¿Qué tanto es tantito?

09 diciembre, 2007 por Lydia Cacho Ribeiro Publicado en Textos de [email protected] [email protected] | Sin comentarios »

Publicado por Marta Lamas en revista Proceso, 9 de diciembre, 2007
Mucho se ha escrito sobre la lamentable resolución de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al caso de Lydia Cacho (recomiendo el artículo de Denise Dresser en Reforma del 3 de diciembre). El repudio general al fallo me ha hecho recordar un señalamiento de Paolo Flores D’Arcais sobre el delicado problema de que la ley sea siempre e inevitablemente sólo interpretación. Este filósofo italiano afirma que el juez hace la ley, en lugar de obedecer a ella, nos guste o no. Por lo tanto, considera que la legalidad sería sólo el nombre del mutable lugar geométrico de todas las sentencias efectivamente pronunciadas. Desde su perspectiva, la legalidad no es lo que está escrito en los códigos, sino el conjunto de las penas efectivamente expiadas. Flores D’Arcais dice que sólo se considera ilegal lo que verdaderamente es sancionado, y pone un ejemplo que nos viene a cuento: de una persecución o de una impunidad jamás podremos decir, a menos que sus autores sean a su vez realmente sancionados, que son jurídicamente injustas. Vista desde esa perspectiva, la resolución por mayoría de la SCJN ha confirmado la legalidad de la violación (“aunque sólo tantito”) a las garantías individuales de una ciudadana por parte de un gobernador.

Esta sentencia ha concitado la unánime indignación moral de la sociedad. Ni un articulista, ni un comentarista de radio o televisión, la ha aplaudido y, al contrario, han supuesto que tras la decisión se perfila una siniestra trama política de presiones y componendas. Esto es, nada menos que la politización de las decisiones jurídicas.

Creada para poner las leyes por delante de los intereses, la SCJN exhibe hoy sus carencias humanas. Pese a que el ministro Silva realizó una rigurosa ponencia, con la cual coincidieron sus homólogos Góngora, Gudiño y Cossío, la mayoría de seis ministros, dos de ellos mujeres (¡dura lección para quienes todavía creen que tener cuerpo de mujer hace una diferencia ideológica o política!), votaron en contra. Hoy la sociedad les reclama la forma equivocada de dirimir injusticias que ya nos resultan insoportables.

Todos los seres humanos son proclives al error. Pero si bien equivocarse es inevitable, hay formas dignas e indignas de hacerlo. Se puede juzgar (y cometer errores) abriendo los ojos y poniéndose en el lugar del ciudadano de a pie, u olvidando las necesidades de la ciudadanía y aceptando presiones. Según cómo se interprete desde la sociedad ese hecho, los ministros serán vistos como seres falibles o como políticos con agenda propia. Esto último, que significa no considerarlos jueces imparciales, es verdaderamente preocupante para todos.

Después de este desolador fallo, con el cual seis ministros enterraron las expectativas que desató la SCJN con su excelente resolución sobre la Ley de Medios, ¿qué podemos esperar? Si desaprovecharon de esa manera la oportunidad para avanzar en el proyecto de renovación de la justicia, ¿podrán enfrentar los desafíos futuros que plantea la pluralidad de nuestra sociedad? Si bien la tarea de la SCJN es hacer respetar nuestro sistema de reglas constitucionales, resulta temible el amplio margen que tiene “la interpretación”: ¿qué tanto es tantito? Si unos policías me detienen y “sólo” me amenazan con violarme, ¿violan mis garantías? ¿Es necesario que me violen físicamente para que exista violación de mis derechos? Que un gobernador decida “darle una lección” a una ciudadana que denuncia a pederastas ¿es apenas “tantito” ilegal?

Aunque se han diversificado las posiciones políticas de la sociedad, todas comparten el rechazo a la impunidad. Un ejercicio riguroso de la justicia socava la impunidad y, al limitar a los poderosos, devuelve a la ciudadanía sus garantías constitucionales. Y una buena impartición de justicia hace más vigorosa la vida ciudadana. Necesitamos una SCJN moderna e independiente del poder político, del económico y del eclesiástico. De otra manera, existe el peligro de que las componendas partidarias, los intereses privados y las creencias religiosas priven sobre la deliberación racional.

La indignación moral que ha desatado este fallo debería prevenir a estos seis ministros sobre los riesgos de interpretar de espaldas a la sociedad. Escuchar a la ciudadanía es un acto de reciprocidad, indispensable para preservar el lazo social. Hoy se sabe que las normas y reglas no son “naturales”, sino parte de un conjunto de significaciones imaginarias, construidas colectivamente, con las cuales se nombra, organiza e interpreta, de manera situada y particular, la realidad. Sí, la ley es una invención colectiva, determinada social e históricamente, que puede ser modificada colectivamente. Pero ¿y su interpretación y aplicación en casos concretos? ¿Con qué parámetros se debe emprender esa tarea cuando el sistema permite a los jueces imponer su visión del significado de la ley sobre la visión de los demás? La tarea distintiva de los jueces es la aplicación de la ley a casos concretos. ¿Puede ser esa tarea impermeable al sentir de la colectividad? El fallo sobre el caso de Lydia Cacho marca un hito ominoso en el dilema de la interpretación, y abre el debate sobre el proceso de selección de los ministros.

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