Lydia y la Corte

12 diciembre, 2007 por Lydia Cacho Ribeiro Publicado en Noticias, Textos de [email protected] [email protected] | Sin comentarios »

Publicado por Alberto Begné Guerra en El Universal, el 12 de diciembre de 2007

El reciente y controvertido fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho pone nuevamente en evidencia una terrible característica del sistema político y judicial de nuestro país: la persistencia de la impunidad de las autoridades que, haciendo mal uso del poder público, violentan los derechos fundamentales de las personas.

En cualquier democracia consolidada del mundo, el audio de una conversación tan aberrante, descriptiva y reveladora como la que sostuvieron Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, hubiera sido motivo suficiente para que el funcionario público involucrado dejara su cargo de inmediato, poniendo fin a su carrera política.

En México, sin embargo, y particularmente en este caso, eso no sucedió. Han transcurrido más de dos años desde que Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla para ser encarcelada a raíz de las denuncias presentadas por Nacif en su contra, y de que estos hechos se hicieran del dominio público, demostrándose toda clase de violaciones a los derechos y la dignidad humana de Lydia. A lo largo de este tiempo, el gobernador Marín ha seguido ejerciendo su cargo con total impunidad, y ni el Congreso de Puebla ni el Congreso de la Unión hicieron nada.

Ante las reducidas posibilidades de encontrar las condiciones necesarias para entablar un proceso judicial justo en Puebla, Lydia Cacho y sus abogados decidieron llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de más de un año de discusiones en torno a si la Corte tenía o no facultades para actuar en este asunto, y de un largo proceso de investigación, el 29 de noviembre pasado resolvió por seis votos contra cuatro —el ministro Fernando Franco González Salas no estuvo presente en la sesión— que la investigación encabezada por el ministro Juan Silva Meza no había demostrado la existencia de violaciones graves a las garantías individuales de Lydia Cacho, en los términos del párrafo segundo del artículo 97 constitucional.

La Corte enfrentaba un caso particularmente significativo. No sólo por los vacíos legales que acompañaron las diferentes etapas del proceso, sino también por la percepción compartida por amplios sectores de la población respecto de la inadmisible actuación de Marín.

En este contexto, es sorprendente que la decisión de la mayoría de los ministros de la Corte esté fundamentada en interpretaciones formalistas, sosteniendo que no fueron violadas las garantías individuales de Cacho (ministros Aguirre Anguiano y Valls Hernández), que no fueron “gravísimas” (ministro Azuela) o que no caían en el supuesto del artículo 97 constitucional (ministras Sánchez Cordero y Luna Ramos, y ministro Ortiz Mayagoitia).

Ante este tipo de resoluciones es inevitable preguntarse qué hace falta para que el criterio de los más altos funcionarios judiciales de nuestro país, responsables de garantizar el orden constitucional, ponga por encima de cualquier otra consideración la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Este era el sentido del proyecto presentado por el ministro Silva Meza, lamentablemente desechado por la mayoría de los ministros. Se trataba de un caso emblemático; uno de esos casos que representan prácticas comunes de abusos de poder y que, precisamente por ello, pueden ser ejemplares en la lucha contra la impunidad. Pero no fue así.

La decisión de la Suprema Corte es preocupante, cuando menos, por tres motivos. En primer lugar, porque sienta un precedente que, lejos de inhibir, puede incentivar aún más los abusos en el ejercicio del poder público, al amparo de la impunidad. En segundo lugar, porque revela que no todos los ministros han asumido plenamente el papel decisivo de la Corte en la consolidación de una democracia en la cual las garantías de legalidad se sitúen en el centro de la relación entre gobernantes y gobernados.

Y en tercer lugar, por la enorme injusticia que esto ha significado para Lydia Cacho, una periodista seria y valiente que se atrevió a documentar y denunciar a mafiosos dedicados o vinculados a un delito tan aberrante como la prostitución infantil. Todos hemos perdido mucho con esta decisión.

Presidente de Alternativa Socialdemócrata

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