevaba al niño al salón donde era abusado. El 5 de febrero de 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 04/2008 al entonces gobernador Ulises Ruiz, por violaciones al derecho a la pronta y debida impartición de justicia. Ante la impunidad, José Bonilla, entonces abogado de la víctima, recurrió a instancias federales. Miembros de la AFI intentaron la detención, pero agentes de las corporaciones de seguridad estatales los detuvieron y permitieron la fuga de los condenados. Si la Suprema Corte de Justicia no reconoce delito alguno, se perderá la oportunidad de inhibir estos delitos, pero habrá que considerar las ventajas que puede tener para el niño este largo camino.

Denunciar puede simbolizar ante los ojos del niño la protección de adultos significativos. Independientemente del resultado final que se obtenga, transmite el mensaje de que hay adultos que comprenden la gravedad de la situación que está sufriendo y la necesidad de hacer algo para detener el delito. El inicio de la averiguación previa constata que se ha creído al niño y no está solo. Estas acciones pueden propiciar que el niño recupere la voluntad de protegerse: hay autoridades, terapeutas, abogados y adultos acompañantes que le creen y que hacen algo al respecto. Recibir esta protección lo redignifica y constituye un elemento fundamental en su recuperación. El sentido del proceso cumple una función importante para desculpabilizarlo. Para la sociedad y las autoridades es tan clara la completa responsabilidad del adulto que comete una agresión contra una persona menor de edad, que se considera delito y es por ello que existen lugares específicos donde es necesario contarlo

El acompañamiento adecuado hace que el niño se sitúe en un lugar de importancia dentro del proceso: es quien puede dar información sobre lo que pasó. Hacerlo es un medio que está en sus manos para ayudar a que lo que sucedió no se repita. Su participación le muestra sus propias capacidades de autocuidado y una acción concreta que contrarresta el atrapamiento en el silencio y la impotencia. Presentarse a una audiencia permite que el niño sienta que cumplió la parte que le tocaba para evitar nuevas agresiones; le sirve para “dejar” el asunto en manos de los adultos a los que les toca tomar medidas. El contacto con autoridades y otros adultos protectores habilita el trabajo de recuperación de claves de confiabilidad en otros, que le permiten discriminar entre relaciones abusivas y no abusivas. El proceso enseña al niño un camino real de qué hacer cuando alguien hace algo indebido. Cada acción en las diligencias podrá ser connotada en este sentido y, con ello, mostrar al niño recursos sobre los cuales construir la idea de ser valioso, merecedor de cuidado y digno de protección. Le muestra que es capaz de enfrentar algo que fue muy doloroso, por el solo hecho de presentarse a la audiencia, aún cuando no pueda declarar nada.

Cada diligencia presenta barreras específicas a superar, que una vez completadas pasan a formar parte del repertorio de herramientas del niño para afrontar futuras situaciones difíciles. El niño puede incorporar información nueva, que marca una diferencia respecto de la percepción anterior de sí mismo como “niño abusado” y permite construir una identidad de “niño que sabe protegerse”. Toda participación aporta, si se utiliza la lente adecuada, elementos para contrarrestar sentimientos de culpa, vergüenza, percepción como persona dañada o sin recursos.

En conclusión, sí vale la pena denunciar porque ello puede tener efectos terapéuticos en la infancia víctima que participa en un proceso de justicia cuando existen preparación y acompañamiento adecuados, que complementan y potencian su recuperación. Además, ayuda a otros niños víctimas a garantizar la no repetición y a toda la sociedad si se hace realidad la justicia para niñas y niños. La Corte tiene la palabra. Participar del proceso de justicia y salir fortalecido de él es lo que deseamos para el niño de éste y todos los casos.

Raquel Pastor es profesora de la Maestría en Trabajo Social de la UNAM.

Analía Castañer es coordinadora de investigación de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia

Articulo publicado en  Enfoque, Reforma 27 de marzo de 2011

CASO OAXACA/ SAN FELIPE: INFANCIA EN PELIGRO

21 marzo, 2011 por ricardo

LA RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA NOS  PREVIENE SOBRE EL PELIGRO DE LA IMPUNIDAD.

REDIM expresa preocupación por la impunidad que impera en el caso de agresión sexual cometido en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca
Hace cuatro años, en mayo del 2007, Leticia Valdés Martell denunció que en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca, su hijo de cuatro años fue violado por el profesor Adán Salvador Pérez Ramírez y Gabriel Hugo Constantino García, esposo de la propietaria de la escuela, Yolanda León Ramírez. Han pasado ya casi cuatro años de que se hiciera la denuncia y los afectados aún no han encontrado justicia.
En el delito también está involucrada la profesora Magdalena Rufina García Soto, acusada de ser cómplice de abuso sexual infantil quien se encuentra detenida. Leticia Valdés ha pedido se dé a la profesora García Soto, la pena máxima de 17 años ya que, de acuerdo con los argumentos, está plenamente comprobada su participación ya que ella entregaba al niño a los acusados, Pérez Ramírez y Constantino García, contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en 2007 y a la fecha no han sido detenidos.
Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el caso del niño agredido en la escuela privada, adquiere un carácter paradigmático, ya que evidencia muchos de los vacíos institucionales que existen para garantizar el derecho a la protección y el acceso a la justicia de niñas y niños víctimas del delito. La afectación que ha producido este delito en el niño han quedado establecidas dentro de la Recomendación 042008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Consideramos que este caso paradigmático constata diversas problemáticas para garantizar los derechos de niñas y niños víctimas del delito, entre las que destacan:
• Ausencia de supervisión en las escuelas, públicas y privadas, por parte de las autoridades competentes.
• Carencia de coordinación entre autoridades, para garantizar la seguridad de niñas y niños, lo que imposibilita que muchos de los delitos cometidos sean denunciados y/o perseguidos de manera oportuna.
• Omisión de las autoridades estatales al momento de cumplimentar con las órdenes de aprehensión.
• Largos y complejos procedimientos judiciales que revictimizan a los afectados y que impiden el acceso a la justicia.
• Estigmatización por parte de las autoridades, hacia los niños y niñas que han sido víctimas del delito
• Ausencia de la reparación del daño en beneficio de las víctimas del delito y por tanto, la falta de una efectiva restitución de sus derechos.
• Diversas formas de corrupción, en nuestro sistema de Justicia, representando uno de los mayores obstáculos y desafíos para México como un Estado de Derecho.

Desde la REDIM hacemos un llamado a la autoridad judicial estatal, para que ejecute las órdenes de aprehensión, que aún se encuentran pendientes y se sancione a los responsables materiales del delito.
Tenemos confianza, en que en el próximo debate y sentencia del presente caso en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de pronunciarse sobre los aspectos de debido proceso, buscará ponderar los derechos que tienen las víctimas respecto al acceso a la justicia, la reparación del daño y la restitución de sus derechos; asimismo esperamos, que esta resolución sea un avance en la determinación de la responsabilidad a la que están sujetas las diversas autoridades (tanto educativas, como judiciales), en la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Este caso, vuelve a recordar la urgencia por construir el Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia que, entre otros aspectos, ayudaría a reducir la impunidad en los casos donde se han visto violentados los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo Red por los Derechos de la Infancia en México 56.04.24.66 Mail /

Messenger direccion@derechosinfancia.org.mx www.derechosinfancia.org.mx

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Twt: @derechoinfancia

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