De qué están hechos

05 diciembre, 2007 por Lydia Cacho Ribeiro Publicado en Textos de [email protected] [email protected] | Sin comentarios »

Publicado por Alfonso Zárate en El Universal, el 5 de diciembre, 2007

El ‘góber precioso’ y una veintena de funcionarios poblanos y quintanarroenses pueden dormir tranquilos: una mayoría de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la investigación realizada por la comisión que dirigió el ministro Juan Silva Meza no aportaba suficientes elementos para demostrar “el concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho”.

La resolución de la Corte, de discutible valor jurídico, es un agravio a los sectores más conscientes de la sociedad y un triunfo del cinismo, la vulgaridad y la antidemocracia; queda para el registro el sarcasmo del ministro Salvador Aguirre Anguiano: “Si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”.

Lo que estaba en juego en este caso era, más que la defensa de las libertades fundamentales de una periodista, la sanción a los abusos del poder; la condena a la colusión de autoridades públicas y un mercader, amigo y protector de Jean Succar Kuri, encarcelado por su presunta participación en redes de pederastas y de pornografía infantil.

En su resolución los ministros les entregaron el mayor escudo de impunidad a Mario Marín y a sus cómplices y dejaron un mensaje inequívoco: los poderes públicos se pueden coludir sin riesgos con los poderes fácticos para torcer la ley y escarmentar a quien se atreva a denunciarlos o a ventilar sus fechorías ante la opinión pública.

Las evidencias que reseña el dictamen del ministro Silva Meza exhiben al gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, abusando de sus atribuciones, para ponerlas al servicio de Kamel Nacif.

La llamada telefónica filtrada a los medios, obtenida ilegalmente y, por lo tanto, sin valor probatorio, sólo constituyó una hipótesis; el ministro Silva Meza encontró datos duros que lo llevaron a concluir: 1) que sí existió un concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo, para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y que, además, se violaron los principios democráticos de federalismo y división de poderes y, en especial, el principio de independencia judicial; 2) que sí existe una violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad; y 3) que en la violación de garantías individuales se encuentran involucrados el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, los ex secretarios de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, el presidente del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido, y muchos más. Igualmente el procurador del estado de Quintana Roo y otros funcionarios estatales.

Durante las investigaciones —sostiene el ministro Silva Meza— los funcionarios entrevistados cayeron en múltiples contradicciones con “el propósito de encubrir, ocultar, desviar y obstaculizar la labor de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Sus hallazgos incluyeron: (…) irregularidades, alteraciones, falsedades, sustracción de evidencias, cambio de personal, desaparición de áreas, intervención de particulares en la función pública, en todas las etapas del proceso, así como la aparición en ellas de funcionarios dependientes del propio gobernador, quienes tuvieron comunicación con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia y del Estado y del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, ambos de la propia entidad federativa en momentos previos y posteriores a la celebración de los actos comprendidos en las etapas desarrolladas del proceso”.

Pobre estado de derecho cuando la impunidad se enseñorea hasta en el nivel supremo del Poder Judicial y las autoridades responsables de procurar y administrar justicia se ponen al servicio de un traficante.

Ahora sabemos de qué están hechos los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls, Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero.

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