Archivo del marzo, 2009

La iniciativa de Mérida y los derechos humanos

21 marzo, 2009 por Lydia Cacho Ribeiro

 La iniciativa de Mérida sólo puede aportar seguridad con Derechos Humanos

¿ Y la Sociedad mexicana qué opina sobre esta guerra y sus consecuencias?
Amnistía Internacional instó el 4 de junio de 2008 al Congreso de Estados Unidos a que mantuviera las salvaguardias de derechos humanos en la iniciativa de Mérida, una ley destinada a financiar un paquete de cooperación para la seguridad entre Estados Unidos, México y Centroamérica.
La organización hizo este llamamiento en un momento en el que el Congreso recibía cada vez más presión para no incluir salvaguardias de derechos humanos en la propuesta de iniciativa.
Las autoridades del gobierno de México declararon que no seguirían adelante con el acuerdo si no se eliminaban dichas salvaguardias.
“México y Estados Unidos tienen la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos. Rechazar las cláusulas de derechos humanos de la iniciativa de Mérida envía un mensaje erróneo sobre el compromiso del gobierno mexicano con la mejora del respeto por estos derechos y la rendición de cuentas de los autores de abusos”, ha manifestado Amnistía Internacional.
Las salvaguardias de derechos humanos en discusión incluyen las que garantizan que: los tribunales mexicanos no admiten como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura u otros malos tratos; las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar son transferidas a fiscales y tribunales civiles; el establecimiento de un mecanismo de supervisión independiente, que incluya tanto al gobierno como a la sociedad civil, para evaluar el impacto en los derechos humanos del paquete de asistencia en materia de la seguridad.
Representantes de la sociedad civil mexicana y estadounidense han respaldado estas salvaguardias, así como que se refuercen y se evalúen las medidas estadounidenses para prevenir el contrabando de armas a México.
“No se puede lograr una auténtica seguridad sin derechos humanos. Tanto las autoridades estadounidenses como las mexicanas tienen la obligación y la facultad de asegurar que se protegen y promueven normas internacionales de derechos humanos como los derechos a no ser sometido a tortura, a recibir un juicio imparcial y a la justicia”, afirmó Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha pedido a todos los gobiernos que garanticen que las transferencias militares, de seguridad y policiales son rigurosamente controladas y supervisadas a fin de asegurarse de que no desembocan en violaciones de derechos humanos.

Al final el gobierno de Felipe Calderón y el Congreso lograron erradicar estas cláusulas de Derechos Humanos. Henos aquí con ciudades -como Chihuahua- totalmente tomadas por el ejército, con las consecuencias que esto conlleva para la población inocente. Más mujeres y niñas violadas, temor por su seguridad, hombres arrestados por su apariencia, sin órdenes judiciales de ningún tipo. Nadie en Chihuahua se atreve a ir a denunciar una violación de un soldado a su propio Comandante. Aminstía lo advirtió ¿Quién protegerá a las y los c¡udadanos de los soldados en México? Ahora tenemos más muertos que la guerra en Irak. No, no todas las personas que han perdido la vida son delincuentes. Miles de soldados del ejército mexicano se unen a las filas del Narco. ¿Cómo asegurar a las familias de estos estados sitiados por la guerra? Lo dijo muy bien Dante Delgado: El Presidente Calderón no es mujer, ni camina sólo por las calles de Chihuahua para saber sómo se vive el miedo. No podemos dejar a nuestras compatriotas solas, ni a sus hombres, hijos e hijas, atrapadas en medio de una guerra violenta de un estado militarizado, en el que el Gobernador ya no gobierna, lo hace la Secretaría de la Defensa Nacional. Los políticos no pueden decir que no se les advirtió.

Plan b

15 marzo, 2009 por Lydia Cacho Ribeiro

Entre Evita y Martha Sahagún

Lydia Cacho

Mientras el Instituto Federal Electoral y sus equivalentes en todos los estados están ocupados monitoreando medios y analizando las trampas que los partidos desarrollan para llevar a cabo actos proselitistas fuera del marco de la Ley, nadie mira a la caja chica de las y los gobernantes en todo el país, es decir, el DIF (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia)

El DIF en sus modalidades de institución federal, estatal y municipal es tal vez, uno de los organismos públicos descentralizados más opacos del país y con mayor elasticidad para que las y los alcaldes y gobernadores los utilicen para fines electorales.

Desde 1977 cuando  por Decreto Presidencial se creó el DIF, se fue gestando un engendro polimorfo cuyo discurso caritativo dio lugar a que las esposas de los gobernantes se hicieran cargo de la asistencia social. Entregar el manejo de esta institución a las primeras damas es una estrategia política aberrante, que no ha sido cuestionada por la sociedad.

La falta de transparencia operativa, así como la desarticulada creación de programas a gusto de la primera dama en turno, cuyas credenciales “profesionales” nadie exige, abre la puerta a un manejo ineficaz de la política social, en el mejor de los casos, y electorera en el peor.

Y no hablamos de poca cosa: el DIF de Zapopan Jalisco tiene un presupuesto de 127 millones de pesos al año, más los jugosos donativos de empresas. El de Tijuana maneja 280 millones y el de Culiacán cuenta con  132 millones anuales. El gasto se ejerce con gran discrecionalidad. El DIF de Nuevo León gastó en un baile de Gala para festejar a los abuelitos cien mil pesos; en la posada para mujeres 55 mil y para el área de atención psicosocial para menores invirtió sólo 126 mil pesos. En las fiestas las primeras damas entregan regalos y sus maridos son, a ojos de las y los convidados, quienes invierten en su bienestar y felicidad.

En los actuales tiempos preelectorales varios gobernadores y alcaldes que suspiran por otros puestos políticos, acompañaron a sus esposas a entregar cobertores, chocolate caliente y galletas casa por casa. En Cancún se gastaron casi un millón de pesos y en Nuevo León 880 mil en cobijas y chocolatotes preelectorales.

Este organismo que supuestamente tiene como finalidad hacer efectivas las políticas públicas de desarrollo social, está atrapado en la mayoría de los estados en un entramado de vicios del poder e ineficacia administrativa y operativa. Lo mismo atiende, con cuestionable profesionalismo, a la infancia y adolescencia, que a las personas de la tercera edad, entrega desayunos, da asistencia jurídica, atiende víctimas de delitos, se encarga de las adopciones,  de la “integración de la familia”, y de todo lo que la dirección en turno considere población vulnerable.

Durante huracanes, temblores e incendios, los DIFs hacen acopio de bienes cuyo manejo se mantiene en la opacidad. Un vistazo a la hemeroteca de los 32 estados permite ver el reiterado uso de dichas ayudas para fines electorales y partidistas.

Sin duda algunas de estas primeras damas han hecho un esfuerzo de buena voluntad, pero los recursos públicos no son para jugar a la casita. Pueden creerse Evita y terminar como Marta Sahagún.

El IFE y San Lázaro tienen que poner su mirada en el DIF, que es un lobo con piel de oveja. www.lydiacacho.net

Construir otro México

08 marzo, 2009 por Lydia Cacho Ribeiro


Plan b

He aprendido mucho desde que soy bloguera. Me fascina el  ciberespacio para “hacer comunidad”, para compartir ideales, debatir ideas y descubrir perspectivas  sobre lo que nos ocupa y preocupa. Y para construir movimientos sociales.

Con los años me he topado de todo. Los que navegan buscando los pequeños errores para descalificar, los que insultan o amenazan, los pesimistas endémicos, los asesinos en potencia que recomiendan aniquilar políticos. Los que critican lo que no dijimos y no lo que sí se planteó. O quienes creen que opinar sobre un caso es generalizar sobre todos. Están las angustiadas solidarias que preguntan qué hacer y cómo ayudar en tal o cual causa. Están quienes siempre aportan algo más a los textos y nos ayudan a aprender más. Y quienes se comprometen a partir de estos debates.

Durante veinticinco años he sido parte de un movimiento social de mujeres que ha logrado transformar efectivamente la manera en que percibimos la violencia contra mujeres, niños y niñas. Abrimos un albergue para personas con VIH-SIDA, hartas de sentir la angustia de saber que cientos de jóvenes en nuestra comunidad morían en el abandono médico y emocional. Años después  fundé, con unas amigas, un refugio para mujeres maltratadas. Donde reconstruyen su vida con sus hijos e hijas. Es el trabajo más luminoso que he hecho en mi vida.

Nunca dejé de trabajar como periodista. Eso no me hace especial, ni heroica; simplemente tomé una decisión de vida, decidí ser parte de una sociedad civil profesional. Decidí trabajar por una vida digna para mi y mi comunidad.

Sé que las transformaciones sociales tienen  que ver con estrategias, no con sacrificios. Establecer una agenda concreta, como la erradicación de la violencia, implica crear mensajes precisos y  actuar en congruencia con ellos; dejar de reaccionar  ante el conflicto y enfocarnos en atención y prevención directa. Prevenir no es decirle a la gente lo que está mal, sino enseñarle a desarrollar herramientas para  enfrentar y salir de esas dinámicas.

Necesitamos encontrar un discurso común sobre qué significa la violencia y qué significa la paz. Si para lograr la paz exigimos la participación del ejército, la contradicción conceptual genera más conflictos que soluciones. Evidentemente no es fácil, porque la transformación social precisa de evolución individual. Para trabajar contra la violencia, necesitamos admitir la violencia que ejercemos todos los días en pequeña o gran escala.

La cultura nos nutre de mitos que dificultan la acción social positiva. La gente repite que la violencia es “connatural al hombre”, que la prostitución es “el negocio más antiguo de la humanidad” y que la corrupción política “es inevitable”. Pero sabemos que ejercer violencia es una decisión, que la explotación sexual es parte de una industria formal multimillonaria, y que los políticos deben rendir cuentas y la sociedad puede, si quiere, transformar a sus gobiernos. La fuerza de la sociedad civil no está solamente en señalar lo que está mal, sino en sus estrategias para transformarlo.

Es un trabajo colectivo, y la manera de reaccionar determina nuestro papel para construir la paz o para nutrir la violencia. Cambiar el discurso sería el principio. Por ejemplo, sólo por comenzar podemos plantear algunas ideas-base: México no es un país corrupto, muchos mexicanos eligen serlo. Los golpeadores eligen maltratar a las mujeres. La guerra-circo contra el narco no hacía falta (hay más muertos que en la guerra en Irak este año y los verdaderos líderes siguen libres y operando) Para acotar a los criminales se necesita, paralelamente enjuiciar a los gobernadores, empresarios y banqueros cómplices del narcotráfico, no negociar con ellos.

Hace unos días entrevistando a un agente especial -de origen mexicano- del FBI me dijo “yo no trabajo en el tema de narcotráfico, porque es un negocio político, no un asunto de justicia” por eso decidió trabajar en casos que tienen que ver con explotación sexual de niños y niñas. Lo cierto es que la estrategia militar contra el narco genera tanta muerte y violencia que asunta a la gente. Ante ello lo que mucha gente hace es mirar hacia otro lado, por miedo, porque se activa el discurso de la normalización de la violencia y de que este es un asunto que sólo la policía puede acotar.

¿Ustedes creen que la sociedad norteamericana es moralmente superior a la mexicana? Claro que no. Sin embargo una buena parte de los políticos corruptos, cuando se les evidencia, deben renunciar o incluso son enjuiciados gracias los niveles de transparencia y exigencia de la sociedad.A que eventualmente lograron tener un sistema de justicia funcional. Todos los países tienen problemas, y en aquellos en que la sociedad civil es fuerte, se van encontrando soluciones a los problemas.

Creo que no sólo se trata de qué asuntos discutimos, sino de preguntarnos si al discutirlos entendemos el fondo de la cuestión, y cuestionamos el contenido y el origen del discurso.

Construir la paz no es un sueño, sino una estrategia ¿o no?

 

 

 

El oráculo de la muerte

05 marzo, 2009 por Lydia Cacho Ribeiro



Hace ocho años Esther Chávez Cano me dijo en Ciudad Juárez “Hasta que no empiecen a matar muchos hombres el gobierno federal no se ocupará de la violencia en Chihuahua”. Esta experta feminista, quien destapó los feminicidios, es una de las que advirtió los vínculos entre la violencia contra las mujeres, la protección del Estado a los criminales y el resultante fomento de la impunidad para delitos de otra naturaleza.

Edgardo Buscaglia y El Juez Carlos Castresana de la ONU dijeron reiteradamente que el nivel de desarrollo de un país se mide por la forma en que se trata a sus mujeres,  y que los bajos niveles de protección ciudadana y altos niveles de corrupción en el sector público, ponían en grave peligro a la población Chihuahuense. El Gobernador, indignado, se dedicó a desestimar  la creciente violencia contra las mujeres, como un termómetro de otras formas de violencia criminal.

Una fuente confiable asegura que hace meses un comando armado secuestró a la hija  del gobernador con todo y escolta, sólo para devolvérsela intacta unas horas después con el mensaje “para que sepa quién manda aquí”. La oficina del gobernador rechaza esa versión, pero ahora es él mismo quien pidió la intervención militar. Hace rato que perdió el control del estado, entre otras cosas por negar la realidad y la corrupción. La antropóloga social y ex diputada Marcela Lagarde advirtió  a dos gobernadores de Chihuahua, desde hace años, el costo de la negación de los asesinatos de mujeres.

 Eduardo Medina Mora  estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) del 2000 al 2005 cuando gobernación se negó a intervenir en Chihuahua. Las fiscalías se convirtieron en aves de mal agüero. Guadalupe Morfín salió de Chihuahua con un informe sobre la diferencia entre el feminicidio de violencia doméstica y el perpetrado por el crimen organizado; pero la corrupción quedó intocada. La fiscal López Urbina salió amenazada de muerte por sus propios agentes judiciales. A la Procuradora del estado la protege el FBI y la asesora el Departamento de Justicia norteamericano, el gobernador la desprotegió hace tiempo. La ingobernabilidad se anunció de todas las formas posibles. Ahora los cómplices de la impunidad se muestran sorprendidos. Más de 400 feminicidios no bastaron para tomar medidas radicales a tiempo. Habrá que mirar a los estados con altos índices de feminicidio y adivinar el futuro.

 

 

 


Libros

Twitter