Ilegalidad, tráfico de influencias y derecho. Reflexión de María Amparo Casar sobre el caso Lydia Cacho

08 septiembre, 2006 por Lydia Cacho Ribeiro Publicado en Textos de [email protected] [email protected] | Sin comentarios »

Ilegalidad, tráfico de influencias y derecho
por María Amparo Casar. Publicado en revista Nexos, Abril 2006.
Pocas veces se presenta un acontecimiento que exprese de manera tan nítida y brutal las muchas lacras que aún marcan a la política mexicana, las aberraciones legales que subsisten y la indefensión a la que estamos sometidos los ciudadanos. Pocas veces tenemos la oportunidad de constatar la ruindad y los alardes de impunidad de la que se precian algunos personajes. Pocas veces se puede presenciar en vivo la negociación de la dignidad de una persona: la de Lydia Cacho.

El caso Marín, el del “gober precioso”, es uno de ellos.

La indignante conversación que todos escuchamos entre el empresario textilero, Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, es como uno de esos cuadros de El Bosco que retrata en sus trípticos el mal invadiendo el mundo, sólo que en este caso a la política mexicana.

He aquí el recuento de algunos de ellos.

La ilegalidad como práctica cotidiana. Por haber ligado al empresario Kamel Nacif con una red de comercio sexual infantil, pederastia y pornografía, la periodista Lydia Cacho fue denunciada por difamación. Aun suponiendo el derecho del señor Nacif a denunciarla penalmente, el procedimiento adoleció de irregularidades y, más grave aún, de violación a las garantías individuales de las que se supone gozamos todos los mexicanos. No se trata de la celeridad con la que se actuó en este proceso. Ojalá todas las denuncias fueran atendidas con tanta prontitud. Lydia Cacho, la indiciada a raíz de la denuncia contra ella presentada, no fue notificada durante la averiguación previa.

Simplemente se envió a la policía ministerial para detenerla y trasladarla, sin garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos individuales, a la ciudad de Puebla para ser encarcelada. Además de hacer una demostración de fuerza y prepotencia, la intención de no notificar a la periodista era, como es evidente, evitar que pudiera promover un amparo. Este hecho es muestra palpable de cómo se violenta la procuración y administración de justicia en nuestro país.

El contubernio entre el poder y el dinero. De las conversaciones entre Marín y Nacif no se desprende qué favores específicos le debe el primero al segundo, pero sí que hay cuentas pendientes que el gobernador está más que dispuesto a saldar. Más allá del probado placer del gobernador por acosar a los periodistas independientes, no cabe duda que el encarcelamiento de Lydia Cacho obedece a una petición del empresario a la que el gobernador accede sin reparo alguno. Valdría la pena indagar, por ejemplo, la participación de Nacif en la campaña que llevó a Marín a la gubernatura. Porque la rendición de cuentas del financiamiento de las elecciones a nivel estatal no sigue los mismos criterios de transparencia que hemos conseguido a nivel federal.

El tráfico de influencias. Las conversaciones están plagadas de demostraciones vergonzosas de influyentismo en todas direcciones: de un poder hacia otro, de servidores públicos de una institución hacia otra, de particulares a autoridades. La más obvia es, quizá, la vergonzosa ostentación que hace el empresario Nacif de su influencia en el penal. En la conversación se precia de poder decidir a qué crujía mandará a la periodista para que reciba su merecido, esto es, para someterla a abusos de índole sexual.

La subordinación del poder judicial al poder ejecutivo. Es cierto que hasta el momento no se ha producido documento alguno que pruebe una orden expresa del gobernador a la juez quinto de lo penal de Puebla, pero hay razones para documentar la subordinación. Ahí está la conversación en la que Hanna Nakad Bayeh le dice a Nacif que ya le dijo a la juez que “por orden del gobernador…, aunque sea cinco minutos… debe quedar encerrada en una celda”. Adicionalmente, alguna “sospecha fundada” habrá si el Tribunal Superior de Justicia de Puebla le abrió un expediente de determinación de responsabilidades por su actuación en el proceso seguido contra Lydia Cacho a la juez Rosa Celia Pérez González.

El control de los gobernadores sobre el resto de las autoridades locales y sobre los trabajadores al servicio del estado. Basten como botón de muestra de estas prácticas políticas que todavía son parte del ejercicio autoritario del poder, los desplegados firmados por la mayoría (124) de presidentes municipales de Puebla reconociendo en el gobernador a una “persona afable, cordial, honesta y respetuosa de la ley” y la manifestación de servidores públicos en su apoyo. Como en los mejores tiempos del acarreo priista y haciendo gala del poder de contratación y despido de los burócratas, el gobernador se organizó una manifestación de apoyo.

El estado de la libertad de expresión. Mucho se ha avanzado en este derecho por tanto tiempo conculcado en nuestro país. Los progresos son innegables, pero las investigaciones desatadas por la conversación muestran que ese derecho ni es tan absoluto ni tan extendido. Por si la conversación no fuera suficiente para ilustrar la concepción que el gobernador de Puebla tiene sobre los periodistas, diversos reporteros han documentado la política represiva de ese gobierno en contra de la libertad de expresión y la política de silenciamiento a la prensa por las dos vías más socorridas: el dinero y la amenaza (extorsión, despido, encarcelamiento…).

Éstas son sólo algunas de las lacras. Son ejemplos de delitos que suelen quedar impunes cuando de personajes políticos poderosos se trata. Lo más patético es que el caso de Lydia Cacho muestra la absoluta incapacidad de las autoridades para cumplir con las obligaciones para las que fueron creadas: garantizar un debido proceso judicial, respetar y hacer respetar los derechos humanos, castigar a quien los violente, investigar crímenes como la pederastia. Peor aún. Uno se pregunta no sólo qué hacer con autoridades incapaces de hacer cumplir la ley sino qué hacer con autoridades que son protagonistas de la ilegalidad y cómplices de los criminales.

Pero esta vergonzosa historia también nos debe llamar a reflexionar sobre las reformas que urgen en este país si queremos seguir avanzando en la ruta democrática que, además de tener elecciones justas y equitativas, debe incluir el ejercicio democrático del poder y, desde luego, la vigencia del Estado de derecho.

De la misma manera que el caso Marín es un retrato de las lacras de la política mexicana, también es una pauta para poner en la agenda nacional las reformas institucionales y legales pendientes.

La impunidad con que puede actuar el Ministerio Público y su dependencia de quien gobierna, que quedaron demostradas en el caso Marín, invitan a reconsiderar de manera urgente la iniciativa para dar autonomía al Ministerio Público y evitar, o al menos disminuir, su absoluta subordinación al poder ejecutivo. También es necesario que a nivel estatal se introduzcan mecanismos para garantizar la autonomía e independencia de los Tribunales Superiores de Justicia y de todo el entramado judicial. Los avances en materia de transparencia y acceso a la información deben generalizarse en todo el territorio nacional como vías para controlar a las autoridades y elevar la rendición de cuentas. Igualmente, la libertad de prensa debe ser garantizada en los estados de la federación.

No puede seguirse postergando la discusión sobre los alcances del derecho a informar y a ser informado. En nuestro orden jurídico, la intervención telefónica es un acto contrario a derecho si no media orden judicial (art. 177 del Código Penal Federal).

También lo es su divulgación. Según el artículo 211 bis, a la divulgación de información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. Este precepto contraviene el décimo punto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya competencia fue reconocida desde 1999 por México y que a la letra dice: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”.

Existen además interpretaciones de la Ley de Imprenta en nuestro país que sustentan la excepción al principio de prohibición de la divulgación. En un escrito del abogado Alberto Zinser que Carmen Aristégui puso a mi disposición, se sostiene que: “Para que la revelación, divulgación o utilización de la información obtenida sea delictiva, debe ser indebida, esto es, sin derecho o en el caso alternativo, en perjuicio de otro. Aun interpretando de este modo el artículo 211 bis del Código Penal Federal […] es sostenible opinar que existe una excepción al principio de la prohibición, cuando en el cumplimiento del deber de informar, un comunicador difunde informaciones de interés general por referirse a la conducta o hechos ocurridos en el desempeño de la función pública. Los servidores públicos desempeñan una función que interesa a la sociedad y deben estar sujetos a la crítica respecto de su ejercicio, así se ha sustentado por nuestros Tribunales Federales en la interpretación de las disposiciones de la Ley de Imprenta”.

El caso Marín es un ejemplo claro, incontrovertible, del servicio que puede prestar a la ciudadanía la información allegada a los periodistas de forma anónima sin importar si dicha información fue obtenida de manera legal o ilegal. En ésta, como en muchas otras ocasiones, la difusión de la información puede ayudar a la prevención de delitos, a su castigo y a la rendición de cuentas de los gobernantes y autoridades. Pero las leyes están hechas para trascender casos particulares. Por eso se habla de que las normas son generales, abstractas e impersonales. La absoluta libertad para grabar y difundir información puede llevar a la anulación del derecho a la privacidad y a la intimidad. Por eso las comunicaciones privadas son inviolables, por eso se requiere orden judicial para las intervenciones telefónicas. Por eso urge un debate sobre cómo hacer compatibles el derecho a la privacidad y la rendición de cuentas, el derecho a la honorabilidad y el derecho a la información, el derecho a la intimidad y la libertad de expresión.

Ante un Código Penal como el nuestro, el periodista se enfrenta al dilema de difundir la información obtenida y arriesgarse a purgar una pena a todas luces desproporcionada, o guardarla y permitir que la impunidad persista. Sí, es absolutamente desproporcionado castigar a un periodista con seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa por divulgar una conversación y, por otro lado, imponer “sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” (art. 109 de la Constitución).

Uno de los caminos que se ha planteado es el de despenalizar la calumnia y la difamación, hacerlas materia del derecho civil. Al mismo tiempo es necesario revisar los derechos ciudadanos para protegerlos. Los ciudadanos muchas veces se encuentran inermes ante periodistas que o bien buscan venganzas personales o simplemente ejercen su profesión de manera irresponsable. También es indispensable fomentar el periodismo de investigación.

No sabemos si el Estado se hará cargo de perseguir y castigar a los integrantes de la red de comercio sexual infantil investigada y denunciada por Lydia Cacho. Tampoco sabemos cuál será el destino de Mario Marín y Kamel Nacif. No hace falta ni siquiera utilizar las conversaciones para iniciar juicios en contra de ambos personajes. Las conductas delictivas, si la justicia quiere actuar con la misma diligencia que lo hizo contra Lydia Cacho, están a la luz pública. La historia puede tener un final feliz como ocurrió con el caso Cavalho que purga sus culpas en prisión. Pero también puede acabar como con tantos otros personajes de la política y del dinero en donde los delitos cometidos queden impunes, los gobernadores continúan su mandato y sus crímenes en el olvido.

En todo caso, como dijo Lydia Cacho, el gobernador Mario Marín deberá responder ante los tribunales y la sociedad por haber vendido la justicia “en dos botellas de coñac” al magnate de la mezclilla Kamel Nacif, en Puebla. n

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