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Dos mujeres

Publicado por Jean Meyer en El Universal, el 9 de diciembre de 2007

No se trata solamente de dos personas, dos individuos, dos existencias, se trata también de principios fundamentales, de los derechos a la libertad, seguridad, expresión, y de la justicia, de su impartición y de la responsabilidad, frente a las instituciones, a la sociedad y a su conciencia de los que dicen el derecho.

Pero no hay que olvidar nunca que se trata también de personas; la primera se llama Ingrid Betancourt, la segunda se llama Lydia Cacho. Read the rest…

¿Qué tanto es tantito?

Publicado por Marta Lamas en revista Proceso, 9 de diciembre, 2007
Mucho se ha escrito sobre la lamentable resolución de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al caso de Lydia Cacho (recomiendo el artículo de Denise Dresser en Reforma del 3 de diciembre). El repudio general al fallo me ha hecho recordar un señalamiento de Paolo Flores D’Arcais sobre el delicado problema de que la ley sea siempre e inevitablemente sólo interpretación. Este filósofo italiano afirma que el juez hace la ley, en lugar de obedecer a ella, nos guste o no. Por lo tanto, considera que la legalidad sería sólo el nombre del mutable lugar geométrico de todas las sentencias efectivamente pronunciadas. Desde su perspectiva, la legalidad no es lo que está escrito en los códigos, sino el conjunto de las penas efectivamente expiadas. Flores D’Arcais dice que sólo se considera ilegal lo que verdaderamente es sancionado, y pone un ejemplo que nos viene a cuento: de una persecución o de una impunidad jamás podremos decir, a menos que sus autores sean a su vez realmente sancionados, que son jurídicamente injustas. Vista desde esa perspectiva, la resolución por mayoría de la SCJN ha confirmado la legalidad de la violación (”aunque sólo tantito”) a las garantías individuales de una ciudadana por parte de un gobernador.

Esta sentencia ha concitado la unánime indignación moral de la sociedad. Ni un articulista, ni un comentarista de radio o televisión, la ha aplaudido y, al contrario, han supuesto que tras la decisión se perfila una siniestra trama política de presiones y componendas. Esto es, nada menos que la politización de las decisiones jurídicas.

Creada para poner las leyes por delante de los intereses, la SCJN exhibe hoy sus carencias humanas. Pese a que el ministro Silva realizó una rigurosa ponencia, con la cual coincidieron sus homólogos Góngora, Gudiño y Cossío, la mayoría de seis ministros, dos de ellos mujeres (¡dura lección para quienes todavía creen que tener cuerpo de mujer hace una diferencia ideológica o política!), votaron en contra. Hoy la sociedad les reclama la forma equivocada de dirimir injusticias que ya nos resultan insoportables.

Todos los seres humanos son proclives al error. Pero si bien equivocarse es inevitable, hay formas dignas e indignas de hacerlo. Se puede juzgar (y cometer errores) abriendo los ojos y poniéndose en el lugar del ciudadano de a pie, u olvidando las necesidades de la ciudadanía y aceptando presiones. Según cómo se interprete desde la sociedad ese hecho, los ministros serán vistos como seres falibles o como políticos con agenda propia. Esto último, que significa no considerarlos jueces imparciales, es verdaderamente preocupante para todos.

Después de este desolador fallo, con el cual seis ministros enterraron las expectativas que desató la SCJN con su excelente resolución sobre la Ley de Medios, ¿qué podemos esperar? Si desaprovecharon de esa manera la oportunidad para avanzar en el proyecto de renovación de la justicia, ¿podrán enfrentar los desafíos futuros que plantea la pluralidad de nuestra sociedad? Si bien la tarea de la SCJN es hacer respetar nuestro sistema de reglas constitucionales, resulta temible el amplio margen que tiene “la interpretación”: ¿qué tanto es tantito? Si unos policías me detienen y “sólo” me amenazan con violarme, ¿violan mis garantías? ¿Es necesario que me violen físicamente para que exista violación de mis derechos? Que un gobernador decida “darle una lección” a una ciudadana que denuncia a pederastas ¿es apenas “tantito” ilegal?

Aunque se han diversificado las posiciones políticas de la sociedad, todas comparten el rechazo a la impunidad. Un ejercicio riguroso de la justicia socava la impunidad y, al limitar a los poderosos, devuelve a la ciudadanía sus garantías constitucionales. Y una buena impartición de justicia hace más vigorosa la vida ciudadana. Necesitamos una SCJN moderna e independiente del poder político, del económico y del eclesiástico. De otra manera, existe el peligro de que las componendas partidarias, los intereses privados y las creencias religiosas priven sobre la deliberación racional.

La indignación moral que ha desatado este fallo debería prevenir a estos seis ministros sobre los riesgos de interpretar de espaldas a la sociedad. Escuchar a la ciudadanía es un acto de reciprocidad, indispensable para preservar el lazo social. Hoy se sabe que las normas y reglas no son “naturales”, sino parte de un conjunto de significaciones imaginarias, construidas colectivamente, con las cuales se nombra, organiza e interpreta, de manera situada y particular, la realidad. Sí, la ley es una invención colectiva, determinada social e históricamente, que puede ser modificada colectivamente. Pero ¿y su interpretación y aplicación en casos concretos? ¿Con qué parámetros se debe emprender esa tarea cuando el sistema permite a los jueces imponer su visión del significado de la ley sobre la visión de los demás? La tarea distintiva de los jueces es la aplicación de la ley a casos concretos. ¿Puede ser esa tarea impermeable al sentir de la colectividad? El fallo sobre el caso de Lydia Cacho marca un hito ominoso en el dilema de la interpretación, y abre el debate sobre el proceso de selección de los ministros.

Seis de 10 y por separado

Publicado por: Raúl Cremoux, en El Universal, el 7 de diciembre de 2007
Últimamente nos habían dado satisfaccio-nes que merecemos como sociedad. No tenían por qué vaciarnos de esperanza. Pésimamente repartida desde siempre en este país, la justicia es un bien raro, escaso y hasta desconocido para los indígenas, los marginados y las mujeres. Y precisamente, quizá por ser mujer, no fue tan difícil echarle montón hasta en número de seis ministros de la Corte.

Ningún servidor público debería admitir la jerga que telefónicamente sustentó Kamel Nacif con el gobernador Marín de Puebla. Mil veces repetida y otras tantas analizada, era suficiente para dictaminar la abundante podredumbre y la nula condición ética de quien, debiendo servir a los poblanos, descendió para darle un “coscorrón” a una periodista que, acuciosa y con rigor, daba a conocer a un protector de pornografía infantil y su hedionda red. Read the rest…

La ínfima corta de injusticia

Publicado por: Ricardo Rocha, en El Universal, el 06 de diciembre de 2007
Así ha rebautizado la voz popular a lo que alguna vez fue la Suprema Corte de Justicia: ínfima porque es la dimensión a que ha quedado reducida; corta porque en muchos habita la sospecha de corrupción; y de injusticia porque es unánime el clamor en contra del fallo que exoneró a Mario Marín y castigó a Lydia Cacho.

Nunca como ahora había yo percibido tal intensidad de rabia frustrada. Jamás, tantos y tan feroces adjetivos para denostar una institución en algún tiempo respetada. Los insultos son cada vez más estruendosos, pero también cada vez más merecidos. Y es que pocas veces se ha generado una repulsa tan unánime como la concitada por el góber precioso y, por lo tanto, una irritación tan furiosa como la provocada por el fallo de los seis ministros del oprobio: los ultraconservadores y extremoderechistas Mariano Azuela y Salvador Aguirre Anguiano, los grises Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls, y las volubles Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna que —después de tantos devaneos— decidieron que las violaciones a niños y niñas de este país no eran materia del caso —cuando fueron su origen—, y que Lydia fue violentada pero no tan gravemente. Read the rest…

De qué están hechos

Publicado por Alfonso Zárate en El Universal, el 5 de diciembre, 2007

El ‘góber precioso’ y una veintena de funcionarios poblanos y quintanarroenses pueden dormir tranquilos: una mayoría de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la investigación realizada por la comisión que dirigió el ministro Juan Silva Meza no aportaba suficientes elementos para demostrar “el concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho”.

La resolución de la Corte, de discutible valor jurídico, es un agravio a los sectores más conscientes de la sociedad y un triunfo del cinismo, la vulgaridad y la antidemocracia; queda para el registro el sarcasmo del ministro Salvador Aguirre Anguiano: “Si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”. Read the rest…